El Supremo salvadoreño admite un recurso de un exfuncionario preso por corrupción

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador admitió un recurso de hábeas corpus del exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia Julio Rank, condenado por corrupción y quien busca obtener la libertad condicional por problemas de salud.

El juez constitucional Aldo Cáder confirmó este lunes a periodistas que la sala admitió el recurso el pasado 29 de noviembre para su estudio.

“Ya lo conocimos y el día viernes se admitió a trámite y se ha empezado a hacer las notificaciones a las autoridades relacionadas con el caso para que le hagan los estudios respectivos en relación a su salud y poder tomar la decisión que corresponda”, sostuvo el magistrado.

Un tribunal colegiado rechazó a finales de octubre pasado un recurso de apelación contra la condena de cinco años que Rank recibió en 2018 por el delito de lavado de dinero.

En septiembre, el mismo tribunal de apelaciones declaró improcedente la petición de la defensa de la libertad condicional, luego de que cinco expertos aseguraron que Rank podía recibir tratamiento médico en prisión.

Rank confesó, a cambio de una pena leve, que colaboró con el lavado de dinero de fondos extraídos por el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) del presupuesto estatal.

Saca, quien también admitió los cargos en su contra, fue condenado a 10 años de prisión por los delitos de peculado y lavado de dinero por la malversación y lavado de más de 300 millones de dólares mediante sus empresas de comunicación.

Los casos de corrupción que implican a expresidentes, incluido Mauricio Funes (2009-2014), suman más de 666 millones de dólares cuestionados.

Funes (2009-2014), quien recientemente recibió la nacionalidad nicaragüense, es procesado por supuestamente desfalcar más de 351 millones de dólares.

Saca y Funes, según la Fiscalía, utilizaron esquemas similares para apropiarse del dinero mediante una cuenta de “gastos reservados” que servía para canalizar el gasto de la inteligencia estatal.

Esta cuenta también la heredó Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), cuyo gastó secreto es auditado actualmente por la Corte de Cuentas de la República (CCR) a petición del actual presidente, Nayib Bukele.