La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha registrado durante más de ocho horas el domicilio del exministro y diputado José Luis Ábalos en València. El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha ordenado las actuaciones en el marco de una pieza separada y secreta de la causa en la que se le investiga por el presunto cobro de comisiones –en efectivo y en especie– a cambio de contratos de material sanitario y de obra pública. Fuentes cercanas a las pesquisas aseguran que los registros se extienden al menos cinco sedes de empresas, entre ellas constructoras de Valencia y Navarra.
La Guardia Civil se ha incautado de varios dispositivos móviles del ex ministro de los que ha procedido al volcado. Hasta ahora, la imputación de Ábalos no se había traducido en ninguna diligencia como la que se practica hoy con los registros, ni tampoco en una detención que, en este caso, tampoco se ha producido. El ex ministro ha estado presente en el registro de su casa, como marca la ley. Al término del registro ha atendido a los medios y les has trasladado que ha colaborado con la UCO y que está tranquilo.
La apertura de esta nueva pieza del conocido como 'caso Koldo' se produce a partir de un nuevo atesetado de la UCO entregado al juez Puente con indicios sobre adjudicaciones de obra pública y comisiones. El registro de las empresas supone un salto cualitativo en lo que hasta ahora era una denuncia sin mayor detalle o pruebas del empresario Víctor de Aldama. En el informe de la UCO se analizan indicios encontrados en los dispositivos móviles incautados a Koldo García cuando fue detenido, confirman las mismas fuentes.
El juez Puente se encuentra investigando las acusaciones del empresario imputado Víctor de Aldama acerca de la adjudicación de obra pública desde el Ministerio de Transportes en la época de Ábalos. La entrega de unas anotaciones con la letra de Koldo García, el asesor de Ábalos, motivó que el juez ordenara a la UCO que buscara en los dispositivos de memoria incautados supuestos indicios de irregularidades en la concesión de contratos y, en especial, aquellos que aludieran a los ya investigados o de estos con aforados mencionados por el empresario en su declaración, entre ellos el ministro Ángel Víctor Torres o el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Hasta ahora, el disfrute de un chalet en Cádiz facilitado por la trama; el pago del alquiler del apartamento de lujo de una de sus parejas, que también cobró durante dos años y medio de dos empresas públicas sin ir a trabajar; y las entregas en metálico que Aldama proporcionaba supuestamente a Koldo García y que este repartía con Ábalos son las principales “contraprestaciones” de las que se habría beneficiado el exministro a la luz de los diferentes informes policiales que figuran en el sumario. Esos atestados se basan en cientos de mensajes intervenidos a los investigados y en las declaraciones de numerosos testigos. También son los elementos que llevan a la Fiscalía Anticorrupción a sostener que existen “poderosos indicios” de cohecho contra Ábalos.
Respecto al primero de los inmuebles, Anticorrupción sostiene que hay “múltiples evidencias” de que Ábalos hizo un “uso real” de ese chalé comprado por Aldama a través de supuestos testaferros. Los correos incautados muestran cómo el entonces ministro llegó a sugerir a su asesor varias propiedades en Cádiz y cómo uno de los enlaces que le envió resultó ser el finalmente adquirido. El exministro ha defendido que lo usó, pero que fue desahuciado por no pagar el alquiler. En el sumario consta un burofax en el que se le reclaman a Ábalos las rentas de varios meses. Pero también un mensaje en el Aldama le dice a Koldo —tras la queja de este— que el objetivo de ese burofax era “dar apariencia de legalidad” y “cubrirse” y que no debía darle importancia.
Otro de los inmuebles sobre los que han puesto en foco los investigadores es el apartamento en el centro de Madrid que “el entorno” de Aldama pagó durante dos años y medio a una expareja de Ábalos. Las pesquisas han acreditado que Aldama abonó hasta 32 mensualidades de ese alquiler: un total de 82.298,40 euros. La mujer admitió en su declaración en el Supremo que fue Ábalos quien le proporcionó ese apartamento.
Anticorrupción también da relevancia a “la entrega en metálico de importantes cantidades” por parte de Aldama a Koldo García y a su hermano Joseba “para su reparto o satisfacción de distintas necesidades de Ábalos”. El exministro ha negado siempre haber cobrado comisiones, aunque los investigadores trabajan todavía en la elaboración de un informe sobre el rastreo de sus cuentas que podrá arrojar luz sobre estos hechos. En el caso de Koldo García, la UCO tiene acreditado que recibía del comisionista pagos de 10.000 euros mensuales. Cuando fue detenido, los agentes hallaron en su casa 24.000 euros.