La UDEF pide al juez investigar contratos de cinco ministerios del Gobierno de Aznar en el marco de la 'caja B' del PP

El empresario Alfonso García-Pozuelo.

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional solicita al juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa de la 'caja B' del PP nuevas diligencias encaminadas a indagar en contratos por valor de aproximadamente 570 millones firmados por varios ministerios del Gobierno de José María Aznar con uno de los donantes del PP entre 2002 y 2004, el empresario Alfonso García Pozuelo. En un informe policial de 24 de noviembre adelantado por El País, y al que ha tenido acceso Europa Press, se indica que "con el fin de concretar" los indicios que se tienen propone investigar contratos de hasta cinco ministerios, de ADIF, Aena y de Renfe (entre otros) para "allegar elementos indiciarios sobre el objeto" de la investigación.

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Para ello solicitan requerir a la Secretaría General Técnica o a su equivalente el contenido íntegro del expediente administrativo de contratación de cada una de las licitaciones que se enumeran y que corresponden a los ministerios de Fomento, Interior, Defensa, Educación y Medio Ambiente, entre otros organismos como la Confederación Hidrográfica del Tajo o del Guadalquivir, Renfe, Turespaña, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), Aena o Adif.

En su informe la UDEF señala que el origen para pedir estas nuevas diligencias, que se instruyen en el Juzgado Central de Instrucción número 5 cuyo titular hasta la semana pasada era José de la Mata, está en el contenido de las declaraciones prestadas durante las sesiones del juicio oral de la conocida como Época I de la Gürtel por el empresario Alfonso García Pozuelo y el cabecilla de la trama Francisco Correa.

Una vez más, se trata de comprobar si las anotaciones registradas en la cuenta analítica de ingresos por donativo y su aplicación en concepto de gastos del Partido Popular, cuya llevanza realizaban el extesorero Álvaro Lapuerta y el exgerente y extesorero Luis Bárcenas, "corresponde a contraprestaciones abonadas a cambio de la realización de actuaciones ante el órgano adjudicador para conseguir que las empresas de los pagadores obtengan adjudicaciones de obra pública".

El empresario, propietario de la Constructora Hispánica, señaló en su declaración que el destino del dinero entregado a Correa eran organismos centrales, mientras que Correa definió su posición de intermediación para gestionar las demandas de las empresas hacia Luis Bárcenas, que en caso de éxito generaba el pago de una comisión que se encargaba de repartir entre los partícipes y la propia formación política.

La comisión de entre el 2 y el 3%

La UDEF cita a colación la sentencia de la Época I de Gürtel en la que se explica que "Francisco Correa reconoció su labor de intermediación a favor de Alfonso García Pozuelo en obras de diferente tipo, como carreteras, autopistas, obras del AVE o medio ambiente que les pasaba a Luis Bárcenas y que éste gestionaba con el correspondiente ministerio y si se conseguía la adjudicación el empresario entregaba un 2 o 3% que repartía y entregaba al anterior".

Asimismo, recuerdan que en la declaración efectuada por Bárcenas, éste reconoció que Alfonso García Pozuelo entregó cantidades de dinero a Álvaro Lapuerta como tesorero nacional del PP en ocasiones en su presencia que se anotaban en una contabilidad extraoficial que llevaban ambos a efectos de control interno. "Alfonso García Pozuelo fue condenado por delito de cohecho continuado", recuerda la UDEF en su informe de 42 páginas.

Y ponen el foco además en que el constructor tenía una posición que le vinculaba al PP como donante de fondos. De hecho, señalan que entre 1998 y 2006 se registran en la cuenta analítica del partido hasta nueve entradas (ingresos) con un montante de más de 258.000 euros por importes que oscilan entre los 12.020 euros y 60.000 euros.

Coincidiendo con esto, la entidad Constructora Hispánica en el periodo de estudio comprendido entre 2002 y 2009 "obtuvo del conjunto de las Administraciones Públicas cuando eran gobernadas por dicha formación política adjudicaciones de obras ya sea concurriendo en solitario o asociadas a otra entidad", dice la UDEF, para luego añadir que "es posible establecer de forma indiciaria una correlación entre las entregas —de donativos al PP— y las adjudicaciones de carácter subjetivo, objetivo y temporal".

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