El PP intenta rebajar el juicio de la caja B reduciendo a una las seis acusaciones populares

El Partido Popular se prepara ya para el juicio de la caja B que arrancará en febrero del próximo año. Su representación legal ha pedido a la Audiencia Nacional que a partir de ahora los seis partidos y asociaciones que ejercen la acción popular sean unificados en una sola acusación, de tal manera que el peso de la vista oral se vea drásticamente reducido, por ejemplo, en los interrogatorios a testigos y acusados. “La convergencia de intereses es más que clara pues persiguen los mismos hechos y acusan a las mismas personas”, justifica la representación del PP en el citado escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es.

En representación del partido, el abogado Jesús Santos pide reducir los “cuatro meses de pena de banquillo” que supondría un juicio con seis acusaciones populares, al tiempo que admite la “relevancia mediática considerable” que tendrá una vista en la que se expondrá la financiación irregular del partido durante al menos dos décadas. 

El PP tienta a los magistrados de la Sección Segunda con que el “el tiempo del pleito se vería reducido significativamente” si de quince togados participantes entre acusaciones y defensas (el fiscal, el abogado del Estado, los seis letrados de la defensa, los seis de la acusación popular y el suyo propio, como responsable civil) se pasa a diez. También advierte a los jueces de que deberán tramitar muchos menos recursos ante una eventual absolución. 

La agrupación de las acusaciones populares en una sola es una decisión que suelen tomar los jueces de instrucción al inicio de la causa y que no se adopta siempre. No ha ocurrido, por ejemplo, en ninguna de las piezas del caso Gürtel, al que también pertenece la caja B del PP, ni fue el caso de la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, donde las distintas acusaciones populares tuvieron voz propia en el juicio, el primero a un partido político como acusado, y del que la formación de Pablo Casado resultó absuelta. 

Se da la circunstancia de que el Partido Popular pretendió convertirse en una de esas acusaciones populares del caso de la caja B cuando éste arrancó en 2013 como una pieza separada de Gürtel. El juez Pablo Ruz, sin embargo, se vio obligado a expulsar al PP de la acusación popular que había ejercido durante cuatro años en Gürtel y rechazar su personación en la pieza de la Caja B. El magistrado alegó mala fe procesal del PP al actuar en realidad como abogado defensor de Luis Bárcenas. Ocurrió unos meses antes de que el extesorero confesara la financiación irregular del partido durante al menos dos décadas. 

El PP argumenta ahora: “La previsible reiteración en los interrogatorios durante la práctica de la prueba, la multiplicación de trámites y la proliferación de recursos interpuestos por las mismas razones y con las mismas finalidades; en definitiva, el número de acusaciones populares, nada menos que seis, con idénticas pretensiones, contribuyen a dificultar el adecuado manejo de la causa, lo que generalmente redunda en un indeseable retraso en su tramitación”.

Las seis acusaciones populares personadas en el caso de la caja B son de dos particulares, que representan a los socialistas valencianos y al Partido Socialista de Madrid, respectivamente, Izquierda Unida, las asociaciones Observatori Desc y Adade, y el pseudosindicato Manos Limpias, juzgado en la actualidad como parte de una presunta organización criminal.

El abogado del PP hace un repaso de sus respectivos escritos de acusación y concluye que las seis acusaciones populares coinciden en describir el funcionamiento de la caja B durante casi 20 años y acusan por ello al PP de falsedad, a diferencia de la Fiscalía y la Abogacía del Estado; señalan en qué consisten las obras de Génova que se pagaron presuntamente con dinero negro, lo hacen “planta por planta” y “año por año”; distinguen pagos “oficiales” de los que no lo fueron; reiteran que el partido dejó de pagar a Hacienda 220.167,04 en 2008, el único ejercicio fiscal que no está prescrito; y reproducen el “supuesto apoderamiento de dinero” por Lapuerta y Bárcenas de fondos de esa supuesta caja B para comprar acciones de Libertad Digital.

Esto es, el abogado del PP se queja de que las seis acusaciones coinciden en incluir en sus escritos todos los hechos que siete años de instrucción ha dejado acreditados de forma indiciaria si bien difieren en la calificación de los delitos que hacen Fiscalía y Abogacía. “La convergencia de intereses es más que clara pues persiguen los mismo hechos y acusan a las mismas personas”, concluye el escrito de la defensa del PP. 

En este sentido, y para apuntalar su petición, el PP reclama su derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, como marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y añade que con seis acusaciones se va a dar “un escenario de artificial complejidad que difícilmente va a ser el ámbito sereno que requiere la adopción de una respuesta justa”.

Por si pareciera una conculcación de derechos, el PP defiende su petición en que no se niega la acción penal a nadie y que la acusación popular, según la Ley, está para “coadyuvar a la función pública de acusar”. “No está en juego su derecho fundamental a la tutela judicial ni a su derecho fundamental a la defensa”, añade. 

Asimismo, el abogado del PP hace referencia al Anteproyecto de Ley para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que acaba de aprobar el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos en el sentido de que elimina del ejercicio de la acción popular a partidos y sindicatos como los que integran la acción popular del caso de la caja B.