El Consejo de Ministros se ha reunido este martes para aprobar por real decreto un plan con que paliar los efectos de la guerra arancelaria que ha iniciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado así luz verde al paquete de medidas-respuesta por valor de 14.100 millones de euros que anunció la semana pasada, y que incluye ERTEs, 6.000 millones en líneas de avales y fondos europeos.
El Ejecutivo ha compartido el borrador con el Partido Popular y los responsables de economía de ambos partidos —el ministro Carlos Cuerpo y el popular Juan Bravo— han estado en contacto estos días. Aun así, Alberto Núñez Feijóo reclamaba ayer modificar el decreto, bajar impuestos y subir cotizaciones sociales en respuesta a Trump.
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- Esta es la crónica de Iñigo Sáenz de Ugarte: Trump consigue lo que parecía imposible: un amago de distensión entre PSOE y PP.
- La Casa Blanca referenció para justificar un 'paper' de un economista catalán que defiende que la ganancia de la guerra comercial “viene solamente a costa de empobrecer al vecino”.
El exministro José Luis Ábalos, investigado en el Tribunal Supremo por supuestamente favorecer contratos públicos a cambio de prebendas, ha solicitado al instructor del caso que cite como testigos al actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a su ‘número dos’, Rafael Pérez. La defensa del que fuera secretario de Organización del PSOE justifica estas peticiones en los “informes de la UCO” en los que aparece reseñado que el Ministerio del Interior adquirió una importante cantidad de mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa señalada por las supuestas irregularidades en el Ministerio de Transportes en la etapa de Ábalos como ministro. También solicita que sea citada una alto cargo del Ministerio de Transportes.
Por otro lado, Ábalos reclama que el juez tome declaración como testigos al capitán de la Guardia Civil Juan Vicente Bonilla, un agente al que su defensa relaciona con el inicio de la investigación del ‘caso Koldo’ en la UCO y que ahora trabaja para la Comunidad de Madrid; y al subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez. Por otro lado, pide que testifiquen tres personas que ocupaban el piso del Paseo de la Castellana que los investigadores vinculan a sus tratos con el supuesto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.
Por Elena Herrera.
El anteproyecto de ley de medicamentos y productos sanitarios que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros no gusta a la industria farmacéutica. Las patronales de medicamentos innovadores (como Farmaindustria), de genéricos (AESEG) o de biosimilares (BIOSIM) consideran en un posicionamiento conjunto que el nuevo sistema de regulación de precios propuesto por el Gobierno para los medicamentos fuera de patente “pone en riesgo el abastecimiento y el tejido industrial farmacéutico de España”.
El texto todavía tiene margen para cambiar hasta que se envíe al Congreso para su tramitación. De momento se ha aprobado en primera vuelta, como anteproyecto, y ahora necesita someterse a todos los informes de los órganos consultivos y a la información y audiencia pública para seguir su recorrido.
Una de las grandes novedades que plantea es un sistema llamado de “precios seleccionados” con el que el Gobierno asegura que se da más dinamismo y se resta “rigidez”. En la práctica va a significar, si nada cambia, que no solo habrá un único precio para genéricos y marcas para que los medicamentos sin patente sean financiados (el mínimo), sino una horquilla. Las marcas podrán venderse a un precio por encima del umbral, según estos cambios, y el paciente podrá adquirirlas pagando un poco más. Una parte –el equivalente al precio más bajo del sistema– quedará cubierta. Con estos cambios el Gobierno quiere evitar “bajadas temerarias” y garantizar una mayor cuota de mercado a los genéricos.
Informa Sofía Pérez Mendoza
El Congreso dará este martes luz verde a una iniciativa del Partido Popular para que los debates del Estado de la Nación se celebren cada año de forma obligatoria. El PSOE, Sumar, el PNV y otros grupos parlamentarios han avanzado que apoyarán la toma en consideración para que se empiece a tramitar.
La proposición de ley busca blindar la celebración de este tipo de debates para que no queden a iniciativa del Gobierno y su celebración sea obligatoria cada año. El PP ha defendido la iniciativa entre críticas a Pedro Sánchez por haber convocado solo uno en los siete años que lleva al frente del Ejecutivo.
Este compromiso, el de blindar la celebración de estos debates, forma parte, sin embargo, del plan de regeneración democrática aprobado por el Gobierno en esta legislatura. La mayoría de grupos han avanzado que darán apoyo a la toma en consideración aunque presentarán enmiendas durante la tramitación parlamentaria.
Por Alberto Ortiz
“No es posible que cuenten con el PP si es para blanquear un acuerdo que vuelve a comprometer la igualdad entre ciudadanos y entre territorios”. Así ha dado casi por rotos los leves contactos abiertos entre el Gobierno y el principal partido de la oposición para intentar pactar la respuesta española a los aranceles anunciados por Donald Trump a las exportaciones de productos a los EEUU.
El PP justifica su decisión en el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y Junts para lograr el respaldo de la derecha independentista catalana y que implica que las ayudas se repartirán entre las empresas en función del peso en la exportación, lo que, supuestamente, beneficia a empresas instaladas en Catalunya, uno de los principales territorios industriales de España.
Así lo ha anunciado el diputado Josep Maria Cruset, quien ha cuantificado en un 25% el peso exportador hacia EEUU de las empresas radicadas en Catalunya, lo que conllevaría que el 25% de las ayudas acaben en dichas compañías. El PP ha tachado este acuerdo de “cupo arancelario”, comparándolo así con el cupo vasco. “Hemos entendido el mensaje: seguiremos atendiendo las llamadas que recibamos porque somos un partido de Estado, pero no es posible que cuenten con el Partido Popular si es para blanquear un acuerdo que vuelve a comprometer la igualdad entre ciudadanos y entre territorios. No se puede llamar a los pactos de Estado mientras se sigue subastando el Estado”, apunta el PP en un comunicado.
Informa Aitor Riveiro
La ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid de trazar “un plan oculto” para “la privatización” de la universidad pública. “Desde hace meses venimos viendo el despertar de la comunidad universitaria frente al maltrato sistemático al que está siendo sometida la universidad pública por parte de la Comunidad de Madrid, me alegro de que alcen la voz”, ha dicho la ministra.
Morant ha alertado de una situación que, en su opinión, sitúa a la universidad pública madrileña “al borde del crack”. El Gobierno aprobó la semana pasada un endurecimiento de la normativa para crear nuevas universidades tras constatar que en los últimos años se han aprobado centros que incumplían los mínimos de calidad.
Por José Enrique Monrosi
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un Real Decreto con el que crea la llamada comisión de la verdad, que se encargará de esclarecer las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura. Estará integrada por un máximo de diez expertos que sistematizarán la información disponible en archivos e investigaciones y recabará testimonios.
La comisión elaborará un informe con conclusiones y recomendaciones “para la reparación de las víctimas” y con el objetivo de “evitar que tales hechos vuelvan a repetirse” que deberá estar listo en un plazo de 18 meses, ha informado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
El mismo Real Decreto regula la composición y el funcionamiento del Consejo de la Memoria Democrática, un órgano consultivo y de participación previsto en la ley. Estará presidido por el ministro Ángel Víctor Torres y formado por representantes de asociaciones memorialistas, sindicato, profesionales y asociaciones empresariales. El Consejo será el encargado de designar a los integrantes de la comisión de la verdad.
Informa Marta Borraz
El PP ha tachado de “insuficientes” las medidas que el Gobierno ha añadido a propuesta del propio Alberto Núñez Feijóo al real decreto-ley de respuesta a la guerra comercial abierta por Donald Trump y que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros. En un comunicado remitido a los periodistas, el PP asegura: “Necesitamos un plan completo que dé respuesta a la situación actual, y el PP ha puesto uno a disposición del Gobierno y de los españoles, y que además había sido consensuado con los sectores afectados”. Feijóo presentó ayer dichas medidas, que pasan básicamente por bajar impuestos a los empresarios afectados por los aranceles que quiere imponer EEUU a la UE.
El PP intenta además en su comunicado arreglar una falsedad que extendió ayer su equipo de comunicación: que el Gobierno no aceptaba ninguna de sus propuestas. El partido de Feijóo asegura en el texto remitido a los periodistas que el lunes por la tarde, a eso de la 16.00, “el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, mantuvieron una conversación telefónica” sobre el decreto. Según el PP, Cuerpo “manifestó algunas dificultades para modificarlo”. Algunos medios publicaron que la Moncloa no aceptaba las medidas, siempre según el PP, lo que le valió al equipo de comunicación para trasladar a otros periodistas que el Gobierno les había dicho que “no” se iban a aceptar modificaciones.
La realidad es que, como admite el PP en el comunicado de hoy, el Gobierno sí las admitió. “El ministro Cuerpo llamó de nuevo a Bravo y trasladó su voluntad de incorporar algunas cuestiones al decreto”, apunta el partido. “Sin dar garantías de que así sería y sin concretar en qué asuntos”, añade. “Pasada la medianoche, a las 00:21 horas, Economía remitió un nuevo texto en el que hacen alguna modificación que consideramos insuficiente”, sentencia la nota, que considera “poco sensible” al Gobierno y a su “postura” como “excesivamente estricta”. De paso, el PP aprovecha el comunicado para arremeter contra la vicepresidenta primera, María Jesús Montero: “Pedro Sánchez acierta al mandarla al rincón de pensar y al asumir que no es una interlocutora razonable”.
Por Aitor Riveiro
El Gobierno ha reiniciado este martes la tramitación de la Agencia Estatal de Salud Pública tras venirse abajo inesperadamente su aprobación en el Congreso hace dos semanas por un cambio de postura a última hora de PP y Junts.
El Ejecutivo le ha dado luz verde directamente en segunda vuelta (como proyecto de ley) porque el texto es el mismo y se tramitará por la vía de urgencia para acortar plazos lo máximo posible. La previsión es que esté aprobada en dos meses.
“Pese a tener un consenso abrumador, excepto Vox, esta ley decayó en el último momento por otros intereses que no tienen que ver con la ley. Esperamos que quienes votaron en contra recapaciten y pongan el interés de los ciudadanos por delante de sus intereses”, ha dicho la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Informa Sofía Pérez Mendoza
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha reprochado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ante la crisis comercial de los aranceles provocada por Donald Trump corra a China a negociar con un régimen “comunista y totalitario”, que según Vox, es “al que él aspira” con el objetivo “de sustituirlo por el mercado de Estados Unidos”.
“El PSOE y este gobierno han dado muestras de que no quieren dialogar con los que tienen que ser los aliados naturales de España, que es el mundo libre y el mundo occidental”, ha señalado la portavoz parlamentaria de Vox en su comparecencia en el Congreso. Millán ha cargado, como ya es costumbre en Vox, contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por apresurarse a “ir a la Moncloa a salvar a Sánchez”.
La portavoz del grupo de extrema derecha ha vuelto a reiterar que ellos rechazan los aranceles “impuestos por los Estados Unidos” -no ha nombrado a Trump-, porque es “una mala noticia para los intereses de España”, pero ha lamentado que ese “mensaje” sea “tergiversado y ocultado” por la mayoría de los medios de comunicación con el fin de perjudicar a Vox.
Por Carmen Moraga
El pleno del Tribunal Constitucional ha inadmitido las alegaciones de Dolores Delgado, ex fiscal general, contra la sentencia del Supremo que anuló su primer nombramiento como fiscal de sala de Memoria Democrática, la máxima categoría dentro del Ministerio Público. Dolores Delgado ejerce en la actualidad en ese puesto después de que, tras la sentencia del Supremo, el fiscal general volviera a designarla en julio de 2024.
El pleno del Constitucional entiende que su recurso contra esta sentencia del Supremo que anuló su nombramiento carece de relevancia constitucional y ni siquiera debe pasar el primer trámite de la admisión a trámite. La ex fiscal general y exministra de Justicia está a la espera de otro pleito en el tribunal sobre otra sentencia del Supremo que anuló previamente su ascenso a la categoría de fiscal de sala, recurso que sí fue admitido a trámite.
Informa Alberto Pozas