VÍDEO | Yolanda Díaz, sobre Glovo: “Vulneran los derechos laborales. No vamos a parar, van a cumplir la ley”

Todo el Congreso rechazó el giro de Pedro Sánchez sobre el Sáhara con el que el Gobierno buscaba volver a congraciarse con Marruecos, pero el Ejecutivo defendió ese paso que le llevó a retomar las relaciones con el reino alauita, a pesar de que le ha costado una crisis con Argelia. Seis meses después de zanjar la crisis diplomática, los ministros de Exteriores, José Manuel Albares y Naser Bourita, se han reunido en Nueva York, donde participan en la Asamblea de la ONU y han “diseñado los próximos pasos para seguir avanzando en la reactivación de la cooperación” entre ambos países, según ha dicho Albares.

Los dos grandes acuerdos son la apertura en enero de los puestos aduaneros en Ceuta y Melilla, como ya figuraba en el documento firmado por Pedro Sánchez y el rey Mohamed VI en abril, cuando el presidente viajó a Rabat para reunirse con el monarca. Además, han puesto fecha a la Reunión de Alto Nivel, que será en noviembre.

Albares ha celebrado la normalización de las relaciones entre ambos países, como el tráfico de personas en la Operación Paso del Estrecho este verano, que ha discurrido con normalidad, y sobre todo que España se ha “consolidado como primer socio comercial de Marruecos” con un aumento del 30% de las exportaciones en lo que va de año. “Queremos ir más allá”, ha dicho el ministro, que también ha anunciado 20 millones de euros del fondo de promoción al desarrollo para un proyecto para favorecer la inclusión de mujeres y jóvenes en el sistema productivo y asistencias técnicas en sectores como el ferroviario con los que España pretende “contribuir al desarrollo económico” de Marruecos.

Lo cuenta Irene Castro.

El Consejo Interterritorial ha aprobado este miércoles la Declaración de Actuaciones coordinadas (DAC) frente a la viruela del mono. A través de dicho documento, que ha sido trabajado junto a las comunidades y ciudades autónomas, se va a poner en marcha un protocolo de información relativa a la vacunación contra la monkeypox.

En estos momentos, no existe un documento único que indique cuántas vacunas se han puesto y si se ha empezado a completar la pauta contra la viruela del mono, como sí que existe en el caso de la COVID-19.

“Las comunidades y ciudades autónomas aportarán información procedente de los registros y sistemas de información de vacunas contra monkeypox o de cualquier otro sistema de información en el marco de competencias, al Registro Estatal de Vacunación (REGVACU), gestionado por el Ministerio de Sanidad”, explica el Ministerio en una nota de prensa. Los datos se remitirán cada semana. 

La semana pasada, España superó los 7.000 contagios por esta infección y, aunque los expertos reconocen que lo peor de este brote ya ha pasado, consideran que hay que seguir vacunando y vigilando la enfermedad. Para ello, nuestro país ha recibido por el momento unas 17.000 dosis de la vacuna. 

Además de los 7.000 casos registrados, y a la espera de los nuevos datos que actualizará el ministerio el próximo viernes, España suma tres muertes con viruela del mono.

Escribe Cristina Armunia.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha criticado al principal partido de la oposición por suprimir impuestos como el de Patrimonio en Andalucía, que pagan las rentas más altas, y ha insistido en que el dinero de los presupuestos que se destina a los servicios públicos y para poner en marcha medidas contra la violencia machista “no viene en sobres”, sino que es producto de una “política fiscal justa”, ha asegurado.

“Resulta muy hipócrita estar defendiendo en las Comunidades Autónomas en las que se gobierna, como hace el Partido Popular, una bajada de impuestos a los más ricos cuando a puerta cerrada se pide el aumento de la financiación a las autonomías para la lucha contra la violencia machista”, ha dicho Montero este miércoles en el Congreso.

“No sé de dónde se piensan sus señorías del Partido Popular que salen los presupuestos que permiten hacer políticas de lucha contra las violencias machistas, no sé si creen que caen del cielo o que nos los encontramos en unos sobres en nuestros despachos, pero ya les digo yo que no. Sale de los impuestos, de una política fiscal que se corresponda con nuestra Constitución, de una política fiscal justa, que los ricos paguen lo que les corresponde es la base que permite construir unos servicios públicos fuertes”, ha insistido durante su intervención.

Sus declaraciones se producen el mismo día en que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha abierto la posibilidad de subir los impuestos a las grandes fortunas, como lo ha hecho con energéticas y banca, como propuso Unidas Podemos en junio en el Congreso aunque, entonces, fue rechazado. “El Gobierno de España trabaja en estos momentos de dificultad en pedir un esfuerzo a aquellos que consideramos que están en mejores condiciones de hacerlo (...) Seguimos explorando esa capacidad de mayor aportación a la gran riqueza de nuestro país o a las grandes fortunas”, ha dicho la titular de Hacienda a los periodistas en el Congreso.

La formación morada lleva tiempo proponiendo un impuesto a los ricos, y teniendo en cuenta las palabras de la ministra, ese momento podría estar más cerca.

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha valorado positivamente que la titular de Hacienda, María Jesús Montero, se abra a la posibilidad de subir los impuestos a las grandes fortunas, como lo ha hecho con empresas energéticas y entidades bancarias, como propuso su grupo en junio en el Congreso aunque, entonces, fue rechazado.

También tiene la “esperanza” de que el PSOE cambie de opinión y acepte la propuesta lanzada por la formación morada para establecer un tope temporal a la subida de las hipotecas de tipo variable, porque es un asunto “urgente” en el que tiene que actuar el Gobierno.

Así lo ha indicado Echenique en declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de mantener una reunión con la vicepresidenta tercera y titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, donde precisamente demandará que se acepte limitar la subida de los créditos hipotecarios sobre tipo variable durante un año al 0,1%, lo que supondría un ahorro en la cuota mensual de 150 euros.

El planteamiento de los morados es que esta iniciativa se introduzca en el próximo plan de contingencia o en el actual que está en trámite parlamentario con fase de enmiendas.

Con información de Europa Press.

El actual presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha comunicado este miércoles a la Junta Directiva que, tras consultar a las diferentes organizaciones de la patronal, optará a la reelección para seguir a los mandos de la CEOE otros cuatro años más.

La Asamblea Electoral en la que se elegirá al presidente de la CEOE y a su equipo directivo se celebrará el próximo 23 de noviembre, según ha acordado la Junta Directiva de la organización.

Varias organizaciones han expresado ya su apoyo a Garamendi para un segundo mandato como presidente, entre ellas Ceaje, Ganvam y ATA. Ésta última cuenta con 24 vocales con derecho a voto, la quinta mayor cifra dentro de la organización.

El PP presume de bajar impuestos, pero luego reclama que el Gobierno central aumente la financiación que reciben las comunidades autónomas para sus competencias exclusivas, como son Sanidad, Educación o Dependencia. Una estrategia que no tienen intención de abandonar. “Vamos a seguir haciéndolo”, ha ratificado este miércoles el coordinador general, Elías Bendodo.

Bendodo ha defendido que las bajadas de impuestos están “en el ADN del PP” y ha azuzado la competencia fiscal entre comunidades autónomas, después de que el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, anunciara la eliminación total del Impuesto de Patrimonio, que grava a las grandes fortunas, por el 'dumping' que protagoniza Madrid. 

Pero mientras el PP reduce los impuestos en sus regiones, unas bajadas que no implican un aumento de la recaudación por otras vías, como defienden, reclama más fondos al Gobierno central. Lo hizo el pasado lunes el propio Bendodo unas horas después del anuncio de Moreno. El 'número tres' de Alberto Núñez Feijóo, que se ha estrenado esta semana en el Senado con una pregunta al Gobierno central, reclamó más financiación para “Sanidad, Educación y Dependencia”.

Este jueves, en declaraciones a los medios en la Cámara Alta, se ha ratificado en esta estrategia. “Lo vamos a seguir haciendo”, ha dicho, para a continuación arremeter contra los impuestos que cobra la Hacienda estatal.

Escribe Aitor Riveiro.

Más Madrid ha presentado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional contra la decisión de la Mesa de la Asamblea de denegar las comparecencias de miembros del Gobierno regional para informar sobre la gestión de la pandemia, alegando que solo pueden responder sobre lo ocurrido esta legislatura y no la anterior, según ha adelantado El País.

“Estamos acostumbrados a que el PP nos ponga palos en las ruedas por hacer nuestro trabajo de oposición. Esta vez nos han tomado el pelo. Lo que quieren hacer es borrón y cuenta nueva y no rendir cuentas sobre su gestión de la pandemia con la excusa de que es de la legislatura anterior”, ha asegurado la líder de la formación, Mónica García.

Con esta decisión, que ahora lleva Más Madrid al Constitucional, la Mesa de la Asamblea libra a Ayuso y su Gobierno de responder a todas aquellas cuestiones anteriores al 4 de mayo de 2021, lo que incluiría los contratos de la Comunidad durante la pandemia o toda la gestión de los peores momentos de la crisis sanitaria.

Con información de Europa Press.

Gobierno y comunidades autónomas de todos los colores respiraron con alivio con la inyección de 140.000 millones de euros a las arcas públicas que están llegando y llegarán de la UE en los próximos años. Sin embargo, el PP mantiene la estrategia de cuestionar el reparto de los fondos. En la sesión de control al Gobierno, los conservadores han encontrado un nuevo argumento para sembrar dudas: el caso de los ERE de Andalucía. 

Lo ha hecho el diputado Carlos Rojas, que ha interpelado a la ministra de Justicia, Pilar Llop, sobre el indulto al expresidente andaluz José Antonio Griñán. “Si el Gobierno no ve corrupción con los ERE, ¿cómo vamos a estar tranquilos con el reparto de los fondos europeos, el que hace Moncloa que anuncia proyectos que aún no se han licitado? Eso me recuerda a los ERE, ¿y a usted?”, le ha preguntado.  

“Este no es el Gobierno de la Kitchen, ni el de la Fiscalía te lo afina, ni el del vamos a controlar el Tribunal Supremo por la puerta de atrás”, le ha contestado Llop: “Cuando se pongan tan exigentes cojan un espejo y pregúntenle: Espejito, espejito mágico, ¿cuál es el partido condenado por corrupción?”. “Aplíquese el cuento”, ha sentenciado la titular de Justicia.

Informa Irene Castro.

El portavoz del Grupo Mixto y procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha recordado este miércoles al presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, de Vox que, en su día, prometió decoro y ha aclarado al jefe del Legislativo que ese precepto no consiste solo en llevar corbata y sí en llamar al orden cuando se escucha un insulto en la Cámara. Así se ha pronunciado un día después de que el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de Vox, lo llamase “imbécil” desde su escaño mientras intervenía desde la tribuna de oradores.

Igea ha asegurado que aprovechará la próxima reunión de la Junta de Portavoces para pedir al presidente de las Cortes que imponga el orden que se debe en los debates parlamentarios, si bien ha augurado que esa petición no tendrá éxito. “En ese Grupo Parlamentario (Vox) se vive con cierta tensión, no diré miedo, pero sí cierta tensión”, ha considerado, para calificar de “sorprendente” que el presidente de las Cortes, de quien ha asegurado que no tiene mala consideración, “dejara pasar” ayer “semejante insulto a la vista de todos”.

“Nos les gustan las Cortes, no les gusta que haya debate, no les gusta que haya minorías...”, ha sentenciado Igea que ha lamentado la “barriobajera imagen” que, a su juicio, se trasladó ayer a los ciudadanos de la actividad que se realiza en el Parlamento de Castilla y León por parte de un Gobierno instalado en la “provocación permanente” y que ha tomado el insulto como arma principal de la política.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha retado este miércoles al PP a que haga público el sueldo que cobra el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo. Hasta ahora, el PP no ha querido informar de cuál es el salario que cobra su líder, más allá de los 70.000 euros que ingresa del Senado.

En una respuesta al diputado Mario Garcés, Montero ha replicado: “¿Quiere hablar de transparencia en la vida pública? ¿Puede comprometerse a que se publiquen los salarios que dirigentes puedan estar recibiendo del PP? ¿A qué le tienen miedo? ¿A nada? Ahora, en este momento. Háganlo. Publiquen las retribuciones que a cargo de su partido reciben determinados dirigentes”.

El PP ha pagado históricamente un sueldo a su presidente, además de a otros cargos intermedios, además de las posibles remuneraciones públicas que pudieran percibir. De los últimos, por ejemplo, Mariano Rajoy llegó a declarar un sueldo de su partido de 200.000 euros, mientras Pablo Casado informó al Congreso en su despedida el pasado mes de abril de que, en su caso, ingresaba 54.000 euros.

Lo cuenta Aitor Riveiro.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asegurado que la situación del Consejo General del poder Judicial, que lleva cuatro años con el mandato caducado “es insostenible”. “¿Dónde pone que para elegir a un candidato haya condiciones previas?”, se ha preguntado en Las Mañanas de RNE.

García Ortiz ha dicho que un sistema que ha permitido cuatro años “en prórroga” “hay que planteárselo”. Así, ha añadido que “es un deber constitucional el preservar las instituciones y en el momento que toque sentarse a ver qué formas de acuerdo puede haber”: “No es lo mismo eso que ni siquiera no sentarse”, ha insistido.

Este miércoles, precisamente, se reúnen los vocales del CGPJ para retomar las negociaciones para nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que les corresponden. Los progresistas acuden al encuentro ya con nueve candidatos propuestos. La reunión llega después de otra celebrada el viernes pasado por videoconferencia.

La compraventa de viviendas subió un 8% el pasado mes de julio en relación al mismo mes de 2021, hasta sumar 53.720 operaciones, su mayor cifra en un mes de julio desde 2007, cuando se superaron las 63.700 compraventas, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).  

Con el avance interanual de julio, la compraventa de viviendas encadena 17 meses consecutivos de tasas positivas. No obstante, el crecimiento de las operaciones se ha moderado en casi 11 puntos respecto al repunte interanual de junio, cuando las compraventas de vivienda aumentaron un 18,8%.  

El crecimiento interanual de las compraventas de viviendas en julio fue consecuencia exclusivamente de las operaciones sobre viviendas usadas, que crecieron un 10,4%, hasta las 44.691 operaciones, ya que la compraventa de pisos nuevos retrocedió un 2,5% en comparación con julio del año pasado, hasta sumar 9.029 transacciones.

El 92,1% de las viviendas transmitidas por compraventa en el séptimo mes del año fueron viviendas libres y el 7,9%, protegidas.

Informa Europa Press.