Junts propone una enmienda a la Constitución para echar al Consejo General del Poder Judicial caducado y limitar al Constitucional
El grupo parlamentario de Junts en el Congreso ha aprovechado la presentación de enmiendas a la reforma constitucional destinada a eliminar el término “disminuido” para añadir tres cambios en la Carta Magna con el fin de expulsar del Consejo General del Poder Judicial a los vocales con el mandato caducado, impedir al Tribunal Constitucional que cuestione la autonomía de los parlamentos y arrebatar al Tribunal de Cuentas su competencia de enjuiciamiento.
Por un lado, y en aras del “principio de inviolabilidad parlamentaria”, propone incluir en la Constitución la prohibición de que el TC u otros jueces remitan mandatos en ejecución de sus resoluciones a los parlamentarios estatales o autonómicos. “La inviolabilidad del parlamento es deudora del carácter de su legitimidad democrática directa, que lo hace o lo convierte en un órgano inviolable en su función, no existiendo ninguna jurisdicción que se le imponga”, sostiene el partido de Carles Puigdemont en una de las enmiendas.
Junts también pretende añadir un apartado en la Constitución para establecer que “los vocales del Consejo General del Poder Judicial cesarán en todas sus funciones una vez haya finalizado el mandato de cinco años para el que fueron nombrados, dejando de ser de aplicación todas las prerrogativas inherentes al cargo, incluido todo tipo de retribución”. Y mientras no sean relevados por unos vocales nuevos, como ocurre actualmente desde hace ya cuatro años, sólo se mantendrían “tres de los miembros salientes” para desempeñar exclusivamente “las funciones estrictamente administrativas y sancionadoras” del Consejo, pero sin poder hacer nombramientos, ni opinar sobre anteproyectos del Gobierno, ni interponer conflictos de atribuciones.
Otra de las enmiendas busca limitar las competencias del Tribunal de Cuentas para que sólo se ocupe de redactar informes de fiscalización y prescinda de su labor de enjuiciamiento contable, que es la que ha sentado en el banquillo a los altos cargos de la Generalitat por desviar recursos públicos al proceso independentista del referéndum ilegal de 2017.
Informa Europa Press.
