La UPF exige a los partidos que acaben ya con los límites temporales de las investigaciones penales

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha enviado un escrito a los grupos del Congreso de los Diputados pidiéndoles que insten al Gobierno a que acelere la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece unos plazos tasados para la investigación judicial de los delitos. Lo que sugiere a los partidos es que el Ejecutivo apruebe un Real Decreto-ley que permita tramitar dicha derogación por la vía de urgencia. 

En el texto, la UPF argumenta que el próximo día 6 de diciembre, además de conmemorarse el 40 aniversario de la Constitución española, se cumplirán tres años desde que entró en vigor la nueva redacción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Explican, además, que ese día será la fecha de vencimiento de la prórroga de las causas complejas incoadas con anterioridad a la entrada en vigor de la norma.

Los fiscales progresistas recuerdan que tanto el PSOE como el PP, Unidos Podemos y Ciudadanos han asumido o propuesto directamente en sede parlamentaria la derogación de esta norma aún en vigor, pero explican que “el procedimiento legislativo común para su derogación está agotado y, por consiguiente, resulta necesario acudir al instrumento normativo del Real Decreto-ley ante la extraordinaria y urgente necesidad de evitar el riesgo de impunidad que el artículo 324 implica”.

“Desde la Unión Progresista de Fiscales apelamos a la responsabilidad parlamentaria en aras a disponer de una legislación procesal que permita a jueces y fiscales perseguir la delincuencia, con medios adecuados y sin medidas legales que generan incuestionables disfunciones de la administración de justicia pero, sobre todo, conllevan un inequívoco riesgo de impunidad”, concluyen en su escrito.

La UPF insiste en que la ciudadanía “tiene derecho a una justicia penal de calidad, ágil y sin dilaciones indebida”s pero también tiene, preeminentemente, “el derecho a que los jueces y tribunales tutelen eficazmente sus derechos”. En su opinión, “establecer plazos tasados a la instrucción resulta perturbador y supone una amenaza para la efectiva reparación de las víctimas”.