Los vecinos aún tienen miedo un año después del triple crimen de Igor el Ruso

Mucho territorio, poca gente y pocos guardias civiles para protegerlos. Así se resume la inseguridad en el medio rural, que denunciaban hace un año en Andorra (Teruel), tras el triple crimen de “Igor el Ruso” que acabó con la vida de dos guardias civiles y un ganadero, y así se resume ahora. El miedo entre los vecinos sigue latente.

El portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Cristóbal Soria, lamenta en declaraciones a Efe que a pesar de todo lo ocurrido y del clamor social (hubo una gran marcha silenciosa en Andorra hace un año y se ha convocado otra para mañana), el incremento de dotación de personal de este cuerpo de seguridad “ha sido tan mínimo que ni se nota”.

Volver la vista atrás supone recordar los sucesos del 5 de diciembre de 2017 en Albalate del Arzobispo, cuando Igor el Ruso hirió a dos personas, que le descubrieron en pleno intento de robo. Entonces, apunta Soria, “no se llegó a activar lo más básico, que es el Servicio de Intervención Rápida” y hoy, asegura, “la dotación en los pueblos de la zona sigue siendo insuficiente”.

“En Teruel hay 300 agentes de seguridad ciudadana”, señala el portavoz de la AUGC, y la cifra desciende considerablemente en periodos de vacaciones.

Añade que para que la seguridad ciudadana no se viera afectada harían falta, por lo menos, “un 50 % más de agentes”, así como realizar una reestructuración del despliegue: “No da seguridad un cuartel con tres guardias civiles”, sentencia.

“Algo hemos aprendido”, pero para los agentes ha sido “muy doloroso” por las víctimas, tanto las que murieron hace un año como los que quedaron.

De hecho, una de las viudas de los dos agentes fallecidos no tiene la pensión de viudedad por un “mero trámite”, lo que genera una “situación de desamparo muy grande”.

Por su parte, el alcalde de Albalate del Arzobispo, Antonio del Río, confía en que se noten las plazas de guardias aprobadas para las zonas rurales, aunque “siempre será insuficiente”. De los dos heridos en este municipio, uno de ellos todavía tiene secuelas graves, dice, y en el pueblo la vida continúa aunque “el recuerdo de lo que pasó durará toda la vida”.

Los hechos ocurrieron el 14 de diciembre de 2017. Norbert Feher, conocido como “Igor el Ruso”, mató a tiros al ganadero José Luis Iranzo en su masía, e instantes después, en mitad de la noche, a los dos guardias civiles Víctor Romero y Víctor Caballero.

Los asesinó y comenzó una huida que tuvo en vilo a media provincia hasta su captura horas después, desorientado, durmiendo en una cuneta a decenas de kilómetros de allí, casi en la linde con Castellón.

Pero el miedo habitaba en la zona desde que el 5 de diciembre Feher disparara a otras dos personas en la vecina localidad de Albalate.

Entre el primer tiroteo y el triple crimen pasaron nueve días durante los que, denuncian los vecinos, tuvieron miedo y se sintieron solos: no hubo despliegue de ningún operativo especial para buscar a un delincuente que ya se había mostrado peligroso y que no dudaba en disparar para matar, apuntan.

Nadie ha acudido a dar explicaciones a la familia, dice a Efe el padre de Iranzo en su masía “El Saso”, donde continúa trabajando con los animales, con el dolor de ver a diario el lugar en el que murió su hijo.

Un año después, el portavoz de la Asociación de Amigos de Iranzo, Luis Manuel Alquézar, es crítico, según recalca a Efe: “Nos vendieron que era imposible encontrar a alguien escondido, como si fuera aquello una selva, pero cuando estás allí, ves que eso no tiene razón de ser porque es llano, se ve todo a simple vista”.

Denuncia que no se buscó a “Igor el Ruso”, que no se desplegó el operativo adecuado porque se trataba del medio rural y en aquellos días, recuerda, todos los efectivos estaban desplegados en Cataluña.

“Lo que se discute es si se podía haber hecho más en el medio rural, y con todo lo conocido la respuesta es 'sí, se podía y no se hizo'”, asevera.

Desde ese convencimiento, Alquézar, junto a otras personas que se han movilizado bajo la plataforma Amigos de Iranzo, llevan todo este tiempo intentando encontrar respuestas, sobre todo a lo que pasó aquellos nueve días: “Si hubo una negligencia, alguien tiene que asumir la responsabilidad” sea política o policial, denuncian.

Han pedido explicaciones en esos niveles, en especial al subdelegado del Gobierno en Teruel de entonces, José María Valero, y al actual, del PSOE, José Ramón Morro, tras el cambio de Gobierno en Madrid.

Ni uno ni otro las han dado, critican, y por ello, hoy volverán a registrar por tercera vez en la Subdelegación más de una treintena de preguntas sobre lo que se hizo y no se hizo aquellos días.