De los viernes sociales a los viernes en funciones: cuatro meses de un Gobierno reducido a labores administrativas
En plena batalla por la investidura, todos los partidos coincidían en una cosa: la necesidad de tener un Gobierno con plenas funciones para hacer frente a los desafíos que tiene por delante España, entre ellos la desaceleración de la economía o el Brexit. Tras la celebración de las generales, el Ejecutivo pasa a estar “en funciones”, una situación que limita su gestión “al despacho ordinario de los asuntos públicos”, según la ley que regula al poder ejecutivo, salvo “casos de urgencia” debidamente “acreditados” o “razones de interés general”.
En esa situación de actividad limitada se encuentra el Gobierno de Pedro Sánchez desde el 29 de abril y la etapa durará, como mínimo, hasta finales de año o principios de 2020. La principal atadura es el mantenimiento de los Presupuestos Generales del Estado que Mariano Rajoy aprobó en mayo de 2018 y que siguen vigentes, así como los objetivos de déficit, que no salieron adelante.
Las comunidades autónomas están en pie de guerra porque no les llega el dinero de las entregas a cuenta de la recaudación de algunos impuestos. Hacienda ha invocado un informe de la Abogacía del Estado para explicar que tiene las manos atadas, aunque estudia la manera de hacerlo, pese a estar en funciones. Las mismas dudas existen respecto a una eventual subida del Salario Mínimo Interprofesional o de las pensiones, según reconocen en el ministerio de María Jesús Montero. En Moncloa descartan llevarlo a cabo antes del 10N, pero no después aduciendo que es una medida de “interés general”, que estaría amparada por la ley.
En estos casi cinco meses, el Consejo de Ministros solo ha aprobado un real decreto ley -este mismo viernes- con el objetivo de paliar los efectos derivados de la gota fría que azotó la semana pasada el este de la península con ayudas por valor de 700 millones de euros. Esas medidas tendrán que ser convalidadas por la Diputación Permanente del Congreso -el órgano que se encarga de la actividad parlamentaria en periodos inhábiles o una vez que se disuelvan las Cortes este martes-.
El resto de actividad del Consejo de Ministros ha sido prácticamente administrativa, aunque en Moncloa aseguran que normalmente en estos periodos se aprueban unos 80 o 90 asuntos y que ahora se han reducido a unos 60 o 70. Los departamentos han ido despachando asuntos ordinarios, como la contratación de servicios urgentes. Por ejemplo, el Ejecutivo aprobó un acuerdo a instancias de Defensa para el suministro de víveres para la Armada, por un importe de 52 millones de euros; o un contrato de Interior para indumentaria policial, por 29,2 millones. En el caso Fomento, el grueso de las materias que ha llevado los viernes ha sido la concesión de fondos para la reparación y construcción fundamentalmente de carreteras.
También se ha dado luz verde a medidas automáticas, como el incremento del 0,25% del salario de los funcionarios vinculada al PIB (dado que la economía creció por encima del 2,5%), o algunas ayudas y becas previstas por los ministerios. En base a los “casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general”, el Gobierno también llegó a plantear dos recursos de inconstitucionalidad contra iniciativas de ejecutivos autonómicos por invasión de competencias, aunque en el caso de la Generalitat Valenciana se llegó a un acuerdo por el que se retiró.
El Ejecutivo ha llevado a cabo medidas de carácter simbólico, como condecoraciones militares, o la Gran Cruz del Mérito Deportivo a título póstumo para la olímpica Blanca Fernández Ochoa o la Medalla al Mérito en las Bellas Artes para Camilo Sesto, también tras su fallecimiento. Además, ha aprobado declaraciones institucionales, como la del Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia o la Declaración Institucional con motivo del setenta y cinco aniversario de la Liberación de París, entre otras.
Otro de los acuerdos simbólicos fue el acuerdo para la “reparación y el reconocimiento personal” del último superviviente español del campo de concentración nazi de Buchenwald (Alemania), Vicente García Riestra, nada más fallecer. Se trata de una declaración que parte de la Ley de Memoria Histórica para la “proclamación pública y solemne del reconocimiento y restitución de la plena dignidad de todos aquellos que padecieron persecución o violencia por razones políticas o ideológicas durante la Guerra Civil española y la dictadura”.
“El Estado no para”
En cuanto a la agenda del presidente y los ministros, tras la campaña del 26M, retomaron la normalidad institucional y de actividad internacional. De hecho, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, justificó este viernes la presencia de Sánchez en Nueva York a partir del lunes, donde intervendrá en la cumbre del clima y en la Asamblea General de la ONU. “El real decreto ley que estamos presentando –dijo sobre las ayudas urgentes para paliar los efectos de la gota fría– es una buena muestra de que el Estado nunca para, como no deben pararse quienes representan al conjunto de la sociedad en la búsqueda de soluciones a los problemas más acuciantes. La emergencia climática es uno de esos problemas y de ahí la importancia del viaje que el presidente que va a emprender a Nueva York”.
“Los poderes del Estado seguirán trabajando como siempre. El Gobierno mantendrá sus reuniones y tomará decisiones con normalidad, como lo ha hecho hasta ahora”, agregó Celaá sobre la situación que vuelve a abrirse a partir del martes, cuando se convoquen formalmente las elecciones generales del 10 de noviembre, y el Gobierno tenga que atenerse a las “actividades lícitas” y limitadas por la campaña electoral.
