Yolanda Díaz choca contra los 21 diputados de los que no puede prescindir

Gabriel Rufián lanzó un reto a Yolanda Díaz el 19 de enero en una rueda de prensa en el Congreso para hablar del decreto de la reforma laboral que el Congreso votará la próxima semana: “Esta reforma es un maquillaje”. En el plano personal, el portavoz de ERC tenía un mensaje para la vicepresidenta del Gobierno: “Esquerra Republicana no negocia ni vota proyectos personales, y lo digo con respeto a la figura de Yolanda Díaz”. Sonó un poco despectivo, eso sí con respeto.

Todos los decretos y proyectos de ley que el Gobierno traslada al Parlamento son personales en la medida de que parten de un Ministerio dirigido por alguien. Parecía decir que no estaba impresionado para nada por lo que se juega Díaz en este envite de cara a su futura candidatura al frente de Unidas Podemos. Y es cierto que se juega mucho, prácticamente todo.

Díaz ha recogido el guante. No se ha limitado a iniciar una negociación con los socios nacionalistas del Gobierno de coalición, que suman 21 diputados. También ha viajado a Barcelona con la intención de presionar al Govern y recibir el apoyo a la reforma por CCOO y UGT, que son fuertes en la industria catalana. Quiere dar la vuelta al juego de las expectativas. No es sólo ella quien arriesga mucho. Los que se oponen a la reforma tendrán que dar explicaciones por oponerse a las mejoras que supone para los trabajadores, avisó. Aquí llueve para todos y todos pueden acabar empapados.

El diálogo con los partidos escépticos no está condenado al fracaso, pero sus posibilidades de éxito dependen por completo de la definición de 'éxito'. Moncloa ha vetado cualquier cambio en la reforma pactada con los sindicatos y la patronal. Eso deja a esos grupos parlamentarios con la incómoda sensación de que sólo les necesitan para apretar el botón. El Parlamento no tiene nada que decir al respecto, porque la negociación se ha subcontratado al Gobierno y los agentes sociales.

La oferta de Díaz de que algunos elementos que están fuera de esta reforma queden postergados a un diálogo posterior es recibida con desdén por los interlocutores. “Nuestra humilde experiencia de negociar con esta gente (se refería al PSOE y a Unidas Podemos) es que lo que no negocies ahora, olvídate”, dijo Rufián.

Para empezar, Díaz no sostiene que esta es la única reforma posible o que es un cambio menor, aunque significativo. Nada de defensas vergonzantes. La ministra de Trabajo la considera un hito en la lucha contra la precariedad laboral, algo que no se había hecho nunca. En una conferencia el miércoles en la sede de CCOO en Barcelona, dijo que los que la rechazan o dicen que es “liviana” sólo demuestran “un profundo desconocimiento”. Ignoran que la supremacía de los convenios sectoriales va a suponer aumentos de salario para muchos trabajadores –sobre esto, dijo que “el cambio es brutal”– y que muchos contratos temporales permitidos hasta ahora tendrán que convertirse en indefinidos.

En su defensa del refuerzo de los convenios en esta reforma, cuenta con todo el apoyo de los grandes sindicatos, lo que es lógico. El fin de la ultraactividad de los convenios (la prórroga automática de los convenios colectivos mientras se negocia uno nuevo) había sido uno de los grandes regalos del Gobierno de Mariano Rajoy a las empresas. Sindicatos como ELA o LAB en Euskadi pretenden además que los convenios autonómicos tengan preeminencia sobre los nacionales, y tanto el PNV como EH Bildu les apoyan. En muchas negociaciones en su comunidad autónoma, es lo que ya han conseguido en el pasado en la mesa de negociación o con la presión en la calle.

La primera jornada de la visita de Díaz a Catalunya hizo que los socios reticentes decidieran que tenían que dar una respuesta común. La realizaron con una comparecencia conjunta el jueves en el Congreso de parlamentarios de ERC, EH Bildu, CUP y BNG con un comunicado que no cierra las puertas a continuar negociando, pero con un precio alto y tasado: siete medidas entre las que están la prevalencia de convenios provinciales y autonómicos, la autorización administrativa de los despidos colectivos a través de un ERE, y la recuperación de la indemnización por despido improcedente de 45 días.

Yolanda Díaz ya tenía una respuesta para este punto y la contó en una entrevista en Hora 25 en la noche del miércoles. Desde la reforma laboral de 2012, se ha hablado mucho de la reducción de esa indemnización. Se interpretaba que su cuantía era un factor disuasorio para los despidos, algo que no se había confirmado en sucesivas crisis que acabaron con una inmensa destrucción de empleo. Indudablemente, reducirla benefició a las empresas.

La vicepresidenta explicó que los cambios pactados se han hecho pensando en aquellos que sufren la precariedad. “Esta norma lo que hace es dar protección a centenares de miles de trabajadores temporales que no tenían apenas indemnización por despido”, dijo en la entrevista. Admitió que el de la indemnización para los trabajadores fijos es un asunto que Unidas Podemos intentó incluir sin éxito en el acuerdo de investidura con el PSOE.

Por encima de eso, planteó una discrepancia de concepto con los que tachan la reforma laboral de fracaso por no haber incluido el tema de la indemnización por despido: “El problema de nuestro país no es el despido. Es la precariedad”.

Díaz presume de que nunca abandona una negociación y que lo seguirá intentando hasta el final para conseguir el voto afirmativo de esos cuatro partidos críticos. Tiene las manos atadas por la decisión de Moncloa de no tocar el texto que recibió el apoyo de la CEOE. Eso permite a Esquerra criticar un planteamiento que les niega la posibilidad de introducir cambios. “Cómo se puede negociar cuando personas muy importantes del Gobierno dicen que no se puede tocar una coma y que no se quiere tramitar como proyecto de ley”, dijo Jordi Salvador, el diputado que negocia en nombre de ERC.

Sin el apoyo de esos 21 diputados, el Gobierno sólo puede aspirar a contar con el apoyo de Ciudadanos y de partidos pequeños y ver si llega por los pelos a 175 escaños, aunque para eso necesitaría la abstención del PNV, que no tiene garantizada. Eso daría una baza propagandística a los opuestos a la reforma que hará daño a Díaz y Unidas Podemos que es seguro que se utilizará en las próximas elecciones. Dirán que el PSOE y UP sólo han podido aprobar la reforma que satisface a Ciudadanos.

“La entrada de Ciudadanos (en el apoyo a la reforma) expulsa a formaciones de izquierda”, ha dicho Díaz. Como con la gallina y el huevo, habrá que preguntarse qué fue antes, el 'sí' de Ciudadanos o el 'no' de esos cuatro partidos. En la respuesta a la pregunta estará saber quién sale perdiendo en esta ruptura de la mayoría que hizo posible la formación del Gobierno. También se deberá incluir a los trabajadores, porque en caso de fracaso del decreto ley será muy difícil que haya otra reforma laboral en esta legislatura. Eso no molestará en absoluto a la CEOE.