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El Ayuntamiento de Sevilla precinta un espacio de “autocrianza” usado desde 2013 por una asociación de familias

Las familias de Tambora han retirado este lunes los materiales e infraestructura del proyecto

Javier Ramajo

Sevilla —

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En 2013, unas cuantas familias de Sevilla decidieron organizarse y asociarse para cuidar de sus hijos e hijas y poner en práctica “una visión colectiva de la crianza” al margen de las habituales guarderías. Tambora, que así se llama este proyecto de “aprendizaje activo”, se instaló en una caracola de los Jardines del Guadalquivir, junto a la antigua Torre Banesto de la Expo'92, rodeado de naturaleza y que había sido “abandonada” por la administración. La asociación Humanos con Recursos, beneficiario de la cesión administrativa de esa caracola, permitía desde entonces a Tambora hacer uso del espacio pero en los últimos días el Ayuntamiento de Sevilla ha procedido al precinto y posterior sellado del lugar. El principal argumento de las autoridades municipales es que la asociación carece de licencia de guardería pero “Tambora no es una guardería”, argumenta Luis Miguel Lozano, portavoz de las trece familias que actualmente se organizan para cuidar de sus hijos e hijas en edad no escolar (entre cero y seis años) en una red de apoyo mutuo.

Su pelea, al margen del “limbo administrativo” en el que admiten encontrarse, es que se les reconozca su “derecho a la autoorganización de los cuidados” y que se les permita “poner en marcha otras maneras de vivir menos regidas por el aislamiento, el individualismo y la atomización de la sociedad de hoy día”. Como asociación de familias, gestionar los cuidados y la forma en que lo hacen, colectivamente y sin ánimo alguno de lucro, “está regulado en otras comunidades autónomas, con su actividad regulada y reconocida”, calificando de “atropello” y “ataque” cómo se ha procedido al cierre de su proyecto.

Fuentes municipales explican a este periódico que el precinto se ha llevado a cabo “convenientemente” y “de acuerdo a la legalidad” porque la actividad “no tiene licencia ni documentación alguna” y “lo primero es la seguridad de los niños”. Además, indican las fuentes oficiales respecto a ese “vacío legal” que la Delegación de Educación se va a poner en contacto con las familias para “hablar e intentar alcanzar una solución”. Por otra parte, la zona donde está ubicada la caracola es titularidad de la Junta de Andalucía, que también podría tener que decir algo al respecto.

Precedente en 2018

No es la primera vez que la actividad de estas familias se ve amenazada. Según relatan, en 2018 una movilización consiguió parar el cierre de Tambora, y “el gobierno municipal se mostró partidario de buscar fórmulas para poder regularizar una cesión” del espacio, que había sido recuperado y mantenido por “la dedicación y la inversión” de las familias que vienen formando parte del proyecto. Tras el cambio de gestión en el Ayuntamiento, gobernado por el PP desde junio, “sabíamos que tendríamos que trabajar duro para hacer valer esos acuerdos y nos encontrábamos preparándonos para ello”, explican.

De acuerdo al relato de las familias, el 31 de octubre “sin previo aviso se presentó la Policía Local con técnicos de Medio Ambiente para realizar el precinto del espacio” ante su “total estupefacción”. A priori se les tranquilizó diciendo que todo sería cuestión de regularizar su situación. Cuando se disponían a solicitar el desprecinto temporal de la caracola para sacar los materiales e infraestructura del proyecto “reunidos tras muchos años de grandes esfuerzos y desembolsos de las familias”, de nuevo “por sorpresa” el pasado miércoles operarios del Ayuntamiento colocaron “rejas en las ventanas y sellaron la entrada con soldadura”. Finalmente, este lunes han podido entrar a retirar esos materiales.

“Cualquiera que la haya visitado sabe que era un sitio maravilloso y seguro para cualquier niño. Hemos tenido prácticas universitarias y hemos sido objeto de estudios universitarios”, comenta el portavoz, que anuncia una movilización para el próximo sábado en la Plaza Nueva. “Nos sentimos muy tristes e impotentes, pero tenemos muy claro el valor de aquello a lo que pertenecemos y que hemos construido colectivamente, y no estamos dispuestas a permitir este atropello. Nos sentimos en la obligación de luchar, ya no solo para recuperar un espacio revitalizado, sino para que se reconozca nuestro derecho a la autoorganización de los cuidados”, resumen las familias, que ponen en valor “los avances sociales, la solidaridad y el apoyo mutuo que siempre rigieron a los movimientos asociativos de esta ciudad”.

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