“Nos prometieron -desde la Junta- que tomarían medidas contra esas maestras”

Serena, pero directa. Sara -nombre ficticio- abre las puertas por primera vez de su casa para contar lo que están pasando desde que el 22 de abril sacaron una grabadora de la mochila de su hija y descubrieron seis horas de grabaciones con vejaciones a la menor, que tiene ocho años y sufre un tipo de autismo que le hace precisar ayuda especializada en educación.

Lo cuenta mientras enseña una casa que tiene huellas de sus dos hijos por todos lados -el hermano tiene un año y medio-, y ante una pizarra que tiene frases motivadoras para que su hija no deje de leerlas mientras hace los deberes cada tarde.

“Eres genial”, “eres maravillosa”, “eres preciosa”, se lee en los dibujos pinchados en el corcho, que su madre enseña mientras muestra algunos de los audios de las frases que la niña sufrió en clase, que están en manos de la jueza de Dos Hermanas que debe decidir si archiva la causa o da traslado de ella a instancias superiores.

Cuenta todo lo que están haciendo horas después de que en casa se enterasen de que una de las profesoras aludidas en su denuncia se había dado de alta y había conseguido plaza durante dos meses en un colegio de Mairena del Alcor, una localidad a tiro de piedra de Dos Hermanas, y eso ha hecho que se pongan a trabajar, porque “no nos importa tanto la decisión judicial como que estas personas no vuelven a tener a niños a su cargo en un colegio”.

“Llegaremos a donde haya que llegar”, espeta, mientras lamenta la poca ayuda que, dice, están teniendo por parte de la Junta de Andalucía, de la que afirma que les prometió -en una reunión con altos cargos- que las denunciadas no se incorporarían a las clases cuando dejasen de estar de baja, como están desde que fueron denunciadas.

“No han cumplido”

“No fue lo que se nos dijo, lo que se nos prometió”, porque se nos dijo que si se daban de alta se iban a tomar medidas cautelares, pero una de ellas no sabíamos que estaba en disposición de empezar este martes el colegio, y moverlo ayer fue lo que impidió esto. En parte fue porque “se enteraron los padres del colegio, se pusieron en contra, algunos profesores del mismo colegio también, y se llegó a hablar de una manifestación allí”.

Con todo lo que se movió en horas, la madre asegura que se “obligó” a la profesora a no incorporarse. Sara rechaza los argumentos de la Junta en el sentido de que no se puede obligar a una administración a tomar sus propias medidas mientras haya un proceso judicial: “Esto es lo mismo que si matas a alguien en un accidente de tráfico con una tasa de alcohol que no es la máxima. A lo mejor no vas a la cárcel, pero hasta el juicio te quitan el carnet, y eso queremos. No le queremos quitar el pan a nadie, hay muchos trabajos que se pueden hacer en un centro educativo, pero estas docentes no pueden tener niños a su cargo, y es contra lo que vamos a luchar. Lo más importante es que los niños estén protegidos, y tarde o temprano se vera si es inocente o culpable, aunque desde mi punto de vista de madre es culpable”.

Lo han recurrido

De momento, dudan de la versión oficial, y en torno a la posibilidad de que finalmente pueda incorporarse a las clases explica que han presentado un recurso “y llegaremos donde haya que llegar, estando muy atentos, porque no se nos notifica nada, y si hace falta haremos una manifestación, que es algo que muchos padres nos están pidiendo”. Las otras dos denunciadas tienen su plaza en el colegio Cervantes, mientras que la cuarta es la directora del colegio, a la que no se señala por participación activa, sino como responsable educativa.