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Un propietario que no sabía nada y un portazo: el alcalde de Sevilla tropieza en su plan de privatizar la Plaza de España

La galería porticada y las escaleras del monumento son propiedad del Gobierno.

Antonio Morente

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Durante la pasada campaña para las elecciones municipales, el entonces candidato del PP y hoy alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, anunció a bombo y platillo su proyecto de trasladar el Museo de Bellas Artes a la antigua Fábrica de Tabacos para así ampliarlo y ubicar allí lo que pregonó como un Louvre sevillano. El problema fue que la Universidad de Sevilla, propietaria del edificio y que tenía que mudarse para que cristalizase el proyecto, se enteró de estos planes por la prensa y –sin salir de su perplejidad– dijo que nada de nada. La propia Junta de Andalucía del PP, que gestiona el museo, también confesó que no lo veía y que la ampliación (ya en marcha) estaba prevista en otro enclave. Meses después, Sanz ha vuelto a repetir la jugada: ahora propone cerrar el acceso a la Plaza de España para así cobrarle a los turistas y el titular del inmueble, el Gobierno central, no tenía ni idea. El resultado ha sido un portazo rotundo a “privatizar” este espacio público y críticas a la “deslealtad” del regidor, que de repente se encuentra perdido en un laberinto y con otra supuesta iniciativa estrella bloqueada antes de nacer.

La Plaza de España pertenece a Patrimonio del Estado, adscrito al Ministerio de Hacienda, y ha sido la propia ministra y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, la que de manera rotunda ha avanzado en su cuenta en X que el Ejecutivo central “no se va a prestar” a esta jugada. “Privatizar el espacio público no puede ser la respuesta para el cuidado y preservación de la Plaza de España de Sevilla, una joya cultural que pertenece a todos y a todas”, expresándose así de una manera mucho más contundente de lo que había hecho inicialmente el delegado del Gobierno en Andalucía. Pedro Fernández había criticado la “deslealtad absoluta” del gobierno local al no transmitir oficialmente una iniciativa que considera “arbitraria”.

La cuestión es que, como se encargaba de recordar Fernández, el proyecto “no se puede llevar a cabo sin contar con el Gobierno, titular del edificio y de la galería, que tiene acceso directo a la plaza”. A Patrimonio del Estado pertenecen también las escalinatas del complejo y hasta los populares bancos que homenajean a cada una de las provincias españolas, de manera que al Ayuntamiento hispalense le pertenece el espacio central de la plaza.

Garantizar el acceso a las dependencias

Al margen de no compartir “el concepto de cerrar una plaza”, el Ejecutivo central esgrime que la iniciativa afecta directamente al servicio público que recibe la ciudadanía, y es que la Plaza de España concentra numerosas dependencias estatales: las propias sedes de la Delegación del Gobierno en Andalucía y de la Subdelegación de Sevilla, los servicios de Extranjería, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) o el Cuartel General Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra. Cerrar el acceso –subraya– supondría dificultar el acceso a estas dependencias, a algunas de las cuales sólo se puede entrar desde el interior de la propia plaza.

De hecho, desde el Gobierno se apunta que el Consistorio tendría que colocar sus elementos de control de acceso a turistas en la misma plaza, al tener la obligación de garantizar el libre acceso a las zonas de otros propietarios. Algo que el alcalde defiende que está más que asegurado, así como el acceso público a un enclave que niega que vaya a privatizarse. “El sevillano va a poder seguir deambulando por este espacio, los coches de caballo seguirán entrando, nadie está cuestionando eso”, ha insistido, además de reiterar que todos los habitantes de la provincia y los empadronados en la capital no sólo no pagarán sino que tendrán una entrada directa para no guardar cola, algo que no parece convencer a buena parte de una ciudadanía que ha iniciado una recogida de firmas para frenar el proyecto.

“Pido por favor que pensemos en la ciudad y dejemos la demagogia”, ha apuntado José Luis Sanz, aunque a renglón seguido ha señalado que si el Gobierno pone cinco millones de euros encima de la mesa para la Plaza de España “entonces no hace falta convenio ni cobrar entrada”. Y es que el regidor ha esgrimido que, teniendo en cuenta que hablamos del casco antiguo más grande de España, “es imposible mantener el patrimonio histórico de Sevilla con el IBI de los sevillanos”, lo que ha conectado con la infrafinanciación de las capitales para aterrizar en la imposibilidad de mantener semejante coloso. Un monumento, además, que quiere poner de punta en blanco para celebrar en 2029 el centenario de la Exposición Iberoamericana.

Tres o cuatro euros por entrada

Teniendo en cuenta que, de manera oficial, Sevilla recibe casi cuatro millones de turistas al año, con que sólo el 80% vaya a visitar la Plaza de España y se les cobre tres o cuatro euros por verla el montante daría para establecer vigilancia las 24 horas durante todo el año, y además sobraría para un servicio de mantenimiento y montar un taller de restauración para reponer piezas. La propuesta de Sanz es que el 75% de la recaudación sea para las arcas municipales y el 25% para el Estado, todo ello en base a una cantidad que contrasta con el presupuesto actual de 100.000 euros mensuales, lo que se traduce en una imagen en la que se conjugan manteros, artistas callejeros y desperfectos, porque “todos los fines de semana hay actos vandálicos”.

Para apoyar su tesis, ha publicado en X un vídeo que ilustra la presión que sufre el monumento... y que no habla particularmente bien de la gestión local. Así lo entiende el PSOE municipal por medio de su portavoz y exalcalde, Antonio Muñoz, para quien “está trasladando él mismo que no está interviniendo contra la venta ambulante ilegal, la seguridad, la suciedad y los destrozos”. Esto, en la práctica, implica que “está realizando una enmienda a la totalidad de su gestión”, a lo que suma que ha tenido al enclave dos meses sin contrato de conservación.

La propuesta del alcalde ha generado el rechazo de las formaciones de izquierda en bloque, de sindicatos como CCOO, organizaciones como Facua, las agencias de viaje y hasta los hoteleros, cuyo presidente provincial, Manuel Cornax, ha pedido que se reviertan en el monumento los ingresos por los numerosos actos y conciertos que acoge. “No me imagino que para entrar en la Plaza Mayor de Madrid o en la Plaza de la Concordia en Francia haya que pagar”, ha criticado, además de apostillar que no conoce “a nivel mundial” ninguna plaza pública “que se cierre y se cobre un billete o ticket” para acceder a ella.

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