227 personas fueron asesinadas en 2020 por defender el medio ambiente

La violencia contra los activistas medioambientales aumenta y se concentra sobre todo en América Latina. Esas han sido las conclusiones del informe de la ONG Global Witness publicado este lunes, que analiza e investiga los asesinatos cometidos contra los ecologistas en el año 2020. En total, se registraron 227 ataques letales: tres de cada cuatro ocurrieron en Latinoamérica. La organización alerta de que se trata de un aumento por segundo año consecutivo de este tipo de agresiones en cifras históricas.

“La evidencia sugiere que, a medida que se intensifica la crisis climática, también aumenta la violencia contra quienes protegen su tierra y nuestro planeta. Ha quedado claro que la explotación irresponsable y la codicia que impulsan la crisis climática también están impulsando la violencia contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente”, recoge el texto, donde se apunta que, en promedio, cuatro personas activistas han sido asesinadas cada semana en diferentes localizaciones del mundo desde que se firmó el acuerdo climático de París en 2015.

Colombia, el país más afectado del mundo

En 2020, más de la mitad de los ataques sucedieron en solo tres países: Colombia, México y Filipinas. En el caso de Colombia, se trata del segundo año consecutivo que se sitúa como el país con cifras más altas de homicidios a ecologistas, en concreto, 65 ataques mortales. Desde la organización aseguran que los pueblos indígenas y afrodescendientes se vieron “particularmente afectados”, así como los pequeños agricultores, que suponen casi la mitad de los casos de violencia. La COVID-19 empeoró esta situación: el confinamiento llevó a que las agresiones se cometiesen en los domicilios de las víctimas.

Los otros países con números más altos son algunos como México, con 30 homicidios, la mitad de ellos dirigidos contra indígenas. El país registra un aumento del 67% respecto a 2019 en un contexto en el que una gran mayoría de los asesinatos no enfrentan ningún proceso legal.

También Filipinas tiene cifras preocupantes, con 29 ataques letales. La asociación apunta en este caso al “deterioro de la situación de derechos humanos” que experimenta el país, lo que hace que los opositores se enfrenten a reprimendas violentas por parte de instituciones como la policía o el ejército. El informe también menciona a Nicaragua, un país que con 12 asesinatos se convierte en el “lugar más mortífero para las personas defensoras”, teniendo en cuenta los ataques per cápita.

Por otro lado, en los casos en los que las víctimas fueron atacadas por proteger los bosques, la mayoría trabajaba por defender estos ecosistemas de la deforestación y el desarrollo industrial, “vital” en la lucha contra la crisis climática. También hubo quien murió al “proteger ríos, áreas costeras y océanos”.

Recomendaciones para la OMS, Europa, los gobiernos y las empresas

El escrito no solo arroja datos sobre los homicidios o las agresiones a los ecologistas, también ofrece una serie de recomendaciones destinadas a las instituciones públicas y las empresas. En este sentido, la organización entiende que la OMS debe “reconocer formalmente el derecho humano a un medio ambiente seguro, saludable y sostenible”, así como “asegurar” que “los compromisos y acciones asumidos” en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 para implementar el Acuerdo de París, “integren la protección de los derechos humanos”.

Por su parte, consideran que los gobiernos deben, además de proteger los derechos de las personas defensoras, “garantizar” que sus políticas estén en sintonía con esta idea y “derogar cualquier” ley usada para “criminalizarlas”. También “exigir a las empresas” responsabilidad por la “violencia y otros daños ejercidos”, y “garantizar el acceso a la justicia mediante la investigación y el enjuiciamiento de todos los actores pertinentes”.

Sobre la Comisión Europea, se especifica que está trabajando en dos importantes normas: una iniciativa sobre Gobernanza Empresarial Sostenible y un reglamento sobre productos básicos que supongan un riesgo forestal. Sobre la primera, se exige un mecanismo de ejecución con regímenes para responsabilizar y sancionar a las compañías, mientras que en la segunda se considera que la UE debe exigir financiación “únicamente a operaciones que hayan obtenido el consentimiento libre, previo e informado” de los grupos indígenas y locales.

Por último, el texto recoge que las empresas “deben hacer lo que esté a su alcance para asegurarse de que no están causando, contribuyendo o beneficiándose de estos ataques, sean cuales sean los costos”.

Global Witness, que recopila los datos de la violencia hacia los activistas del medio ambiente desde el año 2012, asegura que lo alarmante no son solo el número o porcentaje de asesinatos. Estas agresiones “ocurren en el contexto de una gama más amplia de amenazas contra las personas defensoras, que incluyen intimidación, vigilancia, violencia sexual y criminalización”. Es decir, para la organización, las cifras con las que trabajan son una “subestimación”, porque existen otros ataques que no suelen ser denunciados por los activistas.