360 millones de mascarillas y 993 respiradores: el 'almacén' del Gobierno para atajar un repunte pandémico

Con el objetivo de evitar que se repita el desabastecimiento y la escasez de material sanitario que se produjo en marzo de 2020 durante las primeras semanas de la pandemia, el Gobierno está trabajando para articular un almacén de equipos de protección. Actualmente la reserva estratégica nacional cuenta con 1,8 millones de equipos de protección individual (EPI), 993 dispositivos de ventilación mecánica, 1,8 millones de test de antígenos, 350.600 kits de toma de muestras y 557.300 test anticuerpos. A esos productos se suman mascarillas: 287 millones de tapabocas quirúrgicos, 73 millones de unidades FFP2 y 1,6 millones de ejemplares FFP3, según la información obtenida por elDiario.es a través del portal de transparencia. 

El Ministerio de Sanidad detalla que este material se almacena amparado por “el plan de respuesta temprana”, una estrategia que “tiene por objetivo preparar al Sistema Nacional de Salud (SNS) para ser capaz de hacer frente a posibles incrementos de la transmisión de la Covid-19, dotándolo de una mayor capacidad de respuesta”. Según recoge este documento, “la reserva nacional se concibe como un refuerzo a las reservas estratégicas que están articulando las comunidades autónomas”. 

Una reserva autonómica para cubrir dos meses

Más allá de los recursos del Ministerio, el departamento de Carolina Darias “monitoriza las existencias de material de las comunidades autónomas”. El último análisis se realizó con datos del 27 de mayo. Al recopilar esa información comprobaron que “la disponibilidad” de estos materiales “ha aumentado, en general, respecto a las comunicaciones previas”. La estimación más reciente concluye que “en la mayoría de las comunidades autónomas” la reserva “se mantiene en un nivel adecuado” y, por lo tanto, “se considera suficiente para dos meses”. 

Durante los primeros días de la pandemia, la escasez de mascarillas, de test de antígenos y de equipos de protección individual (EPIs) provocó que sanitarios y trabajadores de residencias de ancianos atendiesen con bolsas de basura y gafas de buceo a enfermos infectados.

Por su parte, en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) la falta de respiradores se convirtió en una de las mayores preocupaciones de los gestores sanitarios. “Si lo hubiéramos sabido, habríamos tenido reservas de equipos de protección y respiradores suficientes”, expuso Verónica Casado, exconsejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, en El País al recordar aquellas semanas.

El plan también aboga por que los respiradores de “ventilación mecánica invasiva” no estén almacenados, sino que se encuentren en “uso y a punto en aquellos espacios donde se vayan a desplegar las camas” de pacientes críticos. Los únicos equipos que no se mantienen operativos, según contempla la estrategia, son aquellos que la actividad habitual sanitaria no pueda absorber. 

La emergencia sanitaria influye en la Seguridad Nacional

La pandemia también ha obligado al Gobierno a redefinir la ley de Seguridad Nacional. La reforma de esta normativa, que se está tramitando actualmente en el Congreso, detalla el funcionamiento de la Reserva estratégica basada en las capacidades nacionales de producción industrial (Recapi). De esta forma, el Ejecutivo trata de “encontrar soluciones para garantizar el suministro de recursos de primera necesidad o de carácter estratégico, que permitan autoabastecer” al país “bajo condiciones excepcionales”, recoge el proyecto de ley. 

Con esta medida, el Gobierno no solo se enfoca al sector sanitario, también se dirige a la industria y a la economía. Entre los elementos que pueden formar parte de esta reserva estratégica se contemplan “componentes electrónicos, materiales estratégicos, maquinaria de alta tecnología, aeroespacial, semiconductores, química esencial, equipos agrarios avanzados, tecnología de la comunicación o producción energética”.  

El ministro Félix Bolaños defendió esta propuesta en el pleno del Congreso. En su intervención aseguró que “el Estado aprende de las crisis”. “Y es labor de un Gobierno responsable trasladar ese aprendizaje a las leyes para mejorarlas y dejar un país mejor preparado del que nos encontramos para afrontar cualquier tipo de crisis en el futuro. No se trata de contar con un instrumento por si llega otra crisis. Se trata de tener un instrumento eficaz para cuando llegue”, señaló Bolaños en el Parlamento.