Celaá detalla a las comunidades autónomas la ley para “modernizar” la Educación

La ministra de Educación, Isabel Celaá, explica hoy a las comunidades autónomas la reforma con la que quiere derogar la Lomce para “modernizar” el sistema educativo, que afectará a más de ocho millones de estudiantes no universitarios y 700.000 docentes.

Es la segunda vez que Celaá convoca la Conferencia Sectorial de Educación tras el encuentro del pasado julio dedicado a becas, que terminó con los consejeros populares de Madrid, Castilla y León, Galicia, Murcia y La Rioja abandonando la reunión al alegar que la propuesta del PSOE endeudaría a las comunidades autónomas.

En esta ocasión, el foro abordará como único punto del día la nueva ley de Educación, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 14 de diciembre y que se encuentra en período de consultas y enmiendas del Consejo Escolar del Estado, que lo estudia esta semana, y de otros organismos.

La reforma de la denominada Ley Wert, que ha sido rechazada por el PP y Ciudadanos, quiere modificar los aspectos “más controvertidos” -según Celaá- que la Lomce del PP de 2013 incorporó a la LOE socialista de 2006.

Entre ellos plantea que los alumnos de Primaria y Secundaria estudien Valores Cívicos y Éticos, que la Religión no sea computable y tampoco tenga una materia alternativa, y que el Bachillerato sea más flexible y se pueda superar con una asignatura suspensa.

También pretende eliminar las reválidas, aunque habrá evaluaciones de diagnóstico muestrales y recupera la anterior prueba de acceso a la Universidad.

El Gobierno se reserva el derecho de elaborar el 55 % de los contenidos básicos del currículo de los horarios escolares en las comunidades que tengan lengua cooficial y el 65 % en aquellas que no la tengan.

Prevé también que las Administraciones educativas fijen la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas.

Además, elimina el término de “demanda social” para los centros concertados, establece que la programación debe asegurar la existencia de plazas públicas suficientes y determina que corresponde a las comunidades el desarrollo del régimen de conciertos a partir de la regulación general establecida por el Gobierno.