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El Gobierno no deja claro cómo financiará el pacto contra la violencia machista medio año después de ser aprobado

El Ejecutivo incluye en los presupuestos un aumento de 80 millones de euros para violencia de género, pero el compromiso económico era de 200

Esto es así porque supedita el dinero de las CCAA y los ayuntamientos al sistema de financiación autonómica mientras que lo consensuado en las negociaciones fue que se trataría de transferencias directas

Lo único que queda claro es que el presupuesto para prevención de la violencia machista sí se ha incrementado un 24% respecto al ejercicio anterior

Un momento de la manifestación celebrada el 8 de marzo de 2017 en Madrid / Olmo Calvo

Un momento de la manifestación celebrada el 8 de marzo de 2017 en Madrid / Olmo Calvo

El Gobierno ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) la financiación del pacto de Estado contra la Violencia de Género, pero solo ha dejado clara una parte. El Ejecutivo cita tres grandes cifras en el proyecto de PGE, que suman los 200 millones de euros acordados en el compromiso económico del pacto, aprobado hace seis meses por el Congreso de los Diputados. Sin embargo, luego específica que lo que le corresponde a las comunidades y a los ayuntamientos dependerá del sistema de financiación.

El documento del pacto, que apoyaron todos los grupos excepto Unidos Podemos, aclaraba que el presupuesto para violencia de género debía incrementarse este año 80 millones de euros. En esta cantidad, estaría incluida una subida del 20% en el presupuesto concreto de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Además, concluía que los PGE destinarían a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas 20 y 100 millones de euros respectivamente. En total, los 200 comprometidos.

Los presupuestos presentados este martes aseguran que "se han incrementado en 80 millones de euros las partidas destinadas" a poner en marcha el pacto, pero no permiten saber a qué cantidad se han sumado, es decir, de qué cifra se partía. Nombra un aumento de cinco para las pensiones de orfandad de los menores cuyas madres han sido asesinadas por violencia machista, la subida de siete millones de la renta activa de inserción "para atender al colectivo de víctimas de violencia de género" y cuatro millones más para la justicia gratuita para este tipo de violencia.

Por otro lado, los 20 y 100 millones que el Ejecutivo debía destinar a CCAA y consistorios los supedita "al sistema de financiación". Es decir, no es una transferencia directa, sino que parece que hace depender el dinero de las negociaciones de la financiación autonómica. A preguntas de este medio, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no ha respondido por el momento.

Y es que los PGE estiman que autonomías y ayuntamientos "deberán incluir en sus presupuestos" estos incrementos. Para lo que, prosigue, "contarán con recursos suficientes dadas las mayores aportaciones que recibirán respecto a 2017 a través del sistema de financiación". Algo que ha nombrado específicamente el secretario de Estado Alberto Nadal en la rueda de prensa al afirmar que "el Sistema de Financiación Autonómica y Local aporta el dinero restante".

Un 24% más para prevención

Lo único que sí queda claro es el presupuesto que destina el Ejecutivo a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. De hecho, el programa de "actuaciones para la prevención integral de la violencia de género" se ha incrementado un 24% respecto al año pasado al pasar de los 31,7 millones de 2017 –en un principio, habían presupuestado menos, pero admitieron aumentarlo por la presión del PSOE– a los 39,5 millones de este año. La subida de esta partida está incluida en el incremento de 80 millones.

Al margen de la poca concreción con la que el Gobierno ha plasmado la financiación del pacto de Estado, también están los tiempos: el Ejecutivo ha esperado a incluir el compromiso económico en los PGE a pesar de que el Congreso, por unanimidad, le instó a habilitar a través de un crédito extraordinario para que las comunidades y ayuntamientos pudieran ir diseñando los programas.

El pacto fue aprobado el pasado mes de septiembre y consta de más de 200 medidas que abordan todos los ámbitos. A finales de diciembre, el Gobierno acordó con los ayuntamientos y comunidades que arrancaría con 26 medidas y 200 millones de euros, tal y como acordaron los grupos en el documento definitivo, que prevé una financiación de 1.000 millones de euros en los próximos cinco años vía Presupuestos Generales del Estado. 

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