La Comunidad de Madrid se enmienda a sí misma, prohíbe el uso del móvil en clase y recupera un debate que divide a los profesores

Decidió el Gobierno de la Comunidad de Madrid reanunciar que va a prohibir los móviles en los centros educativos públicos –se sabía desde el pasado julio– y cuando se pasó el ruido de la novedad que no lo era quedó de fondo un debate recurrente, que divide a los docentes. ¿Debe usarse el móvil en clase?

Un vistazo por Twitter sirve de termómetro rápido para constatar que el tema interesa y que hay docentes apoyan la medida y otros que no. “Es un elemento de la vida normal, no debe quedarse fuera del aula si no queremos perder más todavía a los alumnos. Además, la inmensa mayoría de los centros ya tienen regulado su uso actualmente, tampoco es que se pueda utilizar libremente”, vendría ser el argumento en contra de esta prohibición integral. “Dentro de los centros sí deben estar prohibidos. Distraen, pueden interrumpir la clase, daña la sociabilización y se hacen fotos, se utilizan para acosar”, alegan quienes se oponen.

También están los que advierten de que en realidad esta maniobra es “algo político, solo para llevar adelante el acuerdo de Gobierno con Ciudadanos”, explica Camilo Jené, presidente de la federación de AMPAS Fapa Giner de los Ríos, pero vacío de contenido “porque ya esto se puede prohibir, ¿o alguien cree que los docentes permiten ahora el uso del móvil con un fin que no sea educativo?”.

La pregunta retórica de Jené se responde sola, pero el caso es que desde que Francia prohibiera el uso del móvil a nivel estatal la cuestión se pone sobre la mesa de manera recurrente, y nadie parece tener la respuesta definitiva. En España, Madrid se convertirá en al menos la cuarta región que prohíbe de manera explícita el uso del móvil en los centros educativos. Regiones tan dispares en sus realidades y sus gobiernos como Galicia, Castilla-La Mancha y Valencia ya aplican esta idea en algún grado.

Otra realidad es que, con normativa autonómica específica o sin ella, la mayoría de los centros educativos, tanto en Primaria como en Secundaria, tienen prohibido el uso del móvil en sus normativas propias. En el peor de los casos, ya está regulado. Otra realidad es que a partir de los 12 años ya son más los adolescentes que tienen móvil que los que no lo tienen y que a los 15 el porcentaje sube hasta el 95%, según datos del INE. ¿Se le pueden poner puertas al campo?

Cerrando el círculo

Lo que ha sucedido en Madrid bien podría considerarse una metáfora de todo el debate. El Gobierno regional madrileño está enmendando por sugerencia de un tercero (Ciudadanos, a raíz de su pacto para formar Ejecutivo) a su versión de hace diez meses para cerrar el círculo y volver a la misma situación en la que estaba hace tan poco como marzo de este mismo año.

Desde 2007 hasta abril de este 2019, en Madrid estaba vigente el Decreto 15/2007, que servía de referencia para que los centros elaboren sus propia normativa. Ya este Decreto establecía la prohibición de utilizar el móvil en clase: “No permitiéndose el uso de móviles, otros dispositivos electrónicos...”.

En abril de 2019, el Gobierno del PP que entonces lideraba Ángel Garrido y con Rafael Van Grieken al mando de la consejería de Educación actualizó la normativa de convivencia en los centros mediante el decreto 32/2019. En este nuevo articulado de referencia desapareció la mención expresa a los móviles en el aula. Solo menciona, en genérico, que “los dispositivos de uso personal podrían ser retirados hasta la finalización de la jornada escolar en caso de uso inadecuado”. Ahora se vuelve a la prohibición.

Marc Masip es director del instituto psicológico Desconect@, un programa educativo para jóvenes que cuenta con hospital de día, colegio y el ambulatorio. “Ya era hora”, celebra el anuncio de Madrid. “Las dos ventajas más evidentes van a ser los resultados académicos y el fomento de las relaciones interpersonales entre los alumnos, que me parece más interesante incluso”, asegura. “Me preocupan las horas de patio, veo grupos de chicos viendo vídeos, algo asilados incluso, que no se relacionan”, explica.

Madrid también alega que prohibir los móviles servirá para luchar contra el acoso en entornos escolares, que cada vez tiene una mayor componente cibernética. Sin embargo, si esa es su preocupación llama la atención que el mismo Gobierno regional haya dejado aparcado un proyecto para crear una web y una app contra el ciberacoso pese a que incluso tenía asignación económica, según anunció la Cadena Ser.

Entre los defensores del uso del móvil en clase está Félix Serrano, que fue director del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (Intef) hasta 2017, un organismo estatal que ofrece recursos multimedia a los maestros, entre ellos para el móvil. “La peor postura es la del avestruz, hacer como si los alumnos no tuvieran sus dispositivos”, explica. “También está de la de prohibir su uso, con lo que no hay riesgo, pero tampoco resultado. Y la preferible: incorporarlos a la docencia de forma útil”.

La cuestión polariza tanto que la que era jefa de Serrano, la ministra de Educación, Isabel Celaá, afirmó el año pasado que veía la prohibición con buenos ojos, aunque también añadió que los centros tienen la suficiente autonomía como para lidiar con el asunto.

Jené, de la Fapa, cree que lo que la Comunidad de Madrid realmente está haciendo en ahondar en la autoridad del profesor, una medida innecesaria, en su opinión. “Quieren volver a fomentarla, como cuando sacaron la ley, pero eso no se gana prohibiendo, se gana en el aula. Además, ya tienen autoridad por ser funcionarios”, argumenta.

También cree el representante de las familias de la escuela pública madrileña –y en esto ejerce de portavoz de muchos– que el “móvil es una herramienta” y que como tal debe ser considerada y utilizada en clase. Una situación que por otra parte es habitual en muchos centros: el móvil por defecto está prohibido, pero los alumnos lo llevan para actividades puntuales en momentos concretos.

Masip disiente: “Se les está dando antes de que estén preparados para tenerlo, y desde luego que no lo necesitan en clase. Mis propios alumnos me dicen que quieran que no lo miran, se distraen, si nos pasa a los adultos. Aporta mucha distracción, aunque no nos demos cuenta”.

Otro elemento a tener en cuenta y del que no se suele hablar es la sanción que puede conllevar el incumplimiento de la normativa de los móviles por parte de los alumnos. Lo habitual es que se retire el aparato y este quede custodiado por el profesor o el colegio hasta el final de la jornada, cuando el propio estudiante o sus padres –según cada centro– pueda retirarlo. Pero eso es un problema en potencia para los centros.

“Creo que la normativa debería citar explícitamente que no se tiene responsabilidad sobre los móviles retirados por su uso inadecuado, ya que esos móviles suponen un problema serio de responsabilidades ante daños para el centro: tener ocho móviles retenidos supone que se tienen varios miles de euros en móviles en manos del centro, y si hubiese una rotura o robo de alguno (...), la normativa debería proteger al centro”, reflexiona Enrique García, docente madrileño, en su blog.