El año del 'Orgullo trans': ¿Cuál es el debate político sobre la transexualidad en España?

El mismo año en que las identidades trans centran el foco del Orgullo LGTBI, también ocupan un lugar significativo en el Congreso. Nunca antes tantas iniciativas sobre el tema se habían concentrado al mismo tiempo en la cámara, que aglutina actualmente tres normas estatales relacionadas con el colectivo trans de diverso calado y en diferente situación parlamentaria: la modificación de la Ley de 2007 que permite cambiar el nombre y sexo legal, una Ley LGTBI y una Ley Trans. Desde aquel año no se había producido ningún movimiento al respecto, pero ahora la transexualidad también se debate en el Congreso.

Este 2018 el Orgullo se celebra y reivindica bajo el lema “Conquistando la igualdad. TRANSformando la sociedad”; una frase que irá en la cabecera de la manifestación del sábado. También el Orgullo Crítico, que salió a la calle el pasado 28 de junio ha querido centrar su demanda principal en este colectivo: “Orgullo es transgresión”, rezaba en un juego de palabras la pancarta que capitaneaba la marcha.

Ante este escenario y aunque la relación entre avances normativos y sociales no es un automatismo, los colectivos LGTBI y trans celebran que el Congreso haga al menos el amago, a falta de saber qué pasará con las leyes, de avanzar en el camino de la despatologización y autodeterminación de las identidades trans. Estos dos factores suponen, por un lado, dejar de considerar que la transexualidad es una enfermedad y, por otro, dejar que las personas trans decidan su identidad sin ser tuteladas por otras.

Actualmente hay tres normas pendientes que ahondan en estos dos principios. Algunos contenidos son comunes a todas, así que habrá que esperar a ver cómo se va sucediendo el trámite parlamentario y la discusión de enmiendas.

Una de ellas es la modificación de la Ley de Identidad de Género de 2007, que nació como una ley pionera, pero deficiente. Esta norma ha posibilitado el cambio de nombre y sexo legal de las personas trans en el Registro Civil para que aparezca en sus documentos oficiales cono decidan. Sin embargo, establece unos requisitos que son considerados patologizantes: un diagnóstico médico de disforia de género y que la persona haya sido tratada con hormonas al menos durante dos años. Solo entonces pueden cambiar su nombre y sexo.

No vale con el DNI

La reforma presentada por el PSOE tramitada actualmente por el Congreso, que ya ha superado su periodo de enmiendas y está a la espera de un informe de la Comisión de Justicia, inició su camino parlamentario en noviembre de 2017 con el voto en contra del PP. La modificación elimina estos requisitos y habla de que la identidad de género debe ser la “autopercibida y libremente determinada por cada persona”. Además, extiende el derecho a los menores y a las personas que no cuentan con la nacionalidad española, que habían sido excluidos de la ley de 2007.

Algunas comunidades ya le han dado la vuelta a esto mediante normas autonómicas, pero su grado de cumplimiento e implementación dista mucho de unas a otras y los colectivos LGTBI demandan que no se queden en papel mojado y sean aplicadas.

“Que este tipo de reformas estén tramitándose es un avance muy importante que esperemos que se concrete. Eso teniendo en cuenta que luego las leyes hay que implementarlas y desarrollarlas y que la igualdad real y social se trabaja poco a poco”, explica Mané Fernández, portavoz de Políticas Trans de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB).

La modificación de la Ley de Identidad de Género también está incluida en las otras dos normas, más ambiciosas, que aún están pendientes. Ambas fueron registradas por Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea: la Ley contra la discriminación del colectivo LGTBI y la Ley de protección de las personas trans. Justo hace tres días el PSOE se comprometió a “sacar adelante” un paquete de cuatro leyes contra la discriminación; entre ellas se encontraban estas dos.

La primera, redactada por la FELGTB, ya ha superado el periodo de enmiendas y está a la espera de un informe de la Comisión de Igualdad. Su toma en consideración fue aprobada con la abstención del PP, que presentó una ley alternativa de mínimos rechazada por la cámara. 

La segunda, elaborada por la Plataforma por los Derechos Trans, aún no ha llegado a pleno para votar su toma en consideración. “La sociedad tiene una deuda histórica con las personas trans y ya es hora de que esto cambie”, sostiene la presidenta de la plataforma Mar Cambrollé. “La patologización de las identidades trans ha sido una excusa para la vulneración de derechos humanos y esto ha condicionado la forma en que somos tratadas en todos los ámbitos. ¿La reforma de la ley de 2007 es necesaria? Sí. ¿Es suficiente? No. Tener un DNI no me garantiza que no me discriminen en el médico o en el deporte”.

Medidas integrales

Hace menos de un mes, la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la transexualidad un trastorno mental y algunos organismos internacionales llevan años pronunciándose sobre esta realidad. El Consejo de Europa adoptó en abril de 2015  una resolución que insta a los Estados a “garantizar que las personas transexuales, incluidos las menores, no sean considerados como enfermos mentales”. Amnistía Internacional también ha solicitado que “el reconocimiento de la identidad de género no debe hacerse depender de diagnósticos psiquiátricos”.

Tanto la Ley LGTBI como la Ley Trans son marcos integrales contra la discriminación y, según están redactadas actualmente, repiten algunos contenidos. Ambas incluyen medidas destinadas al colectivo en diferentes ámbitos: sanitario, educativo, en las Fuerzas Armadas, en las prisiones...“España necesita una ley LGTBI para todo el colectivo, pero también una ley integral y específica para las personas trans”, argumenta Mar Cambrollé.

El escenario legislativo se complementa con un goteo de normas autonómicas ya aprobadas en varias comunidades –algunas LGTBI, otras como Madrid o Valencia, otras específicamente trans– que los colectivos LGTBI reivindican que sean implementadas en su totalidad.

El Congreso tiene en sus manos avanzar en los dos principios en los que este año enfoca el Orgullo su reivindicación: la despatologización y la autodeterminación. “Es momento de que la democracia llegue a las personas trans”, concluye Cambrollé.