Lo que no se va con Gallardón: así queda el debate sobre la ley del aborto

Poco o casi nada ha trascendido de lo que pretende hacer el Gobierno con la actual ley del aborto. Ahora que el anteproyecto de Ley de Protección del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada, que eliminaba el derecho de las mujeres a decidir sobre su propia maternidad, ha quedado definitivamente paralizado, queda saber si el PP cumplirá o no su promesa electoral de “modificar la ley del aborto para proteger el derecho a la vida, y el de las menores”, tal y como figuraba en su programa electoral.

Por el momento, solo se sabe lo dicho por el propio Mariano Rajoy tras anunciar que renunciaba a seguir adelante con su ley, y es que se modificará la vigente ley de plazos para obligar a las jóvenes de 16 y 17 años a que tengan el consentimiento de los padres para poder interrumpir su embarazo. La actual normativa exige que las chicas informen a sus progenitores a no ser que aleguen un conflicto grave. El Gobierno no ha aclarado cuándo emprenderá esta modificación.

También se desconoce si esperará al fallo del Tribunal Constitucional del recurso que el propio PP presentó contra la ley de plazos en 2010. En el orden del día del Pleno que el alto tribunal celebra esta semana no está incluido, según informa Europa Press. A principios de año, en respuesta a una pregunta del diputado de Izquierda Plural Gaspar Llamazares, el TC decía que la ponencia, redactada por el magistrado conservador Andrés Ollero, estaba lista y que solo estaba pendiente de “señalamiento para votación y fallo”.

A la espera de lo que pueda ocurrir, de lo que no hay duda es que el Gobierno finalmente se ha echado atrás con una ley que no ha dejado indiferente a nadie, y que hasta se ha llevado por delante al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, encargado de elaborar el proyecto.

Ha sido una reforma que el Gobierno, con su titular de Justicia a la cabeza, ha justificado muchas veces sobre argumentos que no se ajustaban a la realidad y en muchas ocasiones no eran ciertos. Estos son algunos de ellos.

1. Ley de plazos sin consenso

Uno de los principales argumentos con los que el PP ha justificado la elaboración de una nueva ley del aborto ha sido que la actual norma, que permite el aborto sin ningún tipo de justificación dentro de las primeras 14 semanas, se aprobó sin consenso, como varios de sus dirigentes han repetido una y otra vez desde que entrara en vigor en 2010.

Nada más lejos de la realidad porque precisamente fue una norma aprobada con una gran mayoría parlamentaria: 184 votos a favor, del PSOE, IU, ERC, BNG, PNV, NaBai y dos diputados de CiU, frente a los 158 diputados del PP, UPN, Coalición Canaria y siete diputados de CIU y UPyD. Incluso el PNV, un partido que en su ideario se define como cristiano, impuso la disciplina de voto por primera vez en materia de interrupción voluntaria del embarazo y votó a favor de la ley de plazos.

2. Las menores abortan solas

El PP no se ha cansado de repetir que con la ley de plazos las chicas menores de edad abortan solas sin que lo sepan sus padres. Mariano Rajoy afirmó en una entrevista en El País, poco antes de ganar las elecciones, que no le gustaba que “una niña, sin el consentimiento y conocimiento de su madre, pueda abortar”.

Es uno de los grandes argumentos del PP para modificar la ley, y Rajoy ya ha dicho que será lo que cambien. La realidad es que la ley de salud sexual y de interrupción voluntaria del embarazo no dice que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin el conocimiento de sus padres. Al contrario, es una exigencia para poder interrumpir su embarazos. Solo están exentas aquellas que aleguen graves conflictos, como pueden ser malos tratos o abusos.

De hecho, la gran mayoría de las chicas de estas edades que deciden abortar están siempre acompañadas de alguno de sus padres, como puso de manifiesto un estudio realizado en 2011 por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo –sobre una muestra de 36.718 mujeres que habían acudido a abortar–. Los datos demostraban que tan solo 151 chicas de 16 y 17 años de un total de 1.186 no le habían dicho a sus padres o tutores que se habían sometido a la intervención. En algunos casos habían aducido riesgo de sufrir malos tratos, en otros estaban emancipadas y carecían de relación con sus progenitores y en otros los padres residían en otro país. El 87% restante había acudido en todos los casos con alguno de sus progenitores.

3. Discriminación hacia los discapacitados

Uno de los puntos más polémicos del anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno el pasado diciembre es que eliminaba el supuesto de malformación. Su más firme defensor ha sido el ministro de Justicia, quien de manera reiterada ha afirmado que ese supuesto suponía una discriminación hacia las personas discapacitadas y que iba en contra de lo establecido en la Convención de la ONU para las Personas con Discapacidad.

Lo cierto es que ese reglamento se refiere a los nacidos y no a los concebidos, como siempre ha defendido Gallardón, tal y como explicó a eldiario.es Carlos Ríos, miembro del Comité de la ONU para la protección de las personas con discapacidad.

Incluso el Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Gobierno, afirmó en 2009 en el informe que hizo a la ley de plazos que el supuesto de malformación era plenamente constitucional. Si bien mencionaba el artículo 10 de la Convención Internacional sobre los derechos de la personas con discapacidad, aseguraba que el supuesto de malformación no lo contravenía porque “la jurisprudencia y la práctica internacional remiten la cuestión del comienzo de la vida y de la titularidad a la misma a la decisión de cada Estado”.

Según se argumentaba en el texto, en el caso de España, y basándose en la doctrina del Tribunal Constitucional –con la que Gallardón trató siempre de justificar su anteproyecto– “el feto, sin perjuicio de ser un bien jurídico digno de protección, no se le considera como titular del derecho a la vida, no cabe aplicarle el artículo 10 de la Convención citada de 1979”.

4. Una ley “progresista y avanzada”

En una entrevista en el diario ABC Gallardón llegó a afirmar que el anteproyecto que había elaborado su departamento era “la ley más avanzada y progresista” que habían hecho desde el Gobierno. De haber entrado en vigor habría alejado sin embargo a España de las leyes de la mayoría de países europeos, que contemplan leyes de plazos o de amplios supuestos.

Al contrario de lo que afirmaba el ya exministro de Justicia, la nueva norma habría colocado a España al lado de países como Irlanda y Polonia, con leyes muy restrictivas de acceso al aborto, ya que el borrador solo permitía la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación y grave enfermedad de la mujer, y esta debía pasar por un largo periplo de informes y exámenes para lograr el visto bueno de dos médicos.