El aborto en primera persona: “Pediría al ministro que no nos lo ponga más difícil”

Consuelo no contaba con quedarse embarazada. Tenía 38 años, un trabajo fijo relacionado con sus estudios, un sueldo razonable; pero la relación con su pareja no era buena. “Era una relación muy tóxica y yo sabía que tenía que terminar. Y sonará poco moderno, pero yo tenía muy claro que quería formar una familia, no tener un hijo sola”.

Cuando supo que estaba embarazada, decidió no tenerlo: “A pesar de que parecía mi último tren, y de hecho lo ha sido, para mí ser madre significa hacer feliz y ofrecer lo mejor a tu hijo, y yo sabía que en esa circunstancia eso era absolutamente impensable para mí. Si tú eres una persona desgraciada, difícilmente puedes hacer feliz a nadie ni darle lo que necesita. Y yo no quiero sentir un hijo como una carga, ni que un bebé y yo supongamos una carga para otra persona”.

El caso de María fue algo distinto. Tenía 25 años. Había estudiado una carrera universitaria, trabajaba como becaria, menos de 1.000 euros al mes, y compartía piso con unas amigas. Ella misma lo resume: “No me sobraba el dinero”. Tenía pareja estable, pero él vivía en otra ciudad. Se compró un test de embarazo cuando llevaba unos meses sin la regla. Aunque era algo habitual para ella y estaba tranquila porque usaba protección, prefirió asegurarse. Y dio positivo.

“Me dio como un pinchazo en el corazón, y me eché a llorar. No era capaz de reaccionar. Sólo me sentía fatal y pensaba que tenía un gran problema. Tenía clarísimo que no quería tener ese bebé, pero a la vez me daba pánico enfrentarme a un aborto y pasar por ese trago”, narra con desazón María al recordar aquellos momentos. Sus razones no fueron puramente económicas sino, sobre todo, “vitales”: “Mi vida tenía que recorrer otros caminos, mi carrera profesional... Ahora quiero ser madre, pero aún lo veo muy lejos”.

Tantos perfiles como mujeres

Como María y Consuelo cada año abortan en España alrededor de 115.000 mujeres, según las cifras del Ministerio de Sanidad. Los diversos estudios realizados por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) muestran que entre ellas hay estudiantes, trabajadoras, paradas; algunas sin estudios, muchas con estudios básicos, con estudios secundarios o universitarios. Mujeres que ya han se han sometido a esta intervención o lo hacen por primera vez; que utilizaron métodos anticonceptivos que fallaron o que no los usaron; que no quieren tener hijos, que quieren pero no en ese momento o que lo desean pero deciden no tenerlo porque el feto tiene alguna patología, incluso aunque en principio sean contrarias al aborto...

Consuelo y María, dos personas distintas, dos situaciones diferentes. “Hay tantos perfiles como mujeres que abortan”, señala Empar Pineda, una de las fundadoras de la Comisión Pro Aborto del movimiento feminista, portavoz de la Clínica Isadora desde sus inicios y miembro de la junta de directiva de ACAI.

Empar trabaja también “tranquilizando a las mujeres que llegan a la clínica angustiadas o agobiadas”. Porque, a pesar de sus diferencias, todas estas mujeres tienen en común pasar por el difícil trance de tomar esta decisión, que siempre es, en palabras de Empar, “dura, seria y responsable, aunque haya quienes lo dudan”.

Abortar fue para María una “experiencia traumática”. Reconoce que se sintió sometida a una fuerte presión social. “Yo creo que si hubiera sido tratada desde el respeto, respetando mi forma de pensar y mis necesidades, si nadie me hubiera juzgado, no tendría por qué haber sido una experiencia tan dura”.

“No es algo que hagas con alegría, por muy claro que lo tengas. Yo lo pasé muy mal”, cuenta Consuelo. María estaba en shock, pero además, relata, llamó a su pareja para que acudiera a acompañarla, y los dos días que tardó en llegar fueron demasiado tiempo para ella: “Sentía mucho rencor hacia él porque, por mucho que me comprendiera, algo que era responsabilidad de los dos pesaba sobre mí y sobre mi cuerpo, mientras él estaba igual. Y eso me daba mucha rabia”.

Cuando Consuelo tomó la decisión, llamó directamente a una clínica privada. En cambio, María, “noqueada y sin saber qué hacer”, buscó la ayuda de amigas y junto a ellas acudió a varios centros públicos. En todos le dijeron lo mismo, que podían ponerla en lista de espera pero que, si no había riesgo para su salud, podían pasar meses hasta que le tocara. Le aconsejaron que, si tenía dinero, fuera directamente a una clínica privada. Y así lo hizo.

Según Empar, este es un problema habitual: “La interrupción voluntaria del embarazo es una prestación que está en la cartera sanitaria y por la que las mujeres no deberían pagar. Pero no se hace en los centros públicos y desde las instituciones no se ofrece información sobre los conciertos que les permiten ser derivadas a centros privados gratuitamente”. El 98% de las intervenciones se realizan en clínicas privadas y sólo alrededor de un 2% se atienden en la sanidad pública. “Cuando son malformaciones graves o la mujer está en el hospital en consulta, ven que existe esa malformación y queda hospitalizada”, explica Empar.

“La ecografía. Yo cerré los ojos”

Cuando Consuelo decidió abortar, estaba en vigor la ley de 1985, que despenalizaba el aborto en tres supuestos: violación, dentro de las primeras 12 semanas de gestación; malformación del feto, en las primeras 22; o riesgo para la salud física o psíquica de la mujer, durante todo el embarazo.

Ella se acogió a este último, que requería un informe psicológico. “El psicólogo me hizo unas cuantas preguntas sobre por qué lo hacía y si estaba segura, que era lo que realmente le interesaba. Por lo demás, fue un trámite”. Este “coladero” era una de las más feroces críticas del PP a la ley. Pero no está claro cómo regulará la reforma este aspecto. “Con lo duro que es tomar la decisión y hacerlo, yo pediría al ministro que no nos lo ponga más difícil”, reclama Consuelo.

La Asociación de Mujeres Juristas Themis explica que la actual norma “puso fin de una vez a una hipocresía absoluta, la de hacer pasar a las mujeres por un informe psicológico para determinar que tomaban esa decisión porque continuar con el embarazo podía tener graves consecuencias para su salud psíquica, sin límite de plazo, lo cual permitía prácticas irregulares, abortos en estadios muy avanzados”.

Consuelo pasó después por una revisión ginecológica, que certificó el embarazo mediante una ecografía. Uno de los momentos más difíciles del proceso: “Yo cerré los ojos. No quería vincularme emocionalmente con nada”. Estaba aún de poco tiempo, así que tuvo que esperar dos semanas más, que recuerda “durísimas” y que pasó muy sola: “Al principio sólo se lo conté a mi pareja, porque no quería tener a la gente pasando por la misma desesperación que yo. Puse al tanto a mis amigas tres o cuatro días antes de la operación”.

UPN (la marca del PP en Navarra) ha propuesto en el Congreso que las mujeres reciban una imagen de la ecografía antes de que se les permita abortar.

“Eso me hacía sentir mucho dolor. Estaba destrozada”

A María le tocó ya la ley actual, de 2010, que plantea la despenalización sin restricciones del aborto en las 14 primeras semanas; la posibilidad de interrumpir el embarazo hasta la semana 22 en caso de riesgo grave para la salud de la madre o del feto, malformación de éste y, a partir de entonces, “en el caso de anomalías en el feto incompatibles con la vida o por diagnóstico de enfermedad extremadamente grave confirmada por un comité clínico”.

El único requisito en el primer caso es que, tras una primera consulta en la que se le da información sobre las clínicas en las que se presta ese servicio y sobre las ayudas a las que podría acceder si decidiera seguir adelante con su embarazo, la mujer está obligada a meditar su decisión durante tres días, que María describe como una auténtica “tortura”. Y recuerda: “Yo no tenía nada que reflexionar, sólo quería que llegara el día. Cada vez que miraba la ecografía me echaba a llorar. Me sentía egoísta porque todo el rato pensaba que por poder yo podía tenerlo, que podía volver con mis padres, dejar la beca y cambiar el camino. Pero no quería. Eso me hacía sentir mucho dolor. Estaba destrozada”.

Al llegar a la clínica, a Consuelo la recibió en la puerta un grupo de manifestantes contrarios al aborto que la llamaron asesina. Ella no se dio por aludida, porque tenía muy clara su opción, pero le enfada. Estos grupos “pueden hacerle mucho daño a chicas o mujeres con menos solidez emocional. Hay que ser muy mala persona para ir a decirle eso a alguien que está pasando por semejante momento”.

Al igual que María, recuerda el trato en la clínica como cordial, pero frío. María echó de menos más cercanía. Para Consuelo está bien así: “Tú vas histérica, llevas encima una gran carga emocional, pero ellos están acostumbrados a estas intervenciones, y yo prefiero que no me compadezcan; yo lo he decidido y tengo que asumir las consecuencias, ser responsable de mis actos”.

Consuelo acudió a la clínica con su pareja. Tras la intervención, que dura unas dos o tres horas en total –entre las pruebas previas, los como máximo 10 minutos de la operación y el reposo posterior–, tuvo problemas con la anestesia, que ella pidió general “para no tener recuerdos de ese momento”. Pero recuerda su recuperación como muy complicada. Unos días después su novio la dejó.

María acudió con su madre y con su novio: “No me enteré de nada. Salí cansada, pero bien. Después de eso me quedé muy tocada. Cada vez que veía a una mujer embarazada o a una madre, por la calle o en películas, me echaba a llorar, y pensaba que eran las personas más valientes del mundo y que no se les reconocía. Me sentía culpable porque podía haber cambiado mi vida por aquel ser que no llegó a existir. Me costó unos meses quitarme esas ideas de la cabeza”.

“Por culpa de los fallos de la ley, y de la presión social, para mí fue una experiencia traumática, yo creo que si hubiera sido tratada desde el respeto, respetando mi forma de pensar y mis necesidades, si nadie me hubiera juzgado, no tendría por qué haber sido una experiencia tan dura”, asegura María.

Consenso social en torno a la ley

Para Empar, esos tres días de reflexión previos a la intervención no hacen más que añadir angustia a un proceso ya de por sí muy difícil para las mujeres, pero además no consiguen su propósito. Como demuestran los estudios de ACAI, la inmensa mayoría de ellas acuden a la clínica tras una decisión “muy meditada y elaborada, por lo que son muy pocos los casos en los que se replantearán la situación”.

Empar centra en este periodo su crítica a la ley vigente: “Si se considera que la mujer no está suficientemente informada sobre las ayudas de las que podría disponer si es madre, ¿por qué se le tiene que dar esa información cuando ya ha decidido no seguir adelante, y no antes, cuando acude al centro de salud?”.

Por lo demás, esta legislación representa para Empar “un salto muy importante, porque es considerar que la mujer embarazada es suficientemente autónoma para tomar esa decisión”. Algo que puede cambiar, y mucho, con la reformulación de la ley. De hecho, una de las principales críticas de los grupos pro elección es que con el proyecto de Gallardón volverían a ser los médicos o psicólogos los que decidieran si una mujer puede abortar o no.

Mª Ángeles Jaime de Pablo, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, coincide en este punto: “En la mayor parte de los países de nuestro entorno se admite que la decisión de interrumpir el embarazo se puede tomar dentro de las 12 primeras semanas. Creo que hay un consenso social sobre cuándo estamos ante un bien jurídico protegible, en equilibrio con el derecho de las personas a decidir libremente sobre su maternidad”. Además, añade, esta ley cuenta con un amplio consenso social, como demuestra el 53% de apoyo por parte de la población que recogen las últimas encuestas.

La reforma de Gallardón y la respuesta de las mujeres

Tanto Empar como Mª Ángeles denuncian que, a diferencia del proceso de elaboración de la anterior ley, en el cual el Ministerio de Igualdad, el de Sanidad y el de Justicia contaron con las asociaciones de mujeres y de profesionales especializados, en este caso Ruiz-Gallardón sólo atiende las demandas de los sectores más conservadores de la sociedad y, particularmente, el de la jerarquía eclesiástica.

Aunque no se conocen los detalles, se sabe que plantea una vuelta a la legislación basada en supuestos, lo cual, en palabras de Mª Ángeles, significaría “una inseguridad jurídica completa para las mujeres, como sucedía con la legislación anterior, que les hacía recurrir a fraudes para ejercer con seguridad su decisión”, así como para los profesionales que practican los abortos en las clínicas autorizadas.

Podría repetirse lo ocurrido en 2007, cuando una asociación ultracatólica denunció a la Clínica Isadora por irregularidades administrativas y la realización de abortos ilegales. Sobreseído año y medio después por falta de pruebas, para muchos este caso fue el empujón definitivo que llevó al Gobierno de Rodríguez Zapatero a elaborar la ley de plazos. “Esta reforma podría devolvernos, además, a tiempos no tan lejanos, cuando muchas mujeres viajaban al extranjero o recurrían al aborto clandestino, con el riesgo que ello implica para su salud”, apuntan.

Empar, que lleva 40 años trabajando por el derecho de las mujeres a decidir, cambiaría la actual ley en un sentido absolutamente contrario al del ministro, para ampliar el aborto libre: “La OMS admite que el feto no puede vivir sin los recursos de la mujer hasta la semana 24, a partir de la cual es viable fuera del útero materno. Para mí ese es el plazo sobre el que habría que legislar”.

Así es en Holanda, país que considera ejemplar, ya que allí está permitida la interrupción del embarazo sin restricciones en ese periodo y, sin embargo, se aborta mucho menos. Esto se debe, en opinión de Empar, a que tienen “una muy buena educación afectivo-sexual”. Y en este sentido, argumenta: “Contrariamente a lo que podría parecer, las feministas somos las más interesadas en que no exista el aborto”. Aunque, defiende, “aquellas mujeres que a pesar de contar con toda la información y con acceso a métodos anticonceptivos se quedaran embarazadas y no quisieran seguir adelante, siempre deberían poder realizarse la intervención gratuitamente en la sanidad pública”.

Absolutamente contrarias a las restricciones que ha planteado Ruiz-Gallardón hasta el momento, Consuelo y María coinciden con las expertas en reivindicar la importancia de una buena educación sexual para evitar embarazos no deseados, un acceso más fácil a los anticonceptivos y que los abortos se realicen gratuitamente a través de la sanidad pública. Y piden algo más: que cualquier ley tenga el suficiente margen y los recursos necesarios para respetar la decisión y las necesidades individuales de cada mujer.

Consuelo es tajante: “Ninguna restricción sirve si una mujer ha sido violada, en ese caso no hay nada más que hablar; o si una mujer ya tiene cinco hijos y no puede hacerse cargo de uno más”.

María lo resume así: “Sólo nosotras sabemos lo que necesitamos en un momento concreto de nuestras vidas, y nadie puede ayudarnos a tomar una decisión como esta. Eso debería respetarse siempre”.