Bruselas abre un procedimiento de infracción contra España para reclamar más protección para el Delta del Llobregat
La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España para reclamar más protección del Delta del Llobregat. Así, el Ejecutivo comunitario pide a España que adopte nuevas medidas para proteger y gestionar su red Natura 2000, “respetando sus obligaciones en virtud de la directiva de Hábitats”.
En particular, dice el Ejecutivo comunitario, “España debe tomar las medidas necesarias para evitar un mayor deterioro del lugar Natura 2000 Delta del Llobregat como consecuencia de la ejecución de grandes proyectos de infraestructuras, como la ampliación del aeropuerto y el puerto internacional de Barcelona”.
“El Pacto Verde Europeo y la Estrategia Europea de Biodiversidad indican que es crucial para la UE detener la pérdida de biodiversidad protegiendo y restaurando la naturaleza”, afirma Bruselas, que señala: “A pesar de ser una de las regiones más densamente pobladas de la Península Ibérica, los frágiles ecosistemas del Delta del Llobregat albergan una destacada biodiversidad y juegan un papel crucial en las rutas migratorias de muchas especies de aves europeas, contribuyendo así a preservar la coherencia global de la Red Natura 2000”.
“El deterioro y las posibilidades de mitigar y compensar el daño ambiental causado por los grandes proyectos de infraestructuras se han discutido con las autoridades españolas desde 2013”, explica el Ejecutivo comunitario. Sin embargo, “los compromisos de mitigación y compensación asumidos por las autoridades, como la adopción e implementación de un plan especial de protección de los espacios naturales y paisajísticos del Delta del Llobregat y una ampliación del Área Especial Protegida para preserevar los territorios más aptos para la conservación de las aves, no han sido suficientemente seguidos”.
Por tanto, la Comisión Europea ha decidido enviar una carta de emplazamiento a España, que ahora dispone de dos meses para abordar las deficiencias planteadas por la Comisión Europea. De lo contrario, Bruselas puede decidir enviar un dictamen motivado.
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