Los cazadores 'hacen presa' en la brecha del Ejecutivo sobre el bienestar de los perros

Han visto una debilidad y se han tirado sobre ella. A pesar de que el PSOE pretende que no se les aplique a sus canes, los cazadores han aprovechado la brecha abierta por la enmienda socialista al proyecto de ley de Derechos de los Animales para hacer presa: quieren que la norma se esfume. “Nace enmendada incluso por uno de sus promotores”, dicen.

La grieta se abrió el 13 de septiembre con la enmienda que el Grupo Parlamentario Socialista presentó al proyecto de ley remitido por el Gobierno al Congreso para excluir de la norma a “perros de caza, rehalas y animales auxiliares de caza”. Solo una semana después de aquello, la Federación de Caza aprovecha para añadir a lo que llama “el rechazo de sectores afectados”, “la propia enmienda presentada por el Partido Socialista, principal partido del Gobierno, que exige cambios”.

Si, desde el primer borrador de la ley, el sector cinegético ha cargado para que su actividad quedara exenta de las nuevas obligaciones de cuidado de los animales, una vez que esa moción ya ha sido presentada por el grupo mayoritario del Congreso, ha pasado a reclamar directamente la retirada total del texto.

Cuando el 1 de agosto el Consejo de Ministros aprobó remitir al Congreso el proyecto de ley, la misma Federación apuntó contra el Partido Socialista. Decían que el PSOE había “traicionado” los compromisos de excluir sus actividades en cuanto a los perros, pero también acerca de la captura de pájaros cantores (silvestrismo declarado ilegal por los tribunales) “y el tiro al pichón”.

A mediados de agosto, ya hablaban de “movilizaciones a pie de calle para protestar directamente contra la postura del PSOE, que ha incumplido todas sus promesas y acuerdos en relación a la exclusión de la caza de este proyecto de Ley de Derechos de los Animales”.

Los cazadores ya habían lanzado sendas manifestaciones anti Gobierno en enero y marzo pasados. Entonces, al calor de las reivindicaciones de la España vaciada, pedían que se eliminara una batería de normas que, decían, entorpecen su actividad. De hecho, la marcha del pasado 20 de marzo fue ampliamente financiada por los fondos de las federaciones de caza para enviar a Madrid manifestantes.

El 12 de agosto, al afirmar los cazadores que la ley “sería letal para la actividad”, señalaron específicamente al PSOE. Afirmaban que el partido se había comprometido con ellos a que sus perros quedaran fuera. El portavoz parlamentario socialista Patxi López ya había anunciado unos días antes la intención de enmendar el proyecto.

También un día antes de que López registrara las enmiendas, la Asociación de Rehalas Regionales Arrecal exclamaba que la reforma legal promovida por el Ejecutivo “tiene entre sus objetivos acabar con la caza”. Las rehalas son las jaurías de perros utilizadas para azuzar presas en las partidas de caza mayor, las monterías.

Según su criterio, la norma contenía “una cantidad enorme de prohibiciones y nueva obligaciones para los dueños de los animales hasta el punto de hacer difícil no incurrir en una vulneración de alguna de ellas siendo poseedor de animales, y más si se está en posesión de una rehala”.

La estrategia cinegética

El día 13 se registraron las modificaciones. Y, una vez consignadas, los cazadores expresaron que “parecen ajustarse a las exigencias formuladas desde el sector”.

Ese movimiento político fue calificado como de “extrema gravedad” por Unidas Podemos. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, es la ministra de Derechos Sociales que ha promovido la ley. “Es maltrato animal independientemente de que sea un animal destinado a una actividad laboral o a un acompañamiento doméstico”, analizaba la portavoz María Teresa Pérez.

Con todo, los rehaleros de Arrecal no están tan contentos porque la nueva versión del delito de maltrato animal no ha sido enmendada por el PSOE. Esa versión amplía el concepto de lesiones y lo aplica a más animales cuando antes se circunscribía a los “domésticos” y asimilados “que vivan bajo control humano”.

Así, la enmienda socialista al texto del Ejecutivo dice que los perros de caza, las rehalas y otros animales auxiliares, tendrán “una legislación propia según lo establecido en la Estrategia Nacional de Caza”.

Esa estrategia ha sido elaborada por el Ministerio de Agricultura. El documento, lejos de abogar por la eliminación de la caza, denomina a los cazadores “herramienta de lucha contra la despoblación rural”, afirma que, sin su actividad, “habría que subir impuestos” y atribuye su crisis de imagen a una “sociedad mayoritariamente urbana con gran desconocimiento del mundo rural”.