Celia, residente en un edificio ocupado: “Nos juzgan por reivindicar el derecho a la vivienda”
Lo llaman edificio 'La Dignidad'. En él viven 46 personas, entre ellos 15 menores, que declaran no tener otra alternativa que residir en un edificio ocupado que estaba vacío. Algunas, como Celia Hernández, nunca se imaginaron vivir en un inmueble “recuperado”, como llaman las asambleas de vivienda a la ocupación. Pero su situación –desempleada, con dos hijos a cargo y embarazada de una tercera– le condujo en 2014 a comenzar a residir en él tras ponerse en contacto con la Asamblea Stop Desahucios de Móstoles (Madrid). Este jueves será juzgada junto a otras tres personas por un delito de usurpación.
Desconocen a qué pena se enfrentan porque “es un juicio por delito leve”, afirma la defensa. No obstante, aparece recogido en el artículo 245.2 del Código Penal, que castiga a quien ocupe “sin autorización debida un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada [...] con penas de multa de tres a seis meses”. Si el Juzgado de Instrucción nº1 de Móstoles les declara culpables, tendrán que hacer frente a multas económicas “que no podemos pagar”, sostiene Celia, que antes del inicio de la crisis trabajaba en limpieza.
“Aquel día del mes de julio de 2014 se presentó la Policía con orden judicial y a los que localizó e identificó fue a los que denunció”, sostiene Guillermo Jiménez, otra de las personas que serán juzgadas. Este joven educador social de 26 años estuvo unos meses viviendo en 'La Dignidad' hasta que “un amigo me alquiló una habitación muy barata que puedo pagar gracias al dinero que recibo de las clases particulares que doy”. Es el único ingreso que tiene y carece de apoyos familiares, pero no desiste en su empeño de encontrar un trabajo relacionado con lo que ha estudiado.
El perfil de los residentes
Al principio al edificio entraron a vivir unas 15 personas. Muchas sin empleo, otras realizando trabajos esporádicos y precarios, explica Celia. El perfil de los residentes en el inmueble, aunque todos comparten características comunes: la inestabilidad económica y carecer de alternativa habitacional. “Han estado viviendo mujeres víctimas de violencia de género que abandonaban sus casas y no tenían donde ir hasta que los servicios sociales solucionaban su situación” dice Guillermo. “También personas mayores de cincuenta años que es difícil que encuentren trabajo”, completa Celia.
La ocupación del inmueble, un proceso adscrito a la llamada Obra Social de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), vino acompañada del requisito de haber agotado todas las posibilidades con las entidades bancarias y las instituciones. De hecho, sentencia Guillermo, “todos los que residen están intentando gestionar alquileres sociales”. El inmueble, afirman, es propiedad de una empresa inmobiliaria actualmente en liquidación. “También se ha intentado negociar con las compañías de suministro el agua, el gas y la luz, pero el edificio no tiene todavía cédula de habitabilidad”, explica Celia.
Muchos de los integrantes de 'La Dignidad' son vecinos y vecinas del municipio madrileño de Móstoles que “habían sido desahuciados previamente por impago del alquiler”, comenta Guillermo. Pero también proceden de otras localidades o barrios, como Vallecas o el distrito de Ciudad Lineal, en los que las asambleas de vivienda no podían responder con rapidez a estas situaciones. Muchas de estas personas “se han estabilizado en la vivienda y a otras les ha servido de pilotaje para encontrar otra alternativa”, resume el joven.
La organización de 'La Dignidad'
Sobre el juicio, admiten, “es lo que implica la ley”, pero “nos juzgan por reivindicar el derecho a la vivienda”, opina Celia. Guillermo, que tiene experiencia en activismo político, no puede entender “que haya enormes cantidades de pisos vacíos a los que hay que dar salida mientras muchas personas no tienen casa”. Por el contrario, la mujer, de 29 años, nunca había participado en una asamblea. Es un ejemplo de cómo en los últimos años la lucha antidesahucios ha implicado a los propios afectados. “Es un proceso en el que sigo aprendiendo”, sostiene.
De hecho, el proyecto se organiza en base a una asamblea general en la que tratan las cuestiones tanto individuales como colectivas que afectan a sus residentes. Pero, además, se han organizado en comisiones, como la de mantenimiento y limpieza o la de convivencia, que sirve para “mediar o fomentar el diálogo cuando surgen problemas en el vecindario”, explica Celia. Pretenden evitar lo ocurrido a principios de 2015, cuando la Obra Social 'La Dignidad' tuvo que pedir a algunos vecinos que abandonaran las viviendas por haber causado “determinados problemas. El colectivo envió un comunicado en el que se desvinculaba de ”toda acción violenta“.
Ambos definen 'La Dignidad', compuesta por distintas familias, como una gran familia. Pone el ejemplo de la rehabilitación del inmueble que han ido haciendo de forma colectiva porque “estaba bastante deteriorado”: “Arreglamos tuberías e instalamos cableado para el sistema eléctrico”, concreta Guillermo. Para Celia es “enriquecedor” porque “todos nos conocemos y nos apoyamos”. Incluso, dice, hay un reparto del cuidado de los menores, “nos quedamos a cargo de ellos, nos turnamos cuando las madres o los padres tienen que salir o encargarse de algo”.
