La Comisión Europea quiere que se reconozca en toda la UE la paternidad de parejas homosexuales registrada en cualquier país miembro

La Comisión Europea propone que todos los países de la UE tengan que reconocer la filiación de los hijos que está establecida en los demás estados miembro. La medida que ha planteado este miércoles pretende solventar los problemas con los que se topan las parejas del mismo sexo en lugares como Bulgaria, donde encuentran obstáculos para que se reconozca la paternidad o maternidad de los niños dado que no la tienen reconocida en la legislación nacional. “Todos los miembros de la UE tienen que reconocer la filiación establecida en otro estado miembro”, ha resumido el comisario de Justicia, Didier Reynders, en línea con lo que hace unos meses sentenció la presidenta, Ursula Von der Layen: “Si uno es progenitor en un país, es progenitor en todos los países”.

Reynders ha explicado que la medida se dirige a las parejas del mismo sexo a las que en algunos países de la UE no se le reconoce la filiación de sus hijos dado que las legislaciones nacionales no contemplan esa posibilidad y ha recordado que parte de sentencias del Tribunal de Justicia de la UE en esa dirección. Fue el caso de una pareja de mujeres que tuvieron un hijo en España y Bulgaria, el país de origen de una de ellas, se negó a tramitar su certificado de nacimiento y su documento de identidad búlgaro.

La nueva regulación impediría situaciones como esa. La Comisión Europea establece que una vez que un estado miembro o un tribunal haya establecida la paternidad/maternidad de un niño se tenga reconocer en los demás países de la UE “sin ningún procedimiento especial”. Ahora bien, propone la creación de un Certificado Europeo de Paternidad para facilitar el proceso. Su obtención no será obligatoria sino voluntaria para los padres y será un documento “armonizado y disponible en todas las lenguas” que tendrá que ser “aceptado en todos los países”, según ha señalado Reynders.

“No estamos armonizando el derecho familiar sustantivo”, ha dicho el comisario dejando claro que será cada país el que seguirá estableciendo en sus legislaciones nacionales el proceso de filiación, es decir, que “puede decidir quiénes son padres y madres”. “La propuesta no se aplicará a situaciones nacionales pero cuando un estado miembro ha establecido la paternidad, el resto lo tiene que reconocer”, ha apuntado. “Hay dos millones de niños y niñas a los que se puede negar su relación con sus padres en otro estado miembro porque la familia ha ido a otro estado miembro donde no se reconoce la paternidad, o no se hace para ambos padres, o porque nació en un estado donde se había establecido vínculo familiar pero vuelve a otro estado en el que no se reconoce”, ha agregado.

La norma aplicaría también para los casos de vientres de alquiler si están permitidos en los países de la UE o, como sucede en España, se produce la filiación en los consulados: “Si mediante una embajada o en un país tercero hay reconocimiento, hay que respetar el derecho de los niños en ese estado miembro”. “Si hay un reconocimiento de derechos, tiene que serlo en las otros y eso no puede depender del modo en que ha sido concebido el niño, si es de una pareja del mismo sexo o si es de una persona”, ha declarado Reynders.

La propuesta de la Comisión Europea irá, previo paso por la Eurocámara, al Consejo de la UE, donde están todos los estados, entre los que se encuentran también Polonia o Hungría, a los que Bruselas ha llegado a abrir expedientes por sus legislaciones contra los derechos de las personas LGTBI. “Vamos a intentar convencer a todos los estados miembros para llegar a la unanimidad en el Consejo”, ha admitido Reynders en respuesta a los periodistas sobre la posibilidad de que esos países se opongan a esa regulación.

La Comisión Europea también ha planteado sendas directivas para la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación por razones de raza, sexo o discapacidad en las que pretende reforzar a los organismos encargados de la igualdad de trato en los países de la UE. La comisaria de Igualdad, Helena Dalli, ha señalado que se trata de una propuesta basada en “tres pilares”, entre los que se encuentra la independencia de dichos organismos de presiones externas y que ha señalado que se consigue fundamentalmente dotándolos de recursos humanos y económicos. También plantea la necesidad de elevar informes periódicos sobre la situación ,y la gratuidad de los servicios para las víctimas.