El Congreso aprueba cambios en la ley de Educación: prohíbe ceder suelo a la concertada y subvencionar los centros que segreguen por sexo

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, durante su comparecencia ante la Comisión de Educación del Congreso. EFE/ Ballesteros/Archivo

Primera prueba superada. La ponencia del Congreso sobre la LOMLOE, la nueva ley de Educación destinada a sustituir a la LOMCE, ha aprobado esta tarde varias enmiendas y dado vía libre al proyecto, que pasa su primer examen y continúa su trámite parlamentario apoyado en los partidos que posibilitaron la investidura de Pedro Sánchez, especialmente ERC. Entre las enmiendas validadas este jueves (a puerta cerrada) destaca el refuerzo de la inmersión lingüística catalana pactado entre el Gobierno y los republicanos catalanes y dos medidas sobre la escuela concertada: la prohibición de dar conciertos a centros que segreguen por sexo y la prohibición también de que se ceda suelo público a estos centros, una medida habitual en la Comunidad de Madrid y, cuando gobernaba el PP, en la Comunitat Valenciana.

La disputa, parlamentaria y extraparlamentaria, promete ser ruidosa y larga. El PP ya afirmó por la mañana que "el Gobierno está entregando la Educación a cambio de votos para afianzar sus presupuestos", en palabras de la portavoz del grupo parlamentario popular, Cuca Gamarra, que anticipaba el resultado de la votación. El presidente del partido, Pablo Casado, anunció el jueves que recurrirán ante el Tribunal Constitucional la supresión a la referencia del castellano como lengua vehicular de la enseñanza y el, según interpreta el PP, ataque a la libertad de elección educativa que implica la ley. Ciudadanos se ha manifestado en términos parecidos, y la patronal de la escuela concertada le ha declarado la guerra a la LOMLOE y la ministra creando una plataforma para juntar sus quejas y acciones reivindicativas: este mismo jueves se reunieron en la puerta del Congreso para protestar en la que se anuncia como la primera de una serie de protestas semanales.

En la ponencia de esta tarde, que se encarga de aligerar el trabajo para la Comisión y el Pleno posteriores, se han votado más de 200 enmiendas, según fuentes parlamentarias, aunque la mayoría son técnicas o consideradas menores (una petición de cambiar un "administraciones educativas" por "comunidades autónomas" para afinar más o un "qué hay de lo mío" de los partidos nacionalistas) y no salen adelante. Pero, además de las aprobadas, otras enmiendas han brillado por su ausencia, al menos por el momento: la posibilidad de reducir por ley las ratios de alumnos por clase, probablemente una de las principales reivindicaciones, si no la más, del profesorado. Unidas Podemos registró su propia petición en este sentido, pero lo hizo sin el apoyo del PSOE y no ha salido adelante. Todo sigue igual en este aspecto: las ratios se mantendrán en un máximo de 25 alumnos por clase en Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato (ampliables todas un 10% en situaciones excepcionales que a veces no lo son tanto). El Ministerio de Educación y el PSOE aducen las cifras son un máximo y que en manos de las comunidades autónomas está bajarlas, si es su deseo.

"Cumplimos uno de nuestros compromisos, derogar la LOMCE, una ley retrógrada, mercantilizadora y que no podía la educación al servicio de la ciudadanía. Estamos especialmente satisfechos porque en estos tiempos tan complicados, en los que parece que el parlamento solo sirve para discutir, hemos dado buenas noticias a toda la ciudadanía", ha valorado en rueda de prensa Joan Mena, portavoz de Unidas Podemos.

Gobierno y nacionalistas vs la derecha

En cualquier caso, la LOMLOE está un pasito más cerca de ser una realidad y desembarcar en el sistema educativo el próximo curso como pretende el Gobierno –al menos parcialmente, la parte curricular tendrá que esperar porque requiere un lento desarrollo legislativo con Reales Decretos y bajar hasta las comunidades autónomas–. Será la octava ley educativa en 40 años de democracia, aunque no todas han supuesto una ruptura con lo anterior. Los partidos del Gobierno, PSOE y UP, han buscado el apoyo de ERC y otros grupos nacionalistas para superar la oposición de PP, Ciudadanos y Vox a las enmiendas que presentaron. Así, la suma de los votos de los partidos de centro izquierda y nacionalistas ha impuesto su mayoría para aprobar sus cambios y rechazar los de la derecha.

La nueva ley educativa prohibirá por tanto otorgar conciertos educativos a aquellos centros que segreguen a sus alumnos por sexo, una medida que introdujo José Ignacio Wert con la LOMCE (aquí una prolija cronología sobre la evolución legal del asunto de los conciertos a centros que separan por sexo). El PSOE la recurrió ante el Tribunal Constitucional, pero este la validó. Esta decisión del TC podría dar pie a que algún partido conservador recurra la prohibición. PSOE y UP argumentan que una cosa es que el Constitucional la avalara como legal y otra distinta que tenga que ser una realidad. La nueva redacción de la ley dice: "Los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas", según la ley de igualdad del 2007, y "no separarán al alumnado por su género".

No es la única novedad aprobada hoy respecto a la escuela concertada. La ponencia de Educación también ha acordado prohibir la cesión de suelo público para la construcción de escuelas concertadas, una medida que se ha realizado con cierta frecuencia en Madrid y antes, cuando gobernaba el PP, también en la Comunitat Valenciana. "Especialmente en la nueva concertada", ha matizado Mena.

Otra de las novedades en el articulado de la ley será la eliminación de la referencia –que también introdujo por primera vez la LOMCE y que la redacción original de la LOMLOE respetaba– de que el castellano debe ser "la lengua vehicular" de la Educación. Esta fórmula ha sido sustituida por un un genérico "las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, con conformidad con la Constitución española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable" destinado, según ERC, a "blindar la inmersión lingüística en Catalunya". La enmienda ha salido adelante con 26 fotos a favor, 16 en contra y una abstención, del PNV.

Pese a que, según los expertos, esto no va a tener mucho efecto práctico en las aulas porque la Justicia ya entró a regular el uso del castellano en la escuela catalana antes de que las leyes nacionales se preocuparan por la cuestión, el asunto también anticipa bronca política y, probablemente, recursos judiciales. Y eso que por el camino se ha quedado también una enmienda del PNV por la que pretendían los nacionalistas establecer el Euskera como lengua vehicular de la enseñanza en Euskadi (y en cada comunidad con lengua oficial la suya).

Además de estas enmiendas, la ponencia de la LOMLOE también ha aprobado enmiendas para introducir planes de contingencia ante situaciones de emergencia como la vivida este año (a nadie se le había ocurrido hasta ahora y por tanto no estaba previsto, de ahí en parte el jaleo legislativo de los últimos meses para ordenar la Educación a distancia, etc.); integrar a los profesores técnicos de la Formación Profesional en el cuerpo de profesores de Secundaria, una medida reivindicada por el sector y que supone un ascenso de facto para unos 30.000 profesionales; expandir la educación Infantil para que la oferta sea "pública, suficiente y asequible"; e introducir la memoria democrática en la escuela, una medida relacionada con la Ley de Memoria Democrática para ahondar en la educación en "un profundo conocimiento de la historia democrática de España".

Todas estas medidas aprobadas esta tarde tendrán que ser ratificadas en la Comisión de Educación la semana que viene, lo cual es previsible que suceda sin novedades con el apoyo de los mismos grupos que las han validado hoy, y de ahí pasarán al Pleno del Congreso para su aprobación y envío al Senado, donde todavía se podrán introducir más modificaciones antes de su vuelta definitiva al Congreso para que este valide o descarte los hipotéticos cambios que apruebe la Cámara Alta y la ley sea definitivamente aprobada (previsiblemente).

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