La Eurocámara mantiene abiertas las quejas de los afectados por la línea 7 de Metro de Madrid y las aparadoras

Las quejas han llegado a Bruselas y se mantienen abiertas. Se trata de los problemas de los afectados por las obras de la línea 7 de Metro de Madrid, que en muchos casos han tenido que abandonar sus casas, y las condiciones laborales de las trabajadoras del calzado, las llamadas aparadoras de Elche. Ambos conflictos han llegado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que ha decidido mantenerlas vivas para intentar darles una respuesta, a pesar de que la Comisión Europea se ha declarado incompetente para meter mano en los dos casos.

“Rabia e impotencia” es lo que ha relatado que siente el representante de la asociación de afectados de la línea 7 del Metro de Madrid por lo que ha definido como “abandono de la presidenta” de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por lo que ha dicho que son 15 años de desatención desde que las obras de esa infraestructura empezaron a causar daños en en centenares de viviendas de San Fernando y Coslada. Recientemente 24 familias han sido desalojadas. Además de solicitar al Parlamento Europeo que envíe una misión para analizar la situación sobre el terreno, la asociación ha pedido que “se investiguen las ayudas de fondos europeos” destinados a ese proyecto.

La Comisión de Peticiones, con el apoyo de socialistas, verdes, izquierda y liberales, ha decidido mantener el asunto abierto y tendrá que decidir si envía una representación, aunque en principio no sería pronto. Sin embargo, la representante de la Comisión Europea ha asegurado que no tiene capacidad para entrar en el tema porque no supone una aplicación como tal de la normativa europea, sino que es un asunto de carácter interno. “La Comisión Europea carece de potestades generales para intervenir”, ha expresado.

“La UE tiene que dar respuesta”, ha expresado la representante del PSOE, Cristina Maestre. El de Ciudadanos, Adrián Vázquez, abogó por no “polarizar” el asunto en términos políticos y defendió mantener la petición abierta “siempre que las partes se sienten en Madrid y encuentren una solución inmediata a este problema”. “Cuando se trata de ciudadanos, hay que estar para protegerlos”, dijo Ana Miranda (verdes), que aseguró que la Eurocámara está “cuestionada” por el escándalo del Qatargate y debe “dar ejemplo”. La eurodiputada de IU Sira Rego afeó a la Comunidad de Madrid que enviara un representante a la comisión para “desplegar un mar de recursos y acciones que no se han puesto a funcionar”.

“Estoy perplejo porque tras escuchar a la Comisión, que ha dicho que no se tiene competencia, que se mantenga una petición abierta como esta (...) es una cuestión electoral, ruido mediático”, se quejó el eurodiputado del PP Pablo Arias, que emplazó a los vecinos a sentarse con la Comundad de Madrid para “buscar una solución definitiva”. “No vengan como si fuera eso un ring para empezar una campaña electoral”, reprochó al resto de grupos.

“No es demagogia, no es política, es la realidad que estamos viviendo 600 personas con muchas afecciones”, le contestó el representante de la asociación, que reclamó “solidaridad con los vecinos” y lamentó los “realojos infrahumanos”: “Hemos tenido dos años para sentarnos con la Comunidad de Madrid y siempre se han negado”. 

Las condiciones precarias de las aparadoras

Horas más tarde llegó la petición de las trabajadoras del calzado, que reclamaron la intervención de Europa ante la situación laboral precaria que tienen. “Estamos en casa, en talleres clandestinos y fábricas”, expuso la representante, Inmaculada Matute, que relató cómo trabajan jornadas interminables por dos o tres euros la hora que han llegado a ser 1,5 euros en algunos momentos. Y puso otras cifras sobre la mesa: 7.300 mujeres que trabajan sin cotizar y, por tanto, sin derecho a la pensión cuando les llega la edad de jubilación.

Matute explicó que recurren a Europa por la “dejación institucional” en España dado que el Ministerio de Trabajo les ha dicho que no es su competencia y el de Seguridad Social no ha dado respuesta. “Nada de lo que dice el marco europeo y la directiva se cumple en este caso”, afirmó.

También en este caso la Comisión Europea rechazó tener competencias y dejó todo lo relativo al reconocimiento de las cotizaciones, de las enfermedades laborales y la aplicación de las normas en materia de empleo. “Son las autoridades nacionales las que deben intervenir cuando no se cumplen las normas”, resumió la representante del Gobierno comunitario, que dijo que no quedaba claro que se hubieran contactado con ellas, lo que produjo una gran indignación en la portavoz de las aparadoras. “Jamás pensé que íbamos a venir aquí a hacer una petición a escuchar tanta mentira y las bondades del calzado”, contestó antes de asegurar que un estudio dela Universidad Miguel Hernández apunta a que el 80% de la industria del calzado es “clandestina y sin control”.

“Cuando hay economía sumergida y es evidente que estamos ante una industria que tiene una parte en economía sumergida es una lastra”, dijo la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñeiro. “Mirar hacia otro lado me parece una vergüenza”, denunció Miguel Urbán (Anticapitalistas), que denunció que la industria se está “lucrando con calzados que se fabrican por 1,5 euros y se venden por mil. Eso está pasando en Europa”.

El eurodiputado del PP Leopoldo Gil López salió en defensa de la patronal del calzado hacia la que se deshizo en halagos. “Las empresas están comprometidas con sus trabajadores, han subido los salarios”, afirmó antes de asegurar que contaban con “buenas prácticas, empleo digno de calidad y proyección de futuro”. “Las empresas, no solo de Europa sino del resto del mundo, confían en el producto pero también en las personas que las elaboran y sus empresas”, agregó sobre uno de los sectores económicos más relevantes de la Comunidad Valenciana.

La decisión de la Comisión de Peticiones fue mantener abierta la queja y solicitar a las Cortes Valencianas el estudio que elaboró en una comisión de investigación para hacérselo llegar las comisiones de Empleo y a la de Derechos de las Mujeres de la Eurocámara, lo que fue acogido con satisfacción por las aparadoras.

El organismo ha tumbado, por otra parte, la intención de Vox de mantener una denuncia sobre la presunta inseguridad en algunos barrios de Catalunya que ha elevado la 'Plataforma por unos barrios seguros' con un discurso anti-inmigración.