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“Si yo paro, tú no andas”: la lucha de las aparadoras del calzado para que se reconozca su trabajo

Aparadoras trabajando en un taller de calzado en Elche (Alicante)/Archivo

África Gelardo Arrebola

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La marca ‘made in Spain’ del calzado está construida sobre años de trabajo de mujeres precarias, mal pagadas, invisibles. Las aparadoras de la comarca del Baix Vinalopó, en la provincia de Alicante, llevan años reivindicando mejores condiciones laborales, pero tras los meses de pandemia su situación ha empeorado. Pasaron de no existir para la sociedad a ser reconocidas por confeccionar mascarillas y material sanitario durante los meses de confinamiento. Ahora estas mujeres vuelven a ser olvidadas. 

“Si yo paro, tú no andas” rezaban las camisetas del grupo de aparadoras que el pasado miércoles 23 de junio llevaron cerca de 50.000 firmas al Ministerio de Trabajo para reivindicar su situación laboral. La mayoría son mujeres de mediana edad que han pasado gran parte de su vida sentadas delante de una máquina de coser y que se encargan del aparado, una de las partes iniciales en el proceso de fabricación del zapato que consiste en la unión de sus piezas.

“Es como si no existiera”

Dolores, de 51 años, fue una de las que cambiaron los zapatos por ‘mascaretas’ de manera solidaria. La mayoría había dejado de trabajar, estaban confinadas y sin ningún tipo de ingreso, sin nada que hacer. Como otras muchas, ella también lleva toda la vida trabajando en su casa, cobrando de manera irregular y sin ningún tipo de prestación: “Llevo desde los 15 años en esto y tengo un año y medio cotizado. Es como si no existiera”.

La trabajadora explica que en todo este tiempo de pandemia nadie les dio “ninguna opción”, la gente aclamaba su trabajo con las mascarillas, pero luego se olvidaron de ellas. Dolores se pregunta cuándo se podrá jubilar, porque sin haber cotizado apenas, augura aparar “hasta con setenta años”. Sin embargo, cuenta su experiencia entre risas: “Hace dos meses hice una faena por la que me debían más de 300 euros y me dieron 30, así que la tiré al contenedor”.

En el trabajo en casa, las aparadoras pagan la electricidad, las agujas, y las reparaciones de las máquinas. Trabajan durante horas para poder sacar la faena en el menor tiempo posible, porque si no, “le dan el trabajo a otra persona”. Ella trabaja el par de zapatos por 1,75 euros, pero a veces se lo pagan a 1,5: “Luego los veo en el escaparate a 170 euros”, añade entre risas.

Por su parte, Paqui, de 55 años, explica que ella sí estuvo trabajando antes de la pandemia en un taller: “Trabajas 12, 13 o 14 horas diarias, según la temporada y la faena. Si les pides un contrato, te echan a la calle porque hay otra esperando en la esquina. Si quieres trabajar, tienes que hacerlo con sus condiciones”.

Después del confinamiento, Paqui trabajó dos meses, pero lo hizo de manera irregular, así que no pudo cobrar el paro, el único ingreso que recibe en la actualidad es una paga por malos tratos: “Cuando termine esto, no tendré otro ingreso, porque mi hijo me tiene que mantener. ¿Tú te crees que eso es vida?”.

Deuda histórica

Isabel Matute, presidenta de la Asociación de Aparadoras y Trabajadoras del Calzado de Elche, asegura que la situación de las mujeres aparadoras se ha agravado tras la pandemia: “Nadie se puede imaginar lo mal que lo hemos pasado con la pandemia. Lo que ha sido estar más de un año sin cobertura de ningún tipo porque no tenemos contratos, la gente no se ha podido acoger a ERTES, y los contratos que había eran de media jornada”.

Matute habla de una “deuda histórica” que tienen estas ciudades con las mujeres y asegura que “la tienen que pagar, ya sea en los tribunales o en Luxemburgo”. Ella, junto a otros miembros de la asociación, fue la encargada de hacer llegar más de 45.000 firmas a Héctor Illueca, director general de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a quien transmitieron la situación de vulnerabilidad en la que viven.

En la reunión, Illueca se comprometió a trasladar la situación de las aparadoras a la ministra Yolanda Díaz, así como a establecer un “canal de comunicación directo para tener conocimiento de sus denuncias en materia de inspección”.

Economía sumergida

Gran parte de este tipo de trabajos en algunas ciudades alicantinas como Elche, Elda o Petrer, corresponden a la economía sumergida. Según Carmen Palomar, de Comisiones Obreras, se estima que un 25% de los empleos relacionados con el calzado corresponden a este tipo de economía.

Palomar explica que, con la pandemia, muchas empresas del sector optaron por no mandar a sus trabajadores a ERTE, sino al paro, lo que supuso un “perjuicio para los trabajadores”. Asimismo, sostiene que la comarca “se ha especializado” en ese tipo de trabajo, donde algunas empresas tienen talleres subcontratados y estos, a la vez, otros talleres, que cuentan incluso con “protocolos para avisar de las inspecciones, como timbres o sitios para que se escondan los trabajadores”. Por eso, cuando se celebra la calidad del calzado de la zona, “deberíamos fijarnos también en qué condiciones se fabrica”.

Desde la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado, Avecal, explican que la pandemia provocó en 2020 una caída del Índice de la Producción Industrial del 28,2% en el calzado, “una caída histórica” que llevó a la pérdida de “unos 19.000 puestos de empleo”. Según cuentan por correo electrónico, las empresas se encuentran en una situación de recuperación, pero siguen “bastante lejos de alcanzar las cifras de consumo” de antes de la pandemia.

Respecto a la situación irregular de las trabajadoras, el presidente de Avecal, Marián Cano, asegura que están “totalmente en contra de cualquier práctica relacionada con la economía sumergida”, ya que, además, “supone una práctica de competencia desleal” para las empresas que sí cumplen la legislación.

Reconocimiento de años de experiencia

Fini Sánchez, presidenta de la asociación de aparadoras MAIA, aclara que un aspecto fundamental para que se pueda mejorar esta situación es la formación profesional, así como crear una bolsa de trabajo y expedir acreditaciones oficiales según los años de experiencia trabajados.

A partir de septiembre se podrán solicitar las evaluaciones para obtener estas acreditaciones. Como explica el profesor Joaquín Parejo, jefe de estudios del instituto Sixto Marco, el único de la comarca que ofrece todas las formaciones profesionales del calzado, los certificados “ponen en valor el trabajo de estas mujeres”.

Las aparadoras llevan décadas en esta situación, pero tras más de un año de pandemia, tienen claro que no quieren volver a pasar por lo mismo, quieren ser escuchadas y valoradas: “Lucharemos hasta donde podamos, hasta el final. Y si nosotras no lo vemos, por lo menos que sí lo vean las que vienen detrás”.

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