Bruselas da un ultimátum a España por incumplir una sentencia medioambiental en una autovía en Madrid
La Comisión Europea ha abierto un expediente a España por no haber cumplido la ley a la hora de legalizar la autovía M-501 que atraviesa zonas protegidas de la Comunidad de Madrid tras el fallo que el Tribunal Europeo de Justicia emitió contra este proyecto en 2011.
El Ejecutivo comunitario ha pedido explicaciones por escrito ya que considera que España no ha ejecutado aún aquella sentencia que condenó al estado por saltarse la legislación en cuanto a la evaluación y compensación de daños a la naturaleza infringidos por la infraestructura en el suroeste de la región. “Persisten importantes deficiencias e interrogantes acerca de la plena ejecución de la sentencia desde el punto de vista del contenido como de la ejecución oportuna”, analiza la CE en su escrito, que ha podido revisar eldiario.es.
La llamada carretera de los pantanos fue convertida en autovía (desdoblada) sin estudio de impacto ambiental previo. La entonces presidenta Esperanza Aguirre (PP) le aplicó el calificativo de “interés general” para saltarse ese trámite. Eso provocó que, a la larga, fuera declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2008 y ratificado por el Tribunal Supremo en 2011. La ejecución de esa sentencia nacional todavía se dirime en los juzgados. Al mismo tiempo, la CE denunció a España por incumplir las leyes medioambientales. También hubo fallo negativo para la autovía.
Con la carretera funcionando, la Comunidad de Madrid trató de legalizar a posteriori el proyecto. A finales de 2013, encargó y pagó un estudio de impacto ambiental que, ya en agosto de 2014, resultó favorable. El Ejecutivo regional remitió a Bruselas su evaluación y medidas compensatorias. Pero este movimiento no ha convencido a la Comisión Europea que ha especificado a eldiario.es que “existen fallos en la declaración llevada a cabo a posteriori que deben ser explicados por las autoridades”. Además, la dirección general europea de Medio Ambiente avisa que “hará falta estudios complementarios para analizar los efectos” que ya ha provocado la carretera. La Comisión añade en su emplazamiento “al Reino de España” que “hasta el momento, no hemos sido informados de la implementación de todas las medidas identificadas para mitigar el efecto causado por la autovía”.
Los carriles atraviesan una porción de los Encinares de los ríos Alberche y Cofio, una zona de expansión del águila imperial y, recientemente corroborado, del lince ibérico. “Es que no se ha cumplido con ninguna de las sentencias contra esa carretera”, cuenta el director de Conservación de la Sociedad Española de Ornitología (SEO), Juan Carlos Atienza. “El objetivo es que las decisiones de los jueces tengan consecuencias, no que se queden en papel mojado con una política de hechos consumados”, puntualiza.
Cruza la Red Natura 2000
La asociación Ecologistas en Acción fue una de las que demandaron el proyecto y ganaron el caso en los tribunales españoles. “Seguimos pidiendo la ejecución de la sentencia”, cuenta María Ángeles Nieto. Nieto entiende que “al Tribunal Superior de Justicia parece que le ha convencido la Declaración de Impacto Ambiental a posteriori que firmó la Comunidad, pero la Comisión Europea ha dicho que eso no puede ser”.
Todo el trazado de esta carretera discurre por zonas de especial protección para la aves y lugares declarados de importancia por la Unión Europea. Forman parte de la Red Natura 2000. Desdoblarla supuso la tala de cientos de árboles, la ocupación de terreno y la multiplicación del tránsito de vehículos (unos 50.000 al día). Madrid adujo que lo que pretendía era reducir la siniestralidad de la vía.
La información con la que España ha tratado de justificar el proyecto ante Bruselas no realiza una “evaluación clara de los efectos ambientales y (...) las repercusiones reales de la obra que es la única manera de definir las medidas para compensar [dichos efectos]”. Tras el envío de este apercibimiento –con fecha oficial de 20 de noviembre de 2015–, España tiene dos meses para contestar satisfactoriamente o enfrentarse a un nuevo proceso judicial, en este caso por incumplimiento de sentencia. “Es temprano para hablar de multas”, informan fuentes de la Comisión que esperan “ayudar a las autoridades españolas a tomar las acciones necesarias para cumplir la legislación”.
