El Gobierno prepara un plan para entrar en la basílica a exhumar a Franco aunque la Iglesia se oponga
El Gobierno está determinado a sacar a Francisco Franco del Valle de los Caídos salvo que el Tribunal Supremo paralice el procedimiento de exhumación aceptando medidas cautelares solicitadas por sus nietos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez prevé entrar en la basílica donde está enterrado el dictador incluso si la Iglesia no le concede la autorización, como ha sucedido durante la instrucción del procedimiento.
eldiario.es ha tenido acceso a información sobre el acuerdo adoptado por el Ejecutivo, cuyo argumento es que la entrada en la basílica no supone una violación del derecho de culto y considera que el lugar, a pesar de ser sagrado, está supeditado al ordenamiento jurídico. Así, el Ejecutivo sostiene que podrá acceder a la basílica aunque el prior o la Iglesia no le dé la preceptiva autorización eclesiástica.
En el proceso de ejecución de la exhumación, el Consejo de Ministros podrá adoptar el “acuerdo de habilitación correspondiente” para garantizarse el acceso. El acuerdo habilita al Consejo de Ministros para adoptar las decisiones de ejecución que sean necesarias para realizar la exhumación, según la información a la que ha accedido esta redacción. Eso conlleva la facultad para realizar “los actos complementarios de ejecución material” de la decisión de sacar los restos del dictador entre los que “se incluyen los relacionados con el acceso a lugares de culto como es el caso de la Basílica del Valle de los Caídos”.
No obstante, en el Gobierno están convencidos de que no va a ser necesario llegar a esa suerte del 'plan B' porque la Iglesia le concederá el permiso de acceso ya que la orden de exhumación se ha adoptado en el Consejo de Ministros y encuentran razones “jurídicas y políticas” para que lo haga. “No se puede oponer a una decisión del Gobierno, sería un escándalo nacional e internacional”, explican fuentes gubernamentales.
El proceso de exhumación está ya en marcha tras su aprobación en el Consejo de Ministros el pasado viernes y la decisión le ha llegado ya a la representación legal de la familia Franco. El Ejecutivo otorga a los nietos del dictador un plazo de quince días para que elijan un destino para los restos de su abuelo y que sea distinto a la cripta de la Almudena, porque encuentran razones de seguridad y orden público, además de incumplimiento de la ley de memoria histórica, para que acaben allí.
Uno de los argumentos del Ejecutivo es, además, que los familiares no tienen “derecho a exigir que su pariente permanezca en el lugar de enterramiento que le fue originariamente asignado al ser tal lugar de enterramiento un espacio de titularidad pública” sino que los poderes públicos pueden determinar el distinto uso de los espacios. Así, el sustento jurídico del Gobierno -que cita jurisprudencia no solo civil y eclesiástica española sino también internacional- compara la situación de Franco con las inhumaciones en los cementerios públicos.
La familia podrá presenciar la exhumación
Si en ese plazo de 15 días los familiares no dan una respuesta o no hay unanimidad en ella, el Consejo de Ministros decidirá el destino para la reinhumación. Los familiares del dictador podrán estar presentes durante el proceso de exhumación en la basílica del Valle de los Caídos donde fue enterrado y donde Sánchez considera que no debe descansar por tratarse de un lugar público en cumplimiento de lo aprobado en el Congreso de los Diputados.
“Habrá de garantizarse, en todo caso, la dignidad y respeto en el tratamiento de los restos mortales, así como la intimidad y la libertad religiosa de los afectados, el derecho de los familiares a estar presentes en el momento de la exhumación, traslado e inhumación, así como la seguridad tanto de los restos mortales como del orden público”, reza el acuerdo gubernamental. En el Gobierno creen que la fecha en que Franco saldrá del Valle de los Caídos acabará siendo conocida, aunque su previsión es que sea un acto privado e íntimo.
En el proceso de exhumación, que se ha alargado casi todo el mandato de Sánchez, el Gobierno se ha topado con más obstáculos de los que inicialmente había previsto. Han presentado alegaciones tanto la familia, como el presidente de la Fundación Franco, la abadía y el prior, que muestra su negativa a la exhumación aduciendo, entre otras cosas, que el decreto obligaría a exhumar a los monjes allí enterrados. ¿Por qué? El sistema para sacar a Franco del Valle elegido por el Gobierno ha sido modificar la ley de la memoria histórica para que solo puedan estar enterrados en la basílica los fallecidos durante la guerra civil. Como Franco no lo es, tendría que salir.
Lo que alega Santiago Cantera es que también hay monjes enterrados que no son víctimas de la guerra y que habría que desenterrarlos. Sin embargo, el cementerio de monjes no está en la basílica donde está Franco sino a espaldas de la abadía, al aire libre y entre colinas. También han mostrado su oposición al proceso los hermanos de dos monjes fallecidos, reforzando la teoría del prior o la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, la que denunció al humorista Gran Wyoming.
