El Gobierno pide que Cataluña repita todo el proceso de matriculación en los colegios porque “erradica” el castellano
El Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la normativa que regula la preinscripción y matriculación de los niños en los colegios catalanes para el curso que viene. El Ministerio de Educación entiende que la Generalitat no garantiza el derecho de las familias a escolarizar a sus hijos en castellano y solicita al tribunal de manera cautelar que se abra un nuevo plazo “donde las familias puedan por cualquier medio solicitar el castellano como lengua vehicular de sus hijos”, según explica la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio.
En la guerra que mantienen Gobierno y Generalitat por la escolarización en castellano es la primera vez que Madrid recurre este proceso de preinscripción, que por otra parte no ha variado este año. Gomendio explica que en el formulario que se facilita a las familias para realizar este proceso no hay casilla para elegir el castellano como lengua principal para recibir las clases y que a quién manifiesta que ésta es su lengua materna (esta opción sí se ofrece) se le remite a una “atención individualizada”, hechos ambos que van contra la normativa vigente.
El Gobierno asegura que en el resto de las comunidades con lengua cooficial se respetan estas cuestiones, pero que el modelo de inmersión lingüística en Cataluña “erradica en la práctica el uso de castellano como lengua vehicular”. Según Gomendio, el mínimo de referencia de uso del castellano se fija en un 25% de las horas lectivas efectivas, siguiendo el criterio establecido por el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en sentencias anteriores. En la práctica, este 25% se traduce en que se impartan, al menos, dos asignaturas troncales en castellano. En el modelo catalán se imparte solo Lengua Castellana, según el Gobierno.
Ante la negativa de la Generalitat a modificar el sistema, que se mantiene igual desde hace varios cursos, el Ministerio ha optado este año por recurrir la normativa. Educación se basa en que “el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han declarado reiteradamente el derecho a que el castellano se utilice como lengua vehicular en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en una proporción razonable”.
Las familias que quieren que sus hijos se eduquen en un sistema “bilingüe” (“que no castellano”, aclaran) han acogido la medida con satisfacción. “Supone un cambio de rumbo, es la primera medida contundente que se toma en defensa de las familias”, valora Ana Losada, presidenta de la Asociación por una Escuela Bilingüe de Catalunya. Pero a la vez se muestra realista: “La Generalitat lleva 30 años saltándose las sentencias judiciales al respecto. También entendemos que es una medida de difícil ejecución por el momento en el que estamos”, afirma en alusión a que ya se ha cerrado el plazo y los procesos están en marcha.
Las familias acusaban hace poco a Educación de buscar sólo el titular con sus actuaciones educativas en Cataluña. En la redacción de la LOMCE, el ministerio legisló para que quién quisiera pudiera solicitar educación en castellano (bilingüe) en los centros públicos, y que si el que le tocaba no se la ofrecía le pagaría la matrícula de un colegio privado que sí lo hiciera (restando de los fondos que se transfieren a la Generalitat). Pero dos asociaciones de familias por una educación bilingüe acusaron al departamento de Wert de no poner los medios para que esto se realizara de forma efectiva.
En este momento, para las familias que quieren matricular a sus hijos con más carga de castellano de la que está ofreciendo la Generalitat hay dos opciones. La primera, “más lenta pero más segura”, según Losada, pasa por matricular a sus hijos en un centro de su elección, solicitar las horas de castellano (la AEB lo cifra en un 30%) y ante las negativas que irán recibiendo, presentar primero una instancia, luego un recurso de alzada y finalmente acudir al TSJ.
La segunda opción, “más rápida pero con más riesgo”, es seguir los caminos de la ley Wert: se pide un colegio público, se demuestra que no está dispuesto a ofrecer ese mínimo de castellano y se inscribe al niño en un colegio privado. Luego se solicita a Educación el reembolso de las cantidades, tal y como estipula la LOMCE. Pero Losada advierte de esta opción: “Esta ley durará lo que dure el Gobierno apoyándola. Es más rápida porque en septiembre tienes a tu hijo escolarizado, pero va a haber elecciones y quizá se derogue la ley...”.
