El Gobierno renuncia a reforzar la protección de los menores víctimas de violencia machista
Nada ha cambiado desde que el pasado viernes la ministra de Sanidad, Ana Mato, anunciara la creación de un registro en el que incluir a los niños víctimas de violencia de género y la modificación de la Ley Integral para conferirles el estatus de víctimas. Detrás de este anuncio -hecho apenas una semana después del asesinato de una niña de seis años en Campillos (Málaga) cometido por su padre, condenado por violencia de género- no hay, sin embargo, ningún cambio práctico, ninguna mejora en su protección, al menos de momento.
A pesar de que tanto la Ley Integral contra la Violencia de Género como el Código Civil prevén medidas que permiten actuar para proteger a los niños víctimas de violencia machista -como la retirada de la custodia o del régimen de visitas- estas apenas se aplican. “Los niños que viven una situación de violencia de género son también víctimas, directas o indirectas. Y hay que hablar de los derechos de los niños, no solo de los derechos de los padres. Sin embargo, nos encontramos con que se tiende a primar el derecho de los progenitores. Los jueces muchas veces te obligan a pronunciarte sobre un régimen de visitas porque su padre tiene que verlo sí o sí, no se individualizan los procesos ni se valora el riesgo como debería. No creemos que, por ejemplo, siempre haya que suprimir el régimen de visitas pero cada caso debe ser analizado y se debe evaluar el riesgo que entraña para los menores mantener la relación con su padre”, aseguran Laura Fátima Asensi y Miguel Díez Jorro, psicólogos forenses y profesores de la Universidad de Alicante. Estos expertos señalan que, muy al contrario, cuando los jueces les piden informes sobre un caso de violencia de género, “rara vez” les piden que incluyan a los niños.
Varias organizaciones de mujeres consideran que cualquier plan o medida que pretenda actuar sobre los menores tiene que incluir “cambios integrales” que insistan en la formación de agentes especializados en la intervención con menores, desde trabajadores sociales a psicólogos y agentes de las fuerzas de seguridad del estado. “Siempre que exista violencia de género tiene que haber una valoración del riesgo para los menores. Que tengan el estatus de víctimas debe conllevar medidas judiciales efectivas”, dice Susana Martínez Novo, presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, que menciona por ejemplo la posibilidad de rescindir la patria potestad o los regímenes de visitas en el caso de los padres condenados. “Los juzgados de violencia de género también deberían ser competentes para conocer, por ejemplo, los delitos de impago de alimentos porque la vida de los hijos empieza en el derecho a poder comer”, apunta.
Para Miguel Lorente, ex Delegado contra la Violencia de Género del Gobierno y especialista en medicina legal y forense, el punto de partida es que un hombre que maltrata a una mujer “es un mal padre y no es coherente con una buena paternidad”. El experto también incide en que los menores son víctimas de violencia machista, pero alerta del riesgo de vaciar de contenido el concepto violencia de género: “Los menores siempre han sido considerados víctimas de violencia de género, de hecho es una de sus características, que se trata de violencia extendida que se puede dirigir a otras personas, muchas veces menores, para hacer daño a la mujer. Pero luego está la violencia contra los menores. Hay que diferenciar porque se puede dar la paradoja de que un progenitor solo maltrate a su hijo y se considere violencia de género cuando no lo es ”.
En cualquier caso, Lorente considera que los registros son necesarios pero que deben tener un objetivo más allá de constituir una mera contabilización. “La Ley sin necesidad de modificar tiene espacio suficiente para prevenir la violencia de género en los menores, tratarlos y prevenirlos”, dice el ex Delegado contra la Violencia de Género, que sí admite que durante los procesos no se están evaluando los casos individualmente ni teniendo en cuenta a todas las personas implicadas, también los hijos. “Cada caso requeriría atender a todas las personas involucradas, analizarlas y así el juez tendrá más información para tomar medidas específicas, también para proteger a los menores”, explica.
La presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Ángela Cerrillos, también manifestó hace unos días que el Código Civil y la Ley contra la Violencia de Género ya contienen “suficientes medidas” para eliminar la custodia o las visitas a menores por parte de padres condenados por casos de violencia de género pero lamentó que no se apliquen.
Desde Hombres por la Igualdad, Pere Fullana, miembro de su coordinadora estatal y trabajador social, señala que la figura paterna “se debe alejar de toda acción violenta o agresiva” y que la violencia de género genera en los niños un “desequilibrio en sus parámetros de convivencia, miedos e inseguridades”. “Hay que reclamar a la administración que haya recursos públicos suficientes para atender a los niños y poder personalizar en cada caso. Falta rigor y eficacia para detectar todas las situaciones y poder trabajar en prevención”, asegura Fullana.
