La Iglesia española aprovecha el 'No' al aborto en Argentina para exigir al Constitucional que derogue la ley de Zapatero

Los obispos españoles entran en política... también en Argentina. El “no” del Senado argentino a la despenalización del aborto en el país, respaldado con todas sus fuerzas por los obispos católicos (y por el resto de confesiones cristianas, que convocaron marchas, vigilias y concentraciones denominadas “a favor de la vida”), también ha tenido su eco en la Conferencia Episcopal española.

Así, el portavoz de los obispos, José María Gil Tamayo, se ha destapado este viernes con un tuit en el que aprovecha la polémica en Argentina para exigir al Tribunal Constitucional que “tome nota” y responda a la cuestión de inconstitucionalidad planteada, hace ya ocho años, por el entonces responsable de Justicia del Partido Popular (y miembro del Opus Dei), Federico Trillo, contra la Ley del Aborto aprobada por el Gobierno Zapatero.

“Gracias a Dios y a la responsabilidad, nacida de la recta razón, el Senado argentino ha afirmado con su 'no' al aborto el valor de la vida, frente a quienes desean imponer la muerte de un inocente so capa de progreso. Ojalá el Tribunal Constitucional español tome nota. Llevamos años de espera”, aduce el portavoz episcopal, que no es el único obispo que hace referencia a lo acaecido en Buenos Aires.

Otro de los adalides del ultracatolicismo, el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, pobló sus redes sociales con la imagen de un bebé recién nacido sonriente y, bajo la etiqueta #ArgentinaDefiendeLaVida, afirma que “por si no lo has adivinado, este niño/a es argentino”.

Lo cierto es que sin el apoyo de la jerarquía eclesiástica y sus presiones, probablemente hoy el aborto sería una realidad en Argentina. Hay que recordar que el mismo día en que el Senado debatía y votaba la reforma, la práctica totalidad de los obispos del país convocaban una Misa por la Vida en la catedral de Buenos Aires, a pocos metros de la Cámara Alta, en la que el cardenal Mario Poli (sustituto del Papa Francisco en la diócesis) subrayaba que “el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, pone a los indefensos y vulnerables seres humanos que se están gestando en un camino sin salida, excluidos de la legítima defensa, sin juicio ni proceso”.

“Solo les corresponderá el deber de aceptar morir sin más. Porque sabemos que detrás de la incomprensible palabra interrupción no hay nada más”, afirmó Poli, quien exhortó a cada cristiano a elevar “la voz de los que no pueden hablar; en defensa de las dos vidas: la de la madre y la del bebe”.

El 'teólogo del Papa', en contra

El único obispo que, hasta el momento, se ha desmarcado de la ola de jolgorio desatada en la Iglesia argentina tras el voto negativo del Senado ha sido el arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, considerado el teólogo del Papa, quien en un comunicado ha confesado que “no me atrevería a salir a festejar por el ‘no' al aborto, porque creo que ni los legisladores ni la sociedad en general pueden irse a dormir tranquilos”.

Para monseñor Fernández, la Iglesia debe reconocer “las tareas pendientes”, entre las que destaca “cómo haremos para acompañar los embarazos no deseados, para ayudar a las mujeres con problemas a no tener que llegar al extremo del aborto, para facilitar la adopción, para prevenir el embarazo adolescente, para fomentar una paternidad responsable, para mejorar el acceso a la salud de las mujeres pobres (son muchas más las que mueren por llegar al parto desnutridas o enfermas que las que mueren por aborto)”.

Miles de apostasías

La posición de la Iglesia argentina ha provocado que, en los últimos días, miles de personas hayan firmado sus declaraciones de apostasía, o renuncia a la fe, como forma de castigo a la Iglesia por ayudar a frenar el aborto. De este modo, al tener menos fieles, defienden que la institución recibiría menos ayudas del Estado.

“Queremos que se sinceren los números de fieles. La Iglesia usa el número de bautizados para reclamar privilegios del Estado… el Estado aporta 20 mil millones de pesos anuales y recibe entre 500 y 1.000 propiedades por año”, afirmó Marcela Brusa, una de las organizadoras del boicot a la Iglesia, denunciando “la injerencia de la Iglesia católica en el aborto”.