Igualdad propone volver a adjudicar a Vodafone las pulseras de control a maltratadores

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG), ha propuesto la adjudicación del contrato del servicio de las pulseras telemáticas para maltratadores a la UTE formada por Vodafone España y Securitas Seguridad España, la misma que lo gestionaba hasta ahora y que fue multada por el propio Ministerio con 25.000 euros por la caída del sistema el pasado noviembre.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, el presupuesto base de la contratación es de 71,37 millones de euros, IVA incluido, y un valor estimado que supera los 111 millones de euros, al considerarse dos prórrogas anuales adicionales a los tres años de contrato. Vodafone se ha impuesto así a la otra única empresa que se presentó a la licitación, una alianza formada por Orange y Verisure. Según informa Igualdad, la adjudicación es de momento provisional a la espera de la ratificación de la documentación y de los posibles recursos.

El proceso de adjudicación ha constado de dos fases, una basada en la calidad técnica y otra en los criterios automáticos. En el primer bloque, la UTE de Vodafone-Securitas logró 14 puntos más que la otra compañía, afirma Igualdad, que apunta a “una mayor calidad global en la respuesta técnica, de acuerdo con las conclusiones de la mesa técnica que ha evaluado las propuestas”. También la misma empresa superó a la alternativa en la oferta económica. Según el Ministerio, Vodafone “incorpora mejoras sustanciales en los tiempos de resupuesta críticos”.

Tal y como publicó Europa Press hace unos días, la empresa de telecomunicaciones obtuvo 41,3 puntos en la valoración conjunta frente a los 26,7 de Orange. Además, en cuanto a la oferta económica, la primera presentó un presupuesto de 67,5 millones de euros, algo más barato que los 70,3 de su competidora.

Según ha comunicado el Ministerio, la oferta también ha recibido “la puntuación máxima” al incluirse funcionalidades “avanzadas” en los dispositivos como “la conectividad mediante eSIM, la capacidad de gestión remota de dispositivos y la integración de sensores de movimiento de bajo consumo”. Igualdad ha defendido en los últimos meses que el nuevo contrato incorpora “mejoras” respecto al anterior y después de la grave crisis que atravesó el Ministerio tras los fallos detectados en el sistema, que motivaron la apertura de una investigación interna.

La Fiscalía denunció el pasado noviembre en su memoria anual que a finale de 2024 había ocurrido una pérdida de datos durante la migración de sistemas al cambiar de adjudicataria, que anteriormenta era Telefónica. El Ministerio Público advirtió de que esto había provocado absoluciones y sobreseimientos en casos de quebrantamientos de órdenes de protección, aunque después aclaró que el fallo fue “puntual” y que “las mujeres estuvieron protegidas en todo momento”.

Las denuncias, sin embargo, se amplificaron por parte de las trabajadoras del servicoi, que alertaron de una situación de “caos” y numerosos problemas internos. El servicio llegó a sufrir una incidencia que lo mantuvo inactivo durante el pasado 11 de noviembre que obligó a activar el protocolo de protección de víctimas. El Ministerio impuso una sanción de 25.000 euros a Vodafone por este hecho el pasado mes de marzo.