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Un informático de la Rey Juan Carlos, cuarto imputado por la querella de Cifuentes contra los periodistas de eldiario.es

El informático de la universidad pública Javier Pérez es el cuarto investigado de esta pieza, junto a un profesor y los periodistas de eldiario.es Ignacio Escolar y Raquel Ejerique

El caso lo inició Cifuentes, que se querelló en abril de 2018 por un delito de "revelación de secretos" tras la publicación de la exclusiva que acabó con su dimisión

Pérez declarará por petición de la Fiscalía, que ha solicitado su testimonio para indagar en el origen de la información después de que Escolar y Ejerique se negasen a revelar sus fuentes

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La oposición preguntará a Cifuentes por su máster en el pleno de la Asamblea

La oposición preguntará a Cifuentes por su máster en el pleno de la Asamblea EFE

El juzgado de instrucción número 29 de Madrid ha sumado a un cuarto investigado por la querella que interpuso Cristina Cifuentes contra dos periodistas y un profesor universitario tras publicarse que había obtenido su máster con notas falsificadas. El último investigado es Javier Pérez, que forma parte del personal de administración y servicios (PAS) en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid donde trabaja como informático.

La citación del juez le llama a comparecer como investigado el próximo 29 de marzo tras acceder a una petición de la Fiscalía, a la que "interesa como única diligencia" esa declaración, según el escrito judicial, ya que quiere seguir ahondando en el origen de las informaciones publicadas por eldiario.es que acabaron con la dimisión de la expresidenta. Por ese motivo el juez de instrucción le ha llamado a declarar como investigado.

Esta investigación judicial es fruto de la querella por el delito de "revelación de secretos" que interpuso la expresidenta el 4 de abril de 2018 -el mismo día que El Confidencial reveló que dos de las tres firmas del acta del TFM de Cifuentes estaban falsificadas-. En esa querella, Cifuentes pedía condenar por un delito agravado de "revelación de secretos"al director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y a la periodista que destapó el caso del falso máster de Cifuentes, Raquel Ejerique. El delito que la presidenta atribuye a los dos periodistas conlleva penas de hasta cinco años de prisión. La querella pide también la condena de un profesor universitario de la Universidad Rey Juan Carlos por el mismo delito.

Esta acción judicial fue la respuesta a la publicación de una serie de exclusivas sobre la vida académica de la expresidenta, unas informaciones que han sido objeto de otra investigación en el juzgado 51 de instrucción y que se conoció como Caso Máster. Por allí pasaron a declarar la propia Cifuentes, el director del máster (Enrique Álvarez Conde), alumnos y una decena de profesores del centro público. El caso se cerró porque el Tribunal Supremo dictaminó que Pablo Casado no debía ser investigado por lo penal, pese a hallar indicios de trato de favor en la concesión de su máster. Esa decisión del alto tribunal provocó que la jueza cerrara el caso para el resto de implicados, no solo para Casado, a pesar de que varios alumnos habían asegurado no haber hecho nada para merecer el título.

Casi un año después, la causa por la supuesta revelación de secretos sigue su curso y ahora incluye a otro investigado más a petición de Fiscalía. En julio de 2018 declaró el profesor al que se atribuye la presunta filtración según una portada de El Mundo y el 7 de septiembre acudieron a declarar ante el juez Raquel Ejerique e Ignacio Escolar, que se negaron a desvelar sus fuentes amparándose en el artículo 20 de la Constitución y pese a las persistentes preguntas de la Fiscalía y la acusación particular.

En su querella, Cifuentes asegura que los periodistas actuaron "cegados" por conseguir "una lucrativa exclusiva" y que en periodismo "no vale todo, como lo demuestra que el resto de periodistas y medios de comunicación no hayan desvelado ningún expediente académico por vías delictivas". La denuncia de la expresidenta alega que los periodistas de eldiario.es "continuaron difamando" con sus artículos y "manipulando una realidad que se tenía que acomodar a la gran calumnia de la falsificación de su título académico".

Cristina Cifuentes está actualmente procesada por instigar a la falsificación del acta del Trabajo Fin de Máster, por el que la Fiscalía le pide tres años y medio de prisión, junto al director del máster, una asesora y una profesora. Fruto de la investigación periodística, ha dimitido como presidenta de la Comunidad de Madrid, como diputada en la Asamblea Regional y ha abandonado sus cargos en el Partido Popular.

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