Dos familiares de una desaparecida declaran por la investigación argentina sobre la represión franquista contra las mujeres

Cuatro mujeres rapadas por los franquistas en Oropesa (Toledo) por ser familiares de republicanos / Fundación Pablo Iglesias

La ampliación de la única causa judicial abierta contra el franquismo, que se lleva a cabo desde Argentina, lleva este miércoles a las descendientes de Margalida Jaume a declarar a un juzgado de Mallorca. La cita se produce por la petición de la jueza María Servini quien decidió el año pasado aceptar abrir seis casos de "agresión sexual, asesinato, aborto forzado y robo de niños" denunciados por Women’s Link.

"Nunca había gozado a una embarazada", dijo uno de los captores de Margalida y su marido en agosto de 1936, según el testimonio de un testigo. Ambos desaparecieron tras cinco días de presuntas torturas. En ese momento ya tenían dos hijos de 8 y 11 años. La hija de Margalida, Francisca, y su nieta Bartolomesa, prestan testimonio en un juzgado de Palma.

La jueza austral decidió extender sus investigaciones sobre los crímenes del régimen del dictador Francisco Franco en octubre de 2018. Women's Link había presentadoseis casos relacionados con la violencia dirigida especialmente contra la mujeres. Esos presuntos delitos específicos suponen la evidencia de la doble represión orquestada por Franco contra la mujer. La dictaruda quiso acabar con el feminismo naciente de la Segunda República y con todas aquellas mujeres que lo representaban. Muchas fueron ejecutadas, torturadas o encarceladas como castigo ejemplarizante. Luego, la dictadura se encargó de activar el ‘sumisa y devota’ que convirtió a la mujer en un sujeto social de segunda clase.

"Para mi y mi familia es muy importante poder contar nuestra historia ante la justicia. Llevamos muchos años esperando este momento y queremos que se investigue qué les sucedió a mi abuela Margalida y a mi abuelo Antoni. Que se localicen sus restos", ha explicado la nieta Bartolomesa. Este mismo caso también ha sido presentado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y su expediente remitido al Estado español para obtener una respuesta, según explica Women's Link.

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19 de junio de 2019 - 10:38 h

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