La Justicia allana el camino para que Sanidad y los laboratorios revelen los precios de los medicamentos más caros
En el tercer trimestre de 2020, la farmacéutica Gilead ingresó 828 millones de euros por la venta de remdesivir. La compañía había desarrollado este antiviral para combatir el ébola pero, con la llegada de la pandemia por SARS-CoV-2, se descubrió que también era efectivo para los pacientes con covid-19 que requerían oxígeno. Durante los tres últimos meses de ese año, sus ganancias por este medicamento, bajo la marca comercial Veklury, se dispararon más de un 220%, hasta los 1.838 millones, a medida que la crisis sanitaria seguía haciendo estragos en el planeta.
Estas son las cuentas brutas, pero, aunque inicialmente afirmó que costaría 2.000 euros por paciente en los países que lo autorizasen, la farmacéutica negocia sus condiciones económicas con cada administración. En España, Gilead y el Ministerio de Sanidad se han preocupado de que nadie más conozca el desembolso de dinero público invertido en este tratamiento, pero una sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid, perteneciente a la Audiencia Nacional, les ha puesto contra las cuerdas: salvo recurso, deberán decir cuánto se ha pagado por cada vial de este tratamiento, que se prolonga entre tres y 10 días.
La Comisión Interministerial de Precios y de Medicamentos y Productos Sanitarios emite notas informativas en las que establece el precio máximo que se puede llegar a pagar por un medicamento, pero no el que paga realmente. En el caso del remdesivir, este tope está en los 460 euros por unidad. Pero la negativa de Sanidad y los laboratorios a desvelar el coste final viene de lejos y afecta también a otros medicamentos. En los últimos años, esta posición se ha dado de bruces con el Consejo de Trasparencia y con los tribunales en varias ocasiones.
Sanidad asume los argumentos de las farmacéuticas
En 2022, la campaña 'No es Sano', organizada por Salud por Derecho y la OCU con el objetivo de garantizar un acceso universal y transparente a los medicamentos, reclamó a través de Transparencia conocer los precios de una decena de nuevos medicamentos y su impacto en el presupuesto. Sanidad se negó a darlos, alegando que eran confidenciales y asumiendo los mismos argumentos que las farmacéuticas. Las entidades recurrieron al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con dos casos concretos: el propio remdesivir y lanadelumab, un fármaco huérfano desarrollado por Takeda para el angiodema hereditario, una enfermedad rara y grave de origen genético, con un precio máximo de 14.166 euros.
"El conocimiento del consumo o precio de un determinado medicamento supera con mucho el particular del laboratorio para que no se ofrezca dicha información sobre la base de su simple interés particular"
Este organismo les dio la razón, pero el ministerio y las empresas recurrieron ambos casos, alegando que “la ruptura de la confidencialidad implicaría una pérdida de capacidad negociadora y competitiva en precios, que conllevaría un perjuicio para el interés público” y “un perjuicio irreparable a nuestro sistema sanitario”. A falta de la decisión de los tribunales sobre el lanadelumab, el juzgado que se ha pronunciado ya sobre el remdesivir ha desestimado el recurso, al hacer suyo el argumento de la sala de la Audiencia Nacional, que ya dijo en abril de 2022 que “el conocimiento del consumo o precio de un determinado medicamento supera con mucho el particular del laboratorio para que no se ofrezca dicha información sobre la base de su simple interés particular”.
En aquella ocasión, Gilead había recurrido a esta instancia para tratar de evitar tener que informar sobre la evolución del número de envases y el coste de Truvada, que se utiliza para tratar la infección por VIH, entre los años 2000 y 2017.
“Nuestra valoración es muy positiva y el juez viene a darnos la razón, tanto a las organizaciones que hemos sido codemandantes en este proceso como al Consejo de la Transparencia. Lo que viene a decir es que, efectivamente, el interés público está por encima de los intereses comerciales y que, en cualquier caso, la información que se estaba requiriendo es el precio real del fármaco y el impacto presupuestario, no va, en absoluto, contra los intereses de la compañía”, señala la directora de Salud por Derecho, Vanessa López, que explica que “son varias las sentencias que se han pronunciado en este sentido y, aunque es un grano de arena en la montaña, supone una contribución que va en la línea de ir eliminado capas de opacidad a todo lo que tiene que ver con la política farmacéutica, donde hay una falta de transparencia notable”.
Pese a que desde la organización Salud por Derecho esperan que la nueva ministra, Mónica García, cambie la línea seguida por la administración hasta ahora, fuentes de su departamento señalan que aún se está valorando si recurren la decisión del juzgado sobre el remdesivir. Pero el fármaco contra la covid-19 no ha sido el único varapalo de la industria, avalada por Sanidad, en este sentido. La organización protransparencia Civio tiene tres procesos en marcha en la misma línea. Uno, el de yescarta, de Gilead para adultos con dos tipos de linfoma, está pendiente, pero en otros dos de ellos ha obtenido el respaldo de la justicia.
El juzgado central de lo Contencioso-Administrativo número 9 y el número 4 de Madrid dieron la razón a Civio en el caso de luxturna, para pacientes con distrofia hereditaria que afecta a la retina, y de zolgensma, para niños con atrofia muscular espinal, ambos de Novartis. En el primero, recurrieron la decisión el ministerio y el laboratorio. En el segundo, solo la farmacéutica. Pese a las sentencias a favor, el paso definitivo en una u otra dirección se dará si, tras una decisión de la sala de la Audiencia Nacional, alguna de las partes decide recurrir al Tribunal Supremo, algo que no ha ocurrido todavía.
"Si los costes reales de investigación, desarrollo y producción y del peso de las inversiones públicas para desarrollar un fármaco fueran transparentes, habría un escenario en el que los precios serán más ajustados, más justos y de mayor acceso"
Contra el argumento que Sanidad ha mantenido hasta ahora de que desvelar el precio perjudicaría al Estado en la negociación con las empresas, López considera que “si tuviéramos transparencia en cuanto a los costes reales de investigación, desarrollo y producción y del peso de las inversiones públicas para desarrollar un fármaco, estaríamos en un escenario en el que los precios serán más ajustados a esos costes, más justos y de mayor acceso”. “Ese sería el ideal, pero el sistema, poco transparente en toda su cadena, es lo que ha venido manteniendo esa tendencia a precios más elevados de fármacos desde hace décadas”, señala.
Desde el año 2017, la Organización Mundial de la Salud (OMS) organiza, de la mano de diferentes Gobiernos, un foro mundial sobre precios justos y acceso a los medicamentos, en el que suele abogar por la transparencia. Precisamente, aquel mismo año elaboró un informe en el que señalaba que el costo de producción de la mayoría de medicamentos esenciales era una pequeña fracción del precio final que pagan los gobiernos, los pacientes y las aseguradoras. Dos años después, según indicaba la organización, “hubo consenso en los países pueden dar un paso inicial hacia el fomento de una mayor transparencia compartiendo información sobre los precios”.
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