Las medidas antidesahucios del Gobierno ignoran a las familias que no pueden pagar el alquiler
Las medidas de protección del Gobierno se olvidan de las familias que son desahuciadas por no poder pagar el alquiler. El último informe de Amnistía Internacional, “La crisis de la vivienda no ha terminado”, señala el abandono institucional que sufren estos inquilinos, que concentran el 56% de los desahucios de 2016 y sin embargo están cada vez más desprotegidos.
El estudio de la organización detalla cómo las sucesivas reformas jurídicas han “liberalizado el sector de la vivienda en alquiler y acelarado el proceso judicial” para sacar a las familias de sus casas. Entre ellas, la de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que recorta las posibilidades del inquilino de alegar durante el proceso, acorta a la mitad el tiempo con el que debe avisar el arrendador al arrendatario de que va a demandarle y reduce el plazo (de un mes a 10 días) que tienen las familias para pagar lo que deben o responder a la demanda.
Estos cambios redundan, dice Amnistía, en una mayor desprotección de las familias que se encuentran en situación precaria y se producen en paralelo a la adopción de medidas paliativas por parte del Gobierno para los deudores hipotecarios, como la moratoria, ampliada hace unas semanas, o el Código de Buenas Prácticas Bancarias, que permite la reestructuración de la deuda o la dación en pago pero siempre que los bancos accedan.
Afectan especialmente a los núcleos monoparentales, que viven en mayor porcentaje en alquiler que otro tipo de familias (un 28,1% no tiene propiedad frente al 15,6% del resto) y cuyo índice medio de exposición a la pobreza es 15 puntos superior, un 37,5%. Dentro de las monoparentales, las formadas por una mujer y sus hijos (el 83%) son especialmente vulnerables, resalta la organización.
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, además, no obliga al tribunal a examinar la proporcionalidad de un desahucio teniendo en cuenta la situación en la que están las personas que viven en la casa, ni a valorar la desigualdad material entre el arrendador y el inquilino.
“La evaluación es necesaria para prevenir la indiscriminación indirecta de las mujeres (con más trabajos a tiempo parcial y más carga de cuidados) y tiene una importancia fundamental cuando hay menores”, dice el informe, centrado en la situación de Madrid y Cataluña, las comunidades que concentraron el 34% de los desahucios de viviendas de alquiler el año pasado. Un juez de Barcelona con el que ha contado la organización para hacer este estudio asegura que cuando reciben la demanda de desahucio, no tienen “ni idea de quién vive ahí”.
España no ha elaborado un censo detallado de las personas que han sido desahuciadas desde el inicio de la crisis, pese a la petición expresa de la ONU de evaluar el impacto de las medidas de austeridad. Los datos públicos disponibles solo reflejan la distribución territorial de estos desalojos, “pero no hay información sobre el número de personas afectadas: no se sabe cuántas de ellas son hombres, mujeres, menores, personas adultas, víctimas de violencia de género, personas extranjeras o de otros grupos”, denuncia Amnistía.
Desprotección de las víctimas de violencia machista
El informe llama la atención sobre la situación de desprotección de las víctimas de violencia de género que solicitan una vivienda social en Madrid. En esta comunidad, la administración exige a las mujeres una sentencia condenatoria o una orden de protección, lo que supone a la vista de los datos que la mayoría de ellas no puede acceder.
“La realidad es que el acceso a una vivienda social es una promesa incumplida para las mujeres víctimas de violencia de género en Madrid. De todas aquellas que dieron un paso adelante y denunciaron la violencia ante los tribunales, el 49,2% vio inadmitida o rechazada su solicitud y, por tanto, no obtuvo acceso prioritario a una vivienda social”, ha señalado Koldo Casla, investigador de AI y autor del informe. “El acceso a la vivienda no debería depender de que estas mujeres presentaran cargos, y menos aún de que consiguieran la orden de protección, algo que no está en sus manos”, ha añadido.
En el estudio se recoge otra situación excepcional que se da en Madrid y es el escenario que ha dejado la venta de más de 4.000 viviendas públicas, del IVIMA y la EMVS, a fondos buitre en 2013. Los inquilinos, como ha quedado acreditado, no fueron avisados del cambio de manos ni tampoco de las subidas de los alquileres en algunos de sus contratos, con el resultado, dado que son poblaciones vulnerables, del desahucio de varias familias.
Según datos del informe, de todos los estados de la OCDE España es el que tiene la peor relación entre el precio de la vivienda y los ingresos, y es el país de la Unión Europea donde más ha subido el gasto particular en vivienda, pasando de representar el 17,4% del gasto total de los hogares en 2005 al 23,0% en 2015.
A la vez, el gasto público general de España en “vivienda y servicios comunitarios” fue del 0,50% del PIB en 2014, un porcentaje inferior al de mayoría de la OCDE. En Francia, por ejemplo, es del 1,44%. Estas cifras entroncan, además, con el ínfimo parque público de viviendas que tiene España: solo un 2% de las viviendas en comparación con el 32% de Países Bajos, el 18% en Reuno Unido o el 17% en Francia.
