Esther, condenada a pasar cuatro meses en la cárcel por robar ropa
El pasado 5 de enero, Esther Gabarre, madrileña de 40 años, viuda y con cuatro hijas -de entre 12 y 20 años-, sabía que los Reyes Magos no iban a pasar por su casa. Así que salió a la calle a buscar los regalos por su cuenta. Pero no tenía nada en la cartera. Tampoco en la nevera. “Me da vergüenza, pero es lo que hay, lo hago solamente cuando me hace mucha falta, cuando mis hijas necesitan algo, porque no tengo a quién acudir y es muy duro, porque mis hijas tienen que comer”. Esther, que es vecina del barrio de Manoteras, en el distrito de Hortaleza de Madrid, se trasladó a un centro comercial de Getafe, entró en un probador con varias prendas y se metió en el bolso todo lo que pudo. Algunas con la intención de revenderlas después. Otras para que en casa hubiera algún regalo al día siguiente.
“Para una madre es duro no tener ni unos calcetines para dárselos en Reyes, pero eso es lo de menos, la necesidad es la alimentación, tener comida para darle a tus hijas, porque yo entiendo que hacer eso no está bien, pero no me queda otra”. A la salida del probador esperaba una dependienta, que llamó al vigilante de seguridad, y éste llamó a la Policía. Esther no llegó al barrio para ver la cabalgata, porque pasó la tarde detenida en comisaría. Las prendas tenían un valor a la venta de 428 euros. Un importe que convertía su intentona de hurto en un delito por apenas 28 euros. La ley distingue entre robos de más de 400 euros y de menos de 400.
El carbón llegó el 7 de enero, cuando Esther acudió al juzgado de instrucción número seis de Getafe tras ser denunciada por los responsables de la tienda. Ante el ministerio fiscal aceptó los hechos y, aconsejada por su abogado de oficio, dio su conformidad a una condena de cuatro meses de prisión. “El abogado me dijo que podría cumplirla en régimen abierto”. Pero tras visitar el Centro de Inserción Social Victoria Kent de Madrid, según relata Esther, descubrió que no tenía esa posibilidad. El fallo la ordena ingresar en prisión el próximo 22 de enero si no prospera la petición de indulto que su nuevo abogado presentará este martes, y que ya cuenta con el respaldo de más de un millar de firmas tras la urgente movilización de diversos colectivos sociales.
Cuatro hijas y cuatro años en paro
“La vía judicial se ha acabado. Solicitamos el indulto porque consideramos que ha habido un situación en la que la ley se excede así misma por las circunstancias de Esther, que es un caso muy sangrante”, explica su abogado Daniel Amelang. “La norma en el código penal dice que la pena por un hurto es de prisión, aunque la condena se puede sustituir por una multa siempre que no tengas antecedentes”, añade. Pero Esther, como ella misma reconoce, ha robado en más ocasiones prendas para revenderlas, y en el último año y medio ha acumulado varios antecedentes de hurtos. Por eso ahora entrará en la cárcel, porque tiene condenas previas.
Hace un lustro, ella, su marido y las cuatro niñas sufrieron el desahucio de la vivienda familiar, en el humilde barrio de la UVA de Hortaleza, tras el fallecimiento de su suegra, que era la titular de la minúscula casa de 40 metros cuadrados propiedad del IVIMA. El organismo de la vivienda pública de la Comunidad de Madrid no les concedió la subrogación.
“Decían que éramos okupas, y nos sacaron a la calle”. Un año después, Esther se quedó sin trabajo. “Limpiaba casas, oficinas, portales, lo que salía”. Y, al siguiente, su marido falleció prematuramente por una enfermedad respiratoria. Pero el padre de sus cuatro hijas no era legalmente su marido, porque nunca se casaron. Así que Esther se quedó sola, sin prestación ni pensión de viudedad.
Dice estar “harta de echar currículums” y poner carteles con su número de teléfono. “Soy gitana, y aunque no pasa en todos los sitios, a veces me llaman para una entrevista y cuando me ven, por más que me arregle, no me cogen”. Sus hijas, de 20, 18, 14 y 12 años, viven de la Renta Mínima de Inserción (REMI). “500 euros para cinco personas, y a veces no nos llega”, explica Esther.
Tras el desahucio de hace cinco años entró a formar parte de la Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras (OFIAM), una red vecinal que asesora a familias con problemas laborales y de vivienda, donde colabora activamente. De ahí surgió el pasado viernes una campaña difundida en las redes sociales con la etiqueta #NosQuiereRobarAEsther para recoger firmas que respalden la petición de indulto que se presentará al ministro de Justicia, Rafael Catalá.
“El miércoles pediremos también en el juzgado que se suspenda la entrada a prisión hasta que se resuelva el indulto”, según su abogado. Si el Ministerio de Justicia admite a trámite la petición de indulto, Esther podría esperar hasta dos años a que la petición de indulto llegue a la mesa de un Consejo de Ministros. “Por lo que todo dependerá de si el juzgado que la condenó suspende a no el ingreso en prisión”, añade el letrado.
Una respuesta negativa obligaría a Esther a entrar en la cárcel el próximo viernes. “Que por 400 euros me vayan a meter cuatro meses en la cárcel, cuando hay gente que se está llevando a sacos el dinero de todo el mundo... Pero así va la vida”, dice la mujer en un desahogo.
