Ómicron resucita las dudas sobre la utilidad del pasaporte COVID en España

El pasaporte COVID, la medida más popular para contener la sexta ola en España, empieza a perder fuelle. El Gobierno de Cantabria ha anunciado que no prorrogará la exigencia de mostrar un certificado de vacunación para entrar en la hostelería porque “ya no cumple con el objetivo” de reducir la transmisión del virus y todo apunta a que Catalunya, que acaba de confirmar el fin del toque de queda, seguirá la misma senda. El Comité Técnico valora en estos días su utilidad, aunque la directora general de Salud Pública del Govern, Carmen Cabezas, ha avanzado que tiene poco sentido con ómicron.

Los expertos de Sanidad consideran que el pasaporte COVID no sirve para reducir los contagios en España

Saber más

Ambas administraciones vinculan la decisión con la irrupción de la nueva variante que contagia con más facilidad y esquiva mejor la vacuna. Su condición de dominante en España ha vuelto a reactivar el debate dormido de si es realmente útil, incluso entre los técnicos de comunidades convencidas, como Catalunya. Hay muchas dudas sobre el efecto que el pasaporte COVID –cuya implantación no fue sencilla por las reservas de los tribunales– ha tenido sobre el curso de la pandemia en el último mes, aunque muchas comunidades están prorrogando su uso al menos hasta el 31 de enero aludiendo a su impacto indirecto como estímulo de la vacunación.

Solo cuatro territorios en España se abstuvieron de usarlo (Extremadura, Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha) y la evolución de sus curvas de incidencia acumulada no es más aguda que las de las comunidades que adoptaron la herramienta. De hecho, todos los gobiernos regionales del norte de España, donde más ha impactado la sexta ola, apostaron por la medida.

“Es difícil de valorar cuál ha sido su impacto teniendo en cuenta que la ola ha sido súper explosiva, pero parece que el patrón de expansión ha sido el mismo que otras veces, con unas comunidades muy afectadas primero al norte y después el centro”, sostiene el epidemiólogo Pedro Gullón, que considera que desde el principio “tenía poco sentido para cortar la transmisión”. “Ahora, con la alta circulación y la capacidad de generar infecciones leves que tiene ómicron sobre personas vacunadas, menos aún”, remata.

“A nivel de incidencia mucho efecto no ha tenido porque no lo podía tener. Puede reducir un poquito la transmisión pero el hecho de ser vacunado no significa que no puedas ser caso o portador”, apunta, por su parte, la investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, Anna Llupià.

Lo cierto es que la herramienta nunca contó con buena aceptación técnica en España. La Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta, un órgano dependiente del Ministerio de Sanidad y formado por técnicos y expertos de las comunidades autónomas, desmontó su utilidad en un informe a finales de noviembre. Sostenía que no había evidencia sobre su capacidad para reducir la transmisión y que podía generar una sensación de “falsa seguridad” y conducir a la relajación de las medidas de prevención en interiores.

Antoni Trilla, jefe de servicio de Medicina Preventiva del hospital Clínic de Barcelona, forma parte del Comité Técnico que asesora al Govern y recomendó implantar el pasaporte. “En el momento que se usó por primera vez era una situación que frente a delta las vacunas protegían más del contagio. La variante ómicron introduce la variable de contagiarnos si estamos vacunados, pero hay que tener en cuenta que una persona bien vacunada contagia y se contagia menos”, considera Trilla, que, pese a que se muestra convencido de que “ha sido y es útil”, admite que su eficacia para controlar la transmisión no es sencilla de medir.

La discusión en el caso de Catalunya pivota ahora sobre “el balance riesgo-beneficio” de la medida. “Si vale la pena montar los controles”, que empiezan a decaer en comunidades como Euskadi, para el resultado que puede tener con una variante mucho más contagiosa. Trilla, en conversación con elDiario.es, avanza que la postura de los expertos está más dirigida a “retirarlo que a reforzarlo, aunque no probablemente en todos los casos”. “Hay que recordar que es una medida aceptada para viajar en muchísimos países y creo que podría ser útil mantenerlo en el ocio nocturno, por ejemplo, donde hay más riesgo”, añade.

Incentivo para vacunarse

La medida fue abrazada por los gobiernos autonómicos hace un mes y medio como un modo de evitar restricciones más severas, como la limitación de los aforos y los horarios de la hostelería. Se topó en varias ocasiones con el freno de los tribunales y con los límites de los sistemas informáticos, saturados con las descargas. Los jueces marcaron que debía estar delimitada en el espacio y en el tiempo para poder restringir derechos fundamentales. El Ministerio de Sanidad se mostró al principio reticente con la medida y rehusó facilitar un paraguas nacional a las comunidades autónomas para allanar el camino con la justicia pero finalmente asumió que era “un camino abierto”.

El pasaporte COVID ha generado división de opiniones sobre su efectividad. Pero sí hay más consenso sobre la función de la herramienta como incentivo de la vacunación. Las subidas en primeras dosis se pueden ver en el gráfico de arriba: son más pronunciadas en Cantabria, Euskadi, Navarra o Catalunya.

“Es posible que haya animado a vacunarse de forma circunstancial” a personas que no lo habían hecho hasta el momento y que por primera vez vieron limitados algunos de sus derechos por este hecho, apunta la investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).

En la misma línea, la directora de Salud Pública del Govern, Carmen Cabezas, asegura que “sirvió para que el porcentaje de jóvenes con primeras dosis aumentase” –el crecimiento llegó al 64% durante los primeros días– y para “concienciar sobre la discordancia entre lo que pasa en los centros de salud y en los bares”. No ha tenido una valoración clara, sin embargo, sobre su impacto en la transmisión del virus. Gullón limita este efecto solo a los primeros días desde su puesta en marcha, no a largo plazo.

¿Herramienta temporal o para quedarse?

La ventana de implantación, al menos en Cantabria y Catalunya, ha sido breve. Habrá que esperar unas semanas para confirmar en España si se trata de una herramienta temporal empujada por el último ascenso de contagios o es una medida que llegó para arraigarse, como está pasando en países europeos como Francia, en vigor desde el verano y más estricta desde esta semana.

¿Por qué se da tal diferencia? Los expertos consultados lo vinculan con el alto nivel vacunal de nuestro país y la menor adherencia a la vacuna en los países del entorno, donde hay mayor margen para que fructifique ese efecto. En Francia, Alemania e Italia la tasa de vacunación creció un 13%, un 6,2% y un 9,7% tras la implantación del pasaporte COVID, respectivamente, según un estudio elaborado por investigadores de Bruegel, un think tank con sede en Bruselas.

La investigación abre el análisis sobre la efectividad a la esfera económica y concluye que, de no haberse tomado esta medida sanitaria, el PIB de los tres países habría sido más bajo al cierre del año. Un 0,6% en el caso de Francia, un 0,5% en Italia y un 0,3% en Alemania.

El pasaporte COVID, la medida más popular para contener la sexta ola en España, empieza a perder fuelle. El Gobierno de Cantabria ha anunciado que no prorrogará la exigencia de mostrar un certificado de vacunación para entrar en la hostelería porque “ya no cumple con el objetivo” de reducir la transmisión del virus y todo apunta a que Catalunya, que acaba de confirmar el fin del toque de queda, seguirá la misma senda. El Comité Técnico valora en estos días su utilidad, aunque la directora general de Salud Pública del Govern, Carmen Cabezas, ha avanzado que tiene poco sentido con ómicron.

Los expertos de Sanidad consideran que el pasaporte COVID no sirve para reducir los contagios en España

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Ambas administraciones vinculan la decisión con la irrupción de la nueva variante que contagia con más facilidad y esquiva mejor la vacuna. Su condición de dominante en España ha vuelto a reactivar el debate dormido de si es realmente útil, incluso entre los técnicos de comunidades convencidas, como Catalunya. Hay muchas dudas sobre el efecto que el pasaporte COVID –cuya implantación no fue sencilla por las reservas de los tribunales– ha tenido sobre el curso de la pandemia en el último mes, aunque muchas comunidades están prorrogando su uso al menos hasta el 31 de enero aludiendo a su impacto indirecto como estímulo de la vacunación.

Solo cuatro territorios en España se abstuvieron de usarlo (Extremadura, Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha) y la evolución de sus curvas de incidencia acumulada no es más aguda que las de las comunidades que adoptaron la herramienta. De hecho, todos los gobiernos regionales del norte de España, donde más ha impactado la sexta ola, apostaron por la medida.

“Es difícil de valorar cuál ha sido su impacto teniendo en cuenta que la ola ha sido súper explosiva, pero parece que el patrón de expansión ha sido el mismo que otras veces, con unas comunidades muy afectadas primero al norte y después el centro”, sostiene el epidemiólogo Pedro Gullón, que considera que desde el principio “tenía poco sentido para cortar la transmisión”. “Ahora, con la alta circulación y la capacidad de generar infecciones leves que tiene ómicron sobre personas vacunadas, menos aún”, remata.

“A nivel de incidencia mucho efecto no ha tenido porque no lo podía tener. Puede reducir un poquito la transmisión pero el hecho de ser vacunado no significa que no puedas ser caso o portador”, apunta, por su parte, la investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, Anna Llupià.

Lo cierto es que la herramienta nunca contó con buena aceptación técnica en España. La Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta, un órgano dependiente del Ministerio de Sanidad y formado por técnicos y expertos de las comunidades autónomas, desmontó su utilidad en un informe a finales de noviembre. Sostenía que no había evidencia sobre su capacidad para reducir la transmisión y que podía generar una sensación de “falsa seguridad” y conducir a la relajación de las medidas de prevención en interiores.

Antoni Trilla, jefe de servicio de Medicina Preventiva del hospital Clínic de Barcelona, forma parte del Comité Técnico que asesora al Govern y recomendó implantar el pasaporte. “En el momento que se usó por primera vez era una situación que frente a delta las vacunas protegían más del contagio. La variante ómicron introduce la variable de contagiarnos si estamos vacunados, pero hay que tener en cuenta que una persona bien vacunada contagia y se contagia menos”, considera Trilla, que, pese a que se muestra convencido de que “ha sido y es útil”, admite que su eficacia para controlar la transmisión no es sencilla de medir.

La discusión en el caso de Catalunya pivota ahora sobre “el balance riesgo-beneficio” de la medida. “Si vale la pena montar los controles”, que empiezan a decaer en comunidades como Euskadi, para el resultado que puede tener con una variante mucho más contagiosa. Trilla, en conversación con elDiario.es, avanza que la postura de los expertos está más dirigida a “retirarlo que a reforzarlo, aunque no probablemente en todos los casos”. “Hay que recordar que es una medida aceptada para viajar en muchísimos países y creo que podría ser útil mantenerlo en el ocio nocturno, por ejemplo, donde hay más riesgo”, añade.

Incentivo para vacunarse

La medida fue abrazada por los gobiernos autonómicos hace un mes y medio como un modo de evitar restricciones más severas, como la limitación de los aforos y los horarios de la hostelería. Se topó en varias ocasiones con el freno de los tribunales y con los límites de los sistemas informáticos, saturados con las descargas. Los jueces marcaron que debía estar delimitada en el espacio y en el tiempo para poder restringir derechos fundamentales. El Ministerio de Sanidad se mostró al principio reticente con la medida y rehusó facilitar un paraguas nacional a las comunidades autónomas para allanar el camino con la justicia pero finalmente asumió que era “un camino abierto”.

El pasaporte COVID ha generado división de opiniones sobre su efectividad. Pero sí hay más consenso sobre la función de la herramienta como incentivo de la vacunación. Las subidas en primeras dosis se pueden ver en el gráfico de arriba: son más pronunciadas en Cantabria, Euskadi, Navarra o Catalunya.

“Es posible que haya animado a vacunarse de forma circunstancial” a personas que no lo habían hecho hasta el momento y que por primera vez vieron limitados algunos de sus derechos por este hecho, apunta la investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).

En la misma línea, la directora de Salud Pública del Govern, Carmen Cabezas, asegura que “sirvió para que el porcentaje de jóvenes con primeras dosis aumentase” –el crecimiento llegó al 64% durante los primeros días– y para “concienciar sobre la discordancia entre lo que pasa en los centros de salud y en los bares”. No ha tenido una valoración clara, sin embargo, sobre su impacto en la transmisión del virus. Gullón limita este efecto solo a los primeros días desde su puesta en marcha, no a largo plazo.

¿Herramienta temporal o para quedarse?

La ventana de implantación, al menos en Cantabria y Catalunya, ha sido breve. Habrá que esperar unas semanas para confirmar en España si se trata de una herramienta temporal empujada por el último ascenso de contagios o es una medida que llegó para arraigarse, como está pasando en países europeos como Francia, en vigor desde el verano y más estricta desde esta semana.

¿Por qué se da tal diferencia? Los expertos consultados lo vinculan con el alto nivel vacunal de nuestro país y la menor adherencia a la vacuna en los países del entorno, donde hay mayor margen para que fructifique ese efecto. En Francia, Alemania e Italia la tasa de vacunación creció un 13%, un 6,2% y un 9,7% tras la implantación del pasaporte COVID, respectivamente, según un estudio elaborado por investigadores de Bruegel, un think tank con sede en Bruselas.

La investigación abre el análisis sobre la efectividad a la esfera económica y concluye que, de no haberse tomado esta medida sanitaria, el PIB de los tres países habría sido más bajo al cierre del año. Un 0,6% en el caso de Francia, un 0,5% en Italia y un 0,3% en Alemania.

El pasaporte COVID, la medida más popular para contener la sexta ola en España, empieza a perder fuelle. El Gobierno de Cantabria ha anunciado que no prorrogará la exigencia de mostrar un certificado de vacunación para entrar en la hostelería porque “ya no cumple con el objetivo” de reducir la transmisión del virus y todo apunta a que Catalunya, que acaba de confirmar el fin del toque de queda, seguirá la misma senda. El Comité Técnico valora en estos días su utilidad, aunque la directora general de Salud Pública del Govern, Carmen Cabezas, ha avanzado que tiene poco sentido con ómicron.

Los expertos de Sanidad consideran que el pasaporte COVID no sirve para reducir los contagios en España

Saber más

Ambas administraciones vinculan la decisión con la irrupción de la nueva variante que contagia con más facilidad y esquiva mejor la vacuna. Su condición de dominante en España ha vuelto a reactivar el debate dormido de si es realmente útil, incluso entre los técnicos de comunidades convencidas, como Catalunya. Hay muchas dudas sobre el efecto que el pasaporte COVID –cuya implantación no fue sencilla por las reservas de los tribunales– ha tenido sobre el curso de la pandemia en el último mes, aunque muchas comunidades están prorrogando su uso al menos hasta el 31 de enero aludiendo a su impacto indirecto como estímulo de la vacunación.