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El Parlamento Europeo exige nuevos estudios sobre el impacto del gasoducto y del almacén de gas en Doñana

Protesta de activistas de Greenpeace junto al proyecto de gas en Doñana.

Andrés Gil / Raúl Rejón

Corresponsal en Bruselas —

Europa juzgará a España por una década de expolio del agua de Doñana Medio ambiente. La denuncia llegó en 2010 y, tras dos avisos oficiales, llega a los jueces por haberse mantenido “el desvío de grandes cantidades de agua para la agricultura”: pozos ilegales y 3.000 hectáreas sin permisos han dejado el acuífero en mal estado y las lluvias no reponen lo que se extrae.

En efecto, la Comisión Europea acusa a España de no proteger adecuadamente Doñana, y por ello ha decidido ante el Tribunal Europeo la desprotección del humedal, corazón de este parque nacional gestionado por la Junta de Andalucía, ante la sobrexplotación de su acuífero para satisfacer las demandas del regadío y el turismo.

El Ejecutivo comunitario considera que no se están tomando medidas para proteger las masas de agua subterránea que alimentan Doñana, espacio declarado Patrimonio de la Humanidad. “El desvío de grandes cantidades de agua tanto para la agricultura como para las necesidades de los turistas locales está deprimiendo la capa freática”, ha descrito el Ejecutivo comunitario. El mal estado del acuífero está documentado por los propios informes del Gobierno. La disputa entre protección ambiental y la creciente industria del regadío –a base de fincas dedicadas al cultivo de fresas y frutos rojo– de gran rentabilidad ha terminado en la Corte europea.

Pero no sólo eso.

En septiembre pasado, un grupo de eurodiputados de la Comisión de Peticiones participó en una misión de investigación al espacio protegido para determinar el riesgo del almacén de gas y la sobreexplotación del acuífero –la delegación estudió el proyecto de Gas Natural para construir un gasoducto y un sitio de almacenamiento de gas en Doñana, compuesto por cuatro subproyectos: Aznalcázar, Marismas Oriental, Marismas Occidental y Saladillo–. Y ya está redactado un informe preliminar, al que ha accedido eldiario.es. Las conclusiones se debatirán en la Comisión de Peticiones el 20 de febrero y el texto definitivo se aprobará a mediados de marzo, tras el periodo de enmiendas. 

El documento ha puesto su atención en el proyecto gasístico planeado alrededor del parque nacional. Una de las amenazas que la Unesco incluyó en la lista de peligros sobre el entorno natural y sobre el que el Instituto Geológico Minero concluyó en un informe en 2017 que presentaba “peligro” por riesgos de inundación.

La delegación estaba compuesta por el eurodiputado eslovaco  Pal Csáky (Partido Popular Europeo) y el griego Miltiados Kyrkos (S&D). También participarán los eurodiputados españoles  Rosa Estarás (PPE),  Soledad Cabezón (S&D), Marina Albiol (IU-GUE) y Florent Marcellesi (Equo-Verdes).

Estudio 'in situ'

La misión se reunió con la administración y con organizaciones que cuestionaron el hecho de que no se haya realizado un estudio adecuado sobre las consecuencias y los efectos de los cuatro proyectos sobre el medio ambiente y, en particular, sobre los sitios de la red Natura 2000, ecosistemas con especial protección por parte de la UE. La delegación también recibió quejas en relación con que los estudios de sismicidad en el área del proyecto se habían realizado con retraso y no se habían tenido en cuenta en el momento de la evaluación de impacto ambiental.

Así, el informe establece, en sus conclusiones preliminares sobre las implicaciones del proyecto de gas en Doñana, que para preservar un ecosistema único, y teniendo en cuenta el principio de precaución, “sería necesario un estudio integrado complementario de los cuatro proyectos de gas, incluyendo la evaluación sísmica para completar el análisis necesario de los efectos del proyecto en su conjunto”.

“El informe es aún un borrador”, afirma la eurodiputada Marina Albiol, “y vamos a trabajar junto a las organizaciones ecologistas para presentar de aquí a marzo una serie de enmiendas centradas en conseguir unas recomendaciones más ambiciosas, con medidas urgentes de actuación, que estén a la altura de la necesidad actual de protección y recuperación que necesita el Parque. Doñana es agua, pero no es esta la única amenaza. Celebramos que el borrador recoja varias demandas básicas respecto al proyecto que busca convertir el subsuelo del parque en un gigantesco almacén de gas”.

En ese sentido, la delegación también pide a la Comisión Europea que vigile “de cerca la situación en Doñana”, y a las autoridades españolas, “un plan de acción integral para la recuperación del acuífero, para cerrar los pozos ilegales y para detener de inmediato la extracción de agua existente y la extracción ilegal. El expolio del agua subterránea de la que se nutre el humedal ha hecho que el Gobierno decida declarar el acuífero sobreexplotado en la Junta de Gobierno de Doñana del próximo 21 de febrero. Eso permitirá, según ha especificado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ejercer un mayor control en la gestión del recurso. Un problema que ha generado un ambiente de amenazas por parte de los agricultores sin derechos de uso –agropiratas– para continuar con ese expolio.

El informe también pide que se asignen “más fondos” de la UE para promover actividades alternativas sostenibles en la zona; una purificación adecuada y una vigilancia continua del agua que fluye hacia Doñana, una gestión científica y técnica del agua.

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