Preguntas sin respuesta y un proceso casi clandestino: cómo fui expulsada de la sanidad pública para abortar

En septiembre de 2023 estaba embarazada por segunda vez. En la ecografía de la semana 12 los médicos detectaron que algo no iba bien y que estaba gestando un bebé no sano. Con enorme tristeza y dolor, mi pareja y yo decidimos ese mismo día interrumpir el embarazo.

Al día siguiente, en el mismo Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, donde seguía mi embarazo, me hicieron una biopsia de la placenta para un estudio genético que confirmara el diagnóstico. Preguntamos a la ginecóloga por el procedimiento para solicitar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), pero nos informó de que ni en ese hospital ni en ninguno de la Comunidad de Madrid se practican, que todas se derivan a la sanidad privada con la que las comunidades conciertan el servicio. Pedimos entonces más información: ¿Qué clínicas son? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué tipo de intervención es? No supo contestar a ninguna las preguntas, nos dijo que no nos preocupáramos, que todo saldría bien. ¿Igual de bien que el embarazo?, pregunto. Silencio.

Una semana después, el estudio de genética confirma el diagnóstico y en una nueva cita en la consulta de ginecología del Hospital Puerta de Hierro, pedimos interrumpir el embarazo. Dos ginecólogas firman el informe necesario para solicitar a la Consejería de Sanidad la IVE. Este informe es un formulario completado y firmado a mano cuya única copia se entrega al paciente y del cual el hospital no guarda copia (aunque sí queda reflejado en el historial que se ha entregado). De nuevo pedimos la misma información sobre la IVE, obteniendo la misma respuesta. Pregunto si debo agendar una cita en ginecología después para controlar que todo esté bien puesto que querré intentar quedarme embarazada de nuevo. Me dicen que el protocolo no lo contempla. Que me acerque al centro de salud y la pida. Solamente nos facilitan el número de teléfono en el que tenemos que pedir cita.

Llamamos desde la sala de espera del mismo hospital. Nos contestan con un simple “sí, dígame” y pregunto si estoy hablando con la oficina responsable de las solicitudes de IVE de la Consejería de Sanidad. Después de confirmar, nos dicen que nos acerquemos esa misma mañana. Solamente es necesario llevar el informe firmado y mi DNI. Nada más.

Acudimos a la oficina en la calle Sagasta 6 de Madrid, donde aparentemente están los servicios de Recursos Humanos, según leemos en varios carteles. Solo un folio pegado en una pared con las siglas “IVE” y una flecha confirman que no nos hemos equivocado. Parece que nos quieren esconder. Que no se vea ni se sepa que las mujeres en Madrid abortamos. Nos registramos y pasamos a la sala de espera que en septiembre de 2023 sigue montada según el protocolo covid con sillas separadas por 1,5m. Parece que nadie allí se ha planteado que las mujeres que acuden pueden ir acompañadas y necesitan que alguien les coja la mano. La sala, como todo lo que hemos visto del edificio, es oscura y vieja. Congelada en 1980. Solo un cartel de “Derivadas de hospitales, esperen a ser llamadas” como decoración.

Cuando nos llaman, pasamos a un despacho minúsculo con una pantalla transparente que nos separa de la funcionaria que nos atiende (ahí la covid también sigue presente). Trasladamos nuestro malestar por haber sido expulsados del sistema público de sanidad para interrumpir el embarazo. La funcionaria nos dice que nos entiende pero que es así. Que todo va a ir muy bien. Que es verdad que nuestro caso es comprensible, no como cuando “las mujeres utilizan el aborto como método anticonceptivo y van allí varias veces”. Esta funcionaria debe pensar que es un proceso muy agradable y que por eso las mujeres deciden ir a verla y meterse en un quirófano de tanto en tanto. Creo que esta persona no es la más adecuada para estar en ese puesto, pero es que tampoco la Consejería de Sanidad se ha preocupado de formarla o de buscar a alguien mejor capacitado.

Nos indica que nos va a dar el listado de clínicas dónde podemos interrumpir el embarazo. Nos muestra un plano de metro cuyo aspecto da cuenta de su uso intensivo. Tres paradas de metro están marcadas con un subrayador fosforito. La funcionaria nos dice: “son tres, esta en Francos Rodríguez, esta otra en Tetuán y esta última en Hortaleza. ¿Dónde queréis?”. Perplejos, preguntamos: “¿Cómo podemos elegir? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra?”. La funcionaria nos dice que son todas iguales, que trabajan más o menos igual y que lo suyo es elegir la que nos pille más cerca de casa. Increíble. Eso no es elegir.

Finalmente, siguiendo el criterio de la funcionaria, llama a la clínica más cercana a nuestro domicilio. Pide una cita lo antes posible, según le indicamos. Mi pareja le dice que tengo alergia a un medicamento para que lo traslade. No hay más preguntas. “Mañana a las 9, en ayunas de 8 horas”. Mete en un sobre el informe firmado por las dos ginecólogas. Le pedimos una copia. Nos dice que “no lo necesitamos para nada”. Le digo que da igual, que quiero una copia. Finalmente accede. Del estado de nervios recuerdo que tengo una enfermedad reumática y que tengo un tratamiento de inmunosupresores. Se lo indico a la funcionaria que lo escribe a mano en el sobre y subraya en rosa “para que lo vean bien en la clínica”, nos dice. De nuevo pregunto qué me van a hacer. No lo sabe. El único detalle que nos da es en qué consiste el ayuno. Esto es lo único que no necesito aclarar.

Son las 3 de la tarde, en menos de 24 horas tengo cita en una clínica que no conozco, que desconoce mi historial médico, no sé qué van a hacerme, por qué tengo que ir en ayunas. ¿Voy a pasar por un quirófano? ¿Qué pasa si algo va mal? ¿Allí me podrán atender? ¿Me podrían hacer una transfusión de sangre? ¿Cómo van a saber mi grupo sanguíneo? ¿Si hay alguna complicación grave, están en disposición de trasladarme de urgencia a un hospital?

Una semana después de abortar acudo a mi médico de cabecera para solicitar que me derive a ginecología para revisar que todo está bien porque deseo intentar quedarme embarazada de nuevo. Me dice, una vez más, que eso no entra dentro de los protocolos y se niega.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y sus hospitales públicos expulsan del sistema a las mujeres que, atendiéndose a su derecho, según la ley del aborto española, desean interrumpir su embarazo. El sistema público cubre el proceso mientras todo va bien, pero cuando el embarazo ya no va bien expulsa a la mujer. Sorprende aún más en el caso del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, que presume de su certificación de la IHAN (Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia).

El trámite burocrático es humillante, señalador y sobre todo innecesario (yo misma podía haber llamado para pedir cita en la clínica). En un despacho de la Consejería de Sanidad, casi escondido y sin identificar, da la sensación de que algo malo e incluso ilegal se hace ahí. La falta de información por parte de las ginecólogas y funcionarios contribuye a ahondar en el malestar emocional y, sobre todo, en el miedo de la paciente. Es algo especialmente sorprendente por parte del personal sanitario. ¿De verdad no saben cuál es el proceso? ¿Cómo es posible que no conozcan el proceso al que envían a sus pacientes? Sería de agradecer que la misma objeción de conciencia que alegan para no practicar abortos la utilizaran para no hacer pasar por esto a sus pacientes.