“No queremos a un dictador en la Almudena, ni en Madrid”
Como cada jueves desde hace nueve años, Julián Rebollo se reúne en la madrileña Puerta del Sol en defensa la memoria histórica. Forma parte de la Plataforma contra la Impunidad y en su protesta semanal se reúne con otros compañeros y compañeras para “recordar las historias de nuestros familiares asesinados durante la guerra y el franquismo”. Cuenta que su tío murió en el campo de concentración nazi de Mauthausen, “después de ser expatriado por Franco” y otro de sus familiares fue desaparecido en Madrid durante la guerra civil española. Pero este jueves, la convocatoria ha sido “más especial” y multitudinaria que de costumbre, ya que han encabezado un recorrido hasta la catedral de la Almudena con un mensaje claro, que el propio Julián lanzó con altavoz en mano y que se ha repetido en numerosas ocasiones durante la protesta: “no queremos a un dictador en la Almudena, ni en Madrid”. Refiriéndose así a la propuesta de la familia Franco de enterrar sus restos en la catedral, una vez exhumados del Valle de los Caídos y que además pretende que sean trasladados con honores.
Una opción que Julián define como “una vergüenza y humillación a los 120 mil españoles enterrados en fosas comunes” y que está despertando un profundo rechazo en buena parte de la sociedad. Como muestra de ello, en la tarde del jueves se han podido oír gritos como “la iglesia corrompida recoge al genocida”, “Franco criminal, ni Valle ni Almudena” o “Ni olvido ni perdón. Verdad, justicia, reparación”, así como el histórico lema antifascista de “No pasarán”.
Isabel, una mujer de 84 años, caminaba entre los manifestantes con el retrato de su tío Aurelio Campo, fusilado en Reinosa en septiembre de 1937. Ella también es una habitual en ‘los jueves por la memoria histórica’, pero esta vez se mostraba “completamente emocionada” por la asistencia y “el apoyo de la gente”. Y es que, según la estimación de las organizaciones convocantes, seis mil personas han salido a la calle para mostrar su repulsa al traslado del dictador Franco a la catedral.
La presencia de jóvenes también se ha hecho notar. Isabel García y Diego Martínez, de 24 y 26 años respectivamente, se han sumado a la manifestación. El joven se queja de que, “en pleno siglo XXI, se permita que un dictador, como fue Franco, pueda estar enterrado en una catedral y se le entierre con honores”. Mientras que su compañera añade que esta opción “facilita que se le rinda culto”. Pero para que esto no suceda, han salido a protestar.
Durante la marcha, que ha transcurrido desde Sol hasta la Almudena, pasando por la calle Arenal y el Palacio de Oriente -otro lugar simbólico de exaltación durante la dictadura-, no se ha desencadenado ningún altercado, pero la movilización sí ha acaparado la atención y respaldo de algunos turistas. Como es el caso de una familia que viaja desde Colombia y que, tras descubrir el motivo de la protesta, confesaban que, aunque la Catedral sea un edificio de interés turístico, “nunca” visitarían el templo, “en caso de que el dictador estuviera enterrado ahí”.
Al cierre de la manifestación, frente a la catedral y custodiados por un cordón policial, los organizadores han anunciado futuras convocatorias, como la del próximo 18 de noviembre en el Valle y el 1 de diciembre en Madrid. Además, han comunicado que en los próximos días enviarán una carta a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, así como al arzobispo Osoro.
Un documento que ya han hecho llegar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En la misiva, firmada por 80 asociaciones civiles y colectivos por la memoria histórica, solicitan al gobierno que “tome medidas necesarias para que Franco no sea enterrado en la catedral de la Almudena tras su salida del Valle del Cuelgamuros”. Al mismo tiempo denuncian que, “una democracia no puede honrar a un dictador” y advierten que, tanto el templo madrileño como la capital, “se convertirán en un centro de peregrinación de los nostálgicos del franquismo y de los fascismos europeos” y “cómo respuesta, en un lugar de movilización antifascista”. Lo cual, subrayan, “tendría consecuencias enormemente negativas para la imagen de Madrid y para la convivencia de los vecinos y vecinas de la ciudad, y de sus visitantes”.
