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Salir fuera de España para abortar: el periplo de interrumpir el embarazo más allá de la semana 22

El Aeropuerto de La Palma, en una foto de archivo.

Marta Borraz

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Cruzar la frontera para abortar. Es lo que hizo Sandra hace unos meses para interrumpir su embarazo a las 32 semanas de gestación debido a la malformación grave e incurable que padecía el feto. El avión aterrizó en Bruselas y al día siguiente entraba junto a su novio por la puerta del Centro Hospitalario Universitario Brugmann, que había aceptado su caso. En España, fue evaluado por dos comités clínicos de dos comunidades autónomas diferentes: una le denegó el aborto, la otra finalmente lo aceptó, pero para entonces ya tenía los billetes, el hotel y todo preparado en la capital belga. “Te sientes un poco como una criminal”, cuenta la mujer, que prefiere utilizar un nombre ficticio.

La reforma de la Ley del Aborto aprobada por el Congreso y que va camino al Senado ha puesto el foco en el funcionamiento de los comités clínicos, que son los encargados de revisar y autorizar o no los abortos más allá de la semana 22. La intervención es posible en estos casos siempre que se detecte una anomalía fetal “incompatible con la vida” o una enfermedad “extremadamente grave e incurable”, que deben confirmar los comités. Hay uno por cada comunidad y están formados por dos ginecólogos o expertos en diagnóstico prenatal y un pediatra.

Así es como lo establece la ley de 2010, aprobada por el Gobierno de Zapatero. Ahora, la norma impulsada por el Ministerio de Igualdad que la modifica salió en su momento del Consejo de Ministros sin hacer mención a estos comités, pero los grupos han acordado vía enmiendas dos cuestiones actualmente no contempladas: que entre sus integrantes no pueda haber profesionales objetores de conciencia y que, si deniegan el aborto, las mujeres puedan acudir a la vía judicial, si bien el texto no estipula, de momento, que deba ser un proceso urgente. Cuantitativamente este tipo de abortos son muy minoritarios –el 0,18% del total–, pero son de gran complejidad e impacto.

Las cosas empezaron a ir mal para Sandra ya desde la ecografía de la semana 20. En ella vieron que el feto no se movía, pero desde Ginecología le tranquilizaron. Dos semanas después, seguía igual, por lo que las advertencias ya apuntaban a algún problema genético. Comenzó entonces un periplo de pruebas, incertidumbre y angustia que se alargó durante dos meses y medio. “Nos dijeron que la decisión de interrumpir el embarazo, si queríamos hacerlo, ya no dependería de nosotros. Ese mismo fin de semana nos pusimos a buscar información en Internet sobre los comités”, afirma.

Pasaban las semanas y no daban con la alteración, se necesitaban pruebas más exhaustivas. Según cuenta Sandra, la información médica que iba recibiendo de Genética y Ginecología era contradictoria. En medio de “aquella tortura” dio con la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos y, con su ayuda, activó el comité clínico de su comunidad y el de Catalunya e inició también el proceso en Bruselas. La respuesta de estos dos últimos fue negativa, pero cuando llegaron nuevos resultados, Bruselas dijo que sí. El feto tenía acinesia, que es la incapacidad para moverse y responder a estímulos. Para Catalunya seguía siendo no concluyente porque aún faltaba parte de la prueba y del comité de su comunidad, que prefiere no revelar, no sabía nada aunque habían pasado los diez días que estipula la ley para resolver.

Con la respuesta afirmativa del CHU Brugmann, Sandra no dudó y emprendió el viaje con su familia. El mismo día que cogió el avión, tuvo noticias del comité de su autonomía. No de manera formal, pero sí vía uno de los ginecólogos que lo integran y que atiende en el hospital. “Nos dijo que nos iban a aceptar el caso, que aunque no había resultado final, era una cuenta atrás. Pasaron de hacer depender todo de una prueba que al final dio igual porque no estaba completa. Yo ya me había tenido que buscar la vida porque se me echaba el tiempo encima y nadie me daba ninguna posibilidad”, lamenta.

En este comité sí, en este no

La Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos de Catalunya acompaña a mujeres de todo el territorio y de forma gratuita que se encuentran en situaciones como la de Sandra. Con orientación, información, atención psicológica y ayuda para solicitar la evaluación por parte de los comités. Intentan agotar todos los recursos en España, pero si no, exploran la opción del extranjero. “Nos encontramos con muchas mujeres que no saben cómo actuar, cómo activar el comité y, en ocasiones, ni siquiera conocen su existencia. En cada comunidad se solicita de una manera y es muy complicado saber cuál es el circuito”, sostiene Jordi Baroja, técnico de la asociación.

Inglaterra, Francia y, sobre todo, Bélgica, son los países a los que españolas que no pueden abortar aquí, acaban recurriendo. Teresa Cos, jefa del departamento de medicina fetal del CHU Brugmann, asegura que cada año acuden a su hospital “unas 200 mujeres extranjeras” de las que “unas 60” son españolas. “No somos un centro de aborto, somos un hospital universitario y público”, recalca la ginecóloga. “Tenemos la misma ley que en España, aunque aquí el comité actúa a partir de la semana 14, pero la diferencia es que aquí la interpretamos bien. Pasan más casos, pero cuando no lo vemos claro, no lo hacemos. La cuestión es que aquí no hay objetores de conciencia”, afirma Cos.

En España, según las voces expertas consultadas, se da “una disparidad grande de criterios” entre comunidades, explica Baroja. Una misma malformación puede ser aceptada en una y no en otra, como le ocurrió a Sandra. “¿Quién acaba decidiendo que una patología es extremadamente grave? Sabemos que hay comités especialmente difíciles y más restrictivos y otros menos. Incluso que a las mujeres, de buena fe, se les desincentiva a subir determinados casos al comité porque saben que no va a pasar”, asegura el experto, que celebra que los objetores al aborto no vayan a poder integrar estos comités.

El ginecólogo del Hospital Sant Bernabé, Pau Nicolau, apunta a que incluso “desde la buena praxis”, las decisiones “pueden estar sujetas a criterios subjetivos” porque “no existe una lista clara de patologías extremadamente graves”. Esto desemboca en que “ante un mismo hallazgo ecográfico, incluso genético, debido al amplio abanico de posibles afectaciones post natales, se acepten o denieguen interrupciones según el comité y territorio”. Por ello, para el ginecólogo es importante “aunque solo fuera por un tema de equidad”, intentar llegar a un consenso y “evitar recurrir al turismo abortivo tan frecuente en otras épocas”.

La nueva ley se queda corta

Los expertos creen que una opción podría ser explorar la posibilidad de que, en la decisión, entren en juego también las circunstancias psicológicas y sociales de las mujeres. Lo defiende Baroja, para el que “la extrema gravedad de un caso también viene condicionada por la capacidad para gestionarlo o sostenerlo”, mientras que Nicolau baraja la opción de que los comités estén también formados por psicólogos u otros agentes sociales con el objetivo de “asegurarnos de que la decisión se toma desde el punto de vista más holístico”. El experto cree, además, que “ayudaría” que la composición, renovación y toma de decisiones de estos órganos “fueran más públicas y accesibles”.

Sin embargo, coinciden en que la futura reforma del aborto no hace cambios de calado en este sentido. A la enmienda de los objetores también se ha unido la que posibilita a las mujeres acudir a los tribunales, pero por el camino quedan, de momento, algunas otras propuestas de Unidas Podemos y ERC. Ambos grupos piden incluir en la norma que los comités deban dar un “argumento racional” cuando deniegan un aborto, ya que actualmente no justifican la decisión, y que sea posible también interrumpir el embarazo con “sospecha diagnóstica” de malformación, ya que hay algunas que no llegan a confirmarse al cien por cien.

La inmensa mayoría de las mujeres que llegan a las clínicas acreditadas a interrumpir su embarazo de más de 22 semanas tienen una experiencia similar. Lo ve de cerca Sonia Lamas, portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) y trabajadora de Dator, en Madrid. “Acuden cuando el comité sí les ha autorizado la intervención, pero en la mayoría de ocasiones vienen dejando atrás un largo e intenso periplo. Nos trasladan que nadie les orienta y pocas veces les dicen que pueden activar más de un comité al mismo tiempo o que pueden elegir a uno de los tres especialistas que lo conforman, por ejemplo, el que les haya hecho el seguimiento”, afirma.

Por consejo de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos fue algo que Sandra intentó en su comunidad autónoma cuando solicitó la evaluación de su caso por parte del comité clínico. “Las personas de registro del hospital, donde se tramita, casi no sabían ni qué papel era, pero además me denegaron la posibilidad de que alguien me representara. Les enseñé el artículo en el que se contempla, pero no hubo manera”, lamenta la mujer.

La falta de acompañamiento

“Hay una enorme falta de información. Las propias mujeres para nada lo viven como un proceso de acompañamiento. Y es especialmente importante en estos casos porque el impacto emocional es enorme. Son embarazos deseados y es un golpe muy duro”, resume Lamas, que también pone el foco en aquellas que se ven obligadas a desplazarse de provincia porque en las suyas los hospitales no llevan a cabo estos abortos y no hay clínicas con las que la administración pueda concertar el servicio.

Es, precisamente, la falta de información y de acompañamiento lo que Sandra recuerda peor. “Nadie se sentó conmigo para decirme 'esto es lo que pasa, estas son las posibilidades'... Entiendo que los diagnósticos pueden ser no concluyentes y haya que esperar, pero te tratan como una embarazada más, eso sí, a la que nadie habla claro. Estás en la sala de espera al lado de otra chica que está mirando carritos de bebé y tú no sabes si tienes que comprarlo o no. Te sientes desamparada”, transmite la mujer

En Bruselas se sintió “muy bien, dentro de lo horrible del proceso”. Las mujeres españolas que acuden a la capital belga a abortar deben abonar en concepto de gastos hospitalarios 150 euros, el resto lo cubre la Unión Europea, pero sí corren de su cuenta los traslados y el alojamiento. Hace un par de meses que Sandra y su pareja volvieron a cruzar la frontera, esta vez para recoger las cenizas. “Las tengo en mi habitación porque es mi hija”. Según cuenta Teresa Cos, la ginecóloga del centro, las guardan durante dos años y en el momento que lo deseen, pueden ir a recogerlas.

“Sientes que estás haciendo algo mal porque al final eres tú la que abres el comité”, añade Sandra sobre el proceso. “Es algo que no se dice abiertamente. En mi trabajo poca gente lo sabe, les he dicho que tuve un aborto espontáneo porque parece que estás obligada si no a dar muchas explicaciones”. Los abortos más allá de la semana 22 son “el tabú del tabú”, resume Baroja, para el que las mujeres que abortan, de por sí, ya cargan con estigma y “mucho más si el embarazo es más avanzado”, lo que ha dejado estas intervenciones en un agujero oscuro, desconocido para la sociedad, al que pocas veces se le pone luz.

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