Las normas que sancionan la prostitución empeoran las condiciones de vida de las mujeres

Multadas por ejercer la prostitución en el espacio público. Ocurre en muchas ciudades españolas que en los últimos años han aprobado ordenanzas municipales que prohíben la prostitución callejera. A ellas se ha sumado la Ley de Seguridad Ciudadana de julio de 2015, conocida como 'Ley Mordaza', que también se ha utilizado para sancionar a las mujeres. El resultado, con la aplicación de esta norma a nivel estatal, es el mismo en todas partes: Mujeres sujetas a la presión policial y a la criminalización por ejercer la prostitución.

Las ordenanzas se reparten por la geografía española con distinto ánimo. Algunos ayuntamientos, como el de Granada, Murcia o Alcalá de Henares (Madrid), multan a clientes y a prostitutas y otros, como el de Sevilla, solo lo hacen con ellos.

“Se prohíbe el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirectamente de servicios sexuales retribuidos en el espacio público de la ciudad”, esgrime la norma del municipio madrileño, que contempla sanciones de hasta 3.000 euros dependiendo de si se hace en lugares cercanos a zonas residenciales, centros educativos o espacios “de especial concurrencia”.

Las leyes que sancionan la prostitución han vuelto a colarse en el debate público después de que el PSOE de Madrid haya presentado una ordenanza que pretende multar a los demandantes y que también incluye alternativas laborales para las mujeres. Aunque el Ayuntamiento ya ha enviado instrucciones a la Policía Municipal para que investigue los anuncios de prostitución que se distribuyen en la calle, los grupos municipales están estudiando la propuesta socialista.

Pero, ¿cómo afectan a las mujeres las leyes que las sancionan? “Las normas que son fudamentalmente punitivas y sancionadoras acaban generándoles a ellas mayor vulnerabilidad y exclusión”, dice Martina Kaplún, educadora social de la Fundación Cruz Blanca. Estas leyes “no las protegen, les generan más problemas que beneficios y realmente no acaban con la prostitución, que se supone que es el objetivo de las medidas, sino que la trasladan a otro sitio”.

Esta es una de las principales conclusiones a las que llegan las organizaciones que trabajan en la calle con las prostitutas: “La prostitución se va a lugares más aislados, de los centros urbanos a pisos, locales o espacios apartados en los que las mujeres están en una situación de mayor vulnerabilidad. Por otro lado, es mucho más difícil localizarlas para poder ofrecerles ayuda”, prosigue Kaplún.

Lo mismo opina el grupo de investigación Antígona, de la Universidad de Barcelona, que ha elaborado un estudio sobre cómo afectan las ordenanzas a las mujeres. Las conclusiones arrojan que estas normas contribuyen a empeorar las condiciones de vida de las propias prostitutas y merman sus derechos. “Por un lado está el peso económico de las multas sobre ellas, pero además clandestiniza la actividad y les resta capacidad para ejercer sus derechos. ¿Cómo van a pedir ayuda o a denunciar agresiones a las personas que las están multando?”, se pregunta Paula Arce, una de las integrantes del grupo.

¿Y las multas a clientes?

Hay consenso en el movimiento feminista sobre la oposición a las ordenanzas que multan a las prostitutas, pero ¿tienen el mismo impacto las que solo sancionan a clientes? El ejemplo más paradigmático es el de Sevilla, donde la norma municipal pretende abrir una nueva vía de sanciones “a uno de los elementos necesarios para la existencia de la prostitución, que aparece, hasta ahora, como elemento sin responsabilidad: el cliente”, reza el texto. Es decir, multa la demanda de prostitución, pero “nunca el ofrecimiento por parte de la víctima”.

Para la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos a Mujeres hay una clara diferencia entre sancionar a las mujeres y a los clientes. “La prostitución es responsabilidad de los hombres y estas ordenanzas ponen el foco y el reproche en ellos, que vulneran los derechos humanos de las mujeres en situación de prostitución. Ellas están abocadas a esta situación por causas económicas, sociales...y porque existe una desigualdad estructural entre hombres y mujeres”, dice Sara Vicente, responsable del programa de prostitución de la Comisión.

“El efecto es el mismo que si nos multaran a nosotras”, dice Ninfa, prostituta en Madrid, cuando es preguntada sobre las consecuencias de multar a clientes. Esta trabajadora sexual incide en que “realmente lo que conlleva es que nuestro trabajo sea más precario”. Y explica: “La multa al cliente le está quitando también poder a la trabajadora porque él va a querer negociar más rápido y en lugares más apartados y menos visibles para eludir las sanciones, con lo que eso repercute en nosotras”, dice.

Eso mismo ha denunciado Médicos del Mundo en Valencia, donde la entrada en vigor de la ordenanza (que de enero a junio de este año ha levantado 11 actas a clientes, según datos de la Policía), ha generado la reducción de la prostitución en la calle, pero un incremento en la misma proporción en pisos clandestinos y clubes, donde según la entidad, aumenta la desprotección de las mujeres y la vulnerabilidad a la violencia psicológica y física.

Pero la apreciación sobre los efectos de las multas al cliente es diferente entre unas organizaciones y otras: “Creemos que es una manera de reducir la demanda”, prosigue Vicente, de la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos a Mujeres. En el otro lado, el colectivo Hetaira, que se define como pro-derechos y asegura que sancionar al cliente es “menos gravoso económicamente, pero los efectos para ellas son iguales: merma su capacidad de negociación y evidentemente dificulta que puedan seguir adelante con su trabajo de manera óptima”, incide Mamen Briz.

Superar el marco prohibicionista

Ninfa ha tenido suerte, pero tiene muchas compañeras a las que la Policía les ha aplicado la 'Ley Mordaza' para sancionarlas, a veces por desobediencia a la autoridad, otras por realizar una “exhibición obscena del cuerpo desnudo y de las partes más íntimas”, según rezan los expedientes. La Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo (AFEMTRAS) ha denunciado en varias ocasiones que esta ley fomenta “los abusos policiales”.

Por eso, algunos grupos de investigación piden superar el marco prohibicionista, que ha demostrado “no ser efectivo”, según el estudio de 2013 Políticas criminalizadoras de la prostitución en España, elaborado por dos penalistas de la Universidad de Lleída y la Rovira y Virgili de Tarragona. Esta escasa efectividad se debe a que su objetivo fundamental, prosigue el informe, es “barrer” a las trabajadoras sexuales de las calles y “hacen más precarias aún las condiciones del ejercicio de la actividad”.

Otro de los efectos que tiene la presión policial sobre las mujeres es que dificultan que las mujeres denuncien agresiones o delitos porque “los riesgos a los que se exponen aumentan, entre ellos, la exposición al control de proxenetas o tratantes”, dice Kaplún. En este sentido, Arce inciden en que en Barcelona –donde un acuerdo con la alcaldesa Ada Colau ha logrado paralizar las multas– “hemos detectado que mujeres en situación de trata acumulaban enormes deudas económicas”.

A partir de este diagnóstico, las soluciones propuestas por algunas organizaciones pasan por desarrollar normas que “no sean paternalistas y resten su autonomía, sino que garanticen y protejan los derechos de las mujeres”, dice Arce. “Nosotros en la Fundación Cruz Blanca –que se declara abolicionista– entendemos que hay que abordar la demanda porque es una pata fundamental del sistema prostitucional, pero desde otro lugar. Las normas que solo tienen una visión punitiva no son adecuadas desde el enfoque de derechos humanos”, concluye Kaplún.