Satisfacción a medias tras la sentencia europea por Doñana: “Podríamos despedirnos del humedal”

La sentencia de la Justicia europea por el expolio del agua en Doñana es histórica, pero insuficiente. Organizaciones ecologistas se pronuncian sobre el fallo conocido este jueves por el que se resuelve, después de diez años, que España no ha protegido el espacio natural de Doñana y que ha incumplido la normativa europea del agua.

Para los grupos WWF y Ecologistas en Acción, la solución al deterioro del Parque pasa por acabar con los cultivos de regadío intensivo ubicados en “zonas sensibles” y cercanas a la reserva, muchos de ellos ilegales, que sustraen las aguas del paraje natural.

“Estas sentencias no son nunca positivas porque uno nunca quiere llegar hasta ahí”, explica Juanjo Carmona, abogado de WWF, la organización que presentó la primera denuncia ante la Comisión Europea. Para ellos, lo ideal hubiese sido que el Estado “conservara Doñana adecuadamente y así no dañar su imagen”. Según afirma Carmona, esta decisión “obligará al Gobierno y a la Junta de Andalucía a tomar las medidas que de manera voluntaria no han querido tomar”.

Asimismo, Carmona lamenta que se haya tenido que llegar hasta este punto porque “no somos capaces de conservar un espacio como este”. El abogado asegura que estos procesos legales suelen ser lentos y que el Tribunal, en estos casos, no pone multas en las primeras sentencias, sino que conmina a los estados a cumplir con los reglamentos europeos.

Por su parte, Juan Romero, de Ecologistas en Acción de Huelva, califica la resolución de “insuficiente y parcial” porque “no ha tenido en cuenta los elementos históricos de degradación de la marisma durante, al menos, 40 años”. Para la organización, el Tribunal de Justicia “solo ha escuchado las soluciones del Estado español, la Confederación Hidrográfica y el Parque”.

Soluciones como un trasvase de la cuenca del Guadiana, que “pueden satisfacer la demanda agrícola”, pero no arreglarían el problema de Doñana, que “seguiría seca”. Esto se debe a “la cantidad de regadíos y transformaciones que se están haciendo en Huelva” gracias a una “cierta permisividad” de las autoridades españolas que ha conducido a la situación actual.

Desde Ecologistas lo tienen claro: “Lo que hay que hacer es quitar regadío que esté en zonas sensibles de Doñana y reubicarlo compensando a los agricultores”, explica Romero, así como “rebajar el volumen de extracción de agua subterránea y declarar el acuífero en su totalidad como reserva fluvial”.

Actualmente, se están extrayendo del acuífero más de 105 hectómetros cúbicos de agua al año para la agricultura industrial. “Son niveles absolutamente insostenibles”, dice el ambientalista teniendo en cuenta que la recomendación de los expertos era no exceder los 30 hectómetros cúbicos anuales. Además, se calcula que hay 1.600 hectáreas de cultivos ilegales que extraen el agua de la reserva, lo que conlleva un “deterioro de los hábitats y una nula nidificación de especies”, según expone Romero.

El siguiente paso será “repartir quién tiene que hacer qué”, porque las competencias de los espacios naturales son de la Junta, pero las del agua son nacionales. En este sentido, la Confederación Hidrográfica ha emitido un informe esta semana por el que se confirma que Doñana lleva nueve años sin lluvias por encima de la media. Es decir, casi una década en la que los años han sido normales o secos. En el documento, además, se contemplaba el empeoramiento de los acuíferos de la zona, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo.

Una extinción progresiva

La Sociedad Española de Ornitología, SEO/BirdLife, le da la bienvenida al fallo porque, según explica Roberto González, “la justicia da la razón a todos los agentes que durante años han estado denunciando esta situación y las medidas que se han tomado”. Para el grupo, el Tribunal certifica lo que consideran “hechos obvios”, validados por ecologistas y por la comunidad académica y científica.

De esta manera, para SEO/BirdLife “se demuestra que España incumple las directivas comunitarias de aguas y de conservación de hábitats”, un hecho que se ha denunciado en varias ocasiones y para el que se esperan medidas efectivas. “Es un proceso de extinción”, denuncia González, pero se “pierde el punto de partida” porque esta degradación del espacio natural es progresiva: “ya no existe la reserva que era Doñana cuando se declaró Parque Natural”.

Respecto a las medidas propuestas, desde la organización consideran que están “alejadas” de lo que se pretende conseguir en la normativa, “la aportación de sostenibilidad a la funcionalidad de los ecosistemas, y que eso repercuta en la economía de manera positiva, no al revés”. Según explica González, ya “ni siquiera” solicitan revertir la situación de hace una década, “sino que no se acabe con lo que queda”.

La sobreexplotación daña al estado de las aguas de Doñana, y el Estado “debe hacer una estructuración real en el entorno, esto no se soluciona cerrando pozos ni trayendo agua de otro sitio”, apuntan desde SEO/BirdLife.

Para Ecologistas en Acción la “solución es clara y contundente”, pero si se llevan a cabo medidas “parciales”, la entidad advierte: “podríamos despedirnos del humedal más importante, prestigioso y valioso de Europa”.