El Tribunal Supremo ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la causa abierta contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por corrupción en su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Al dejar de ser diputada en el Congreso para serlo en el Parlament, Borràs ha perdido el fuero ante el Alto Tribunal y ahora lo tiene ante el TSJC, instancia que a partir de ahora asumirá las pesquisas y decidirá si la envía a juicio.
Borràs está investigada por la presunta adjudicación irregular a un amigo de 18 contratos por valor de 259.863 euros cuando dirigía la ILC, unos hechos que, según el Supremo, podrían constituir presuntos delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
La Sindicatura de Comptes, el equivalente autonómico al Tribunal de Cuentas, certificó que Borràs fraccionó los contratos por los que la imputó el Supremo, si bien la presidenta del Parlament niega cualquier irregularidad y vincula la causa con “las cloacas del Estado”.
Escribe Oriol Solé.