“La inversión pública en vacunas se podría usar para hacer las cosas de forma distinta y colaborativa con las farmacéuticas”
En los países ricos, una de cada cuatro personas ha recibido una vacuna contra la COVID-19, de media. En los países pobres, esta proporción es de una de cada 500 o más. La escasez de suministro y el desequilibro en la distribución global han avivado fuertes demandas para acelerar la producción y acabar con la desigualdad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido a las empresas que fabrican vacunas que otorguen licencias a otras compañías, es decir, que las autoricen para que produzcan su producto, y así se aumente la capacidad.
Hace un año, en mayo de 2020, Costa Rica y la OMS pusieron en marcha el mecanismo para favorecer esto, el Acceso Mancomunado a la Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP), que buscaba promover un modelo de ciencia abierta, en el que la concesión de licencias se produciría de forma no exclusiva y transparente para aprovechar la mayor capacidad de fabricación posible. La idea era que esta plataforma permitiera la puesta en común de conocimientos, propiedad intelectual y datos para que los fabricantes cualificados de todo el mundo pudieran producir equipos, fármacos o vacunas sin temor a ser demandados por infringir las patentes. Unos 40 países avalaron públicamente en aquel momento la iniciativa, pocos de ellos europeos (solo Portugal, Bélgica, Holanda y Luxemburgo).
Escribe Icíar Gutiérrez.
