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La Comisión de Justicia del Senado aprueba la reforma que limitará al Poder Judicial en funciones

22 marzo 2021 - 18:37 h
El senador del PP Francisco Bernabé.

La reforma con la que PSOE y Unidas Podemos pretenden restringir la capacidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de nombrar jueces con el mandato caducado, como viene haciendo este órgano desde hace más de dos años, ha sido aprobada este lunes por la Comisión de Justicia del Senado, con lo que ha quedado lista para su aprobación definitiva en el Pleno de la Cámara alta el próximo miércoles. Tras el previsible aval del Senado, sólo quedará pendiente su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que entre en vigor. La ponencia ha sido aprobada por 18 votos a favor y 11 en contra, en una sesión en la que también han sido rechazadas las propuesta de veto de PP y Vox. 

La semana pasada, el texto recibió un amplio respaldo en el Congreso: 196 votos a favor, 150 en contra —los de PP, Vox y Ciudadanos— y una abstención. Desde que en diciembre de 2018 caducó su mandato, el Consejo ha adjudicado 74 puestos clave en la cúpula judicial. Los últimos, el pasado 4 de marzo. Los socios de Gobierno defienden que el objetivo de esta reforma es acabar con un vacío legal, pues actualmente la única competencia que no puede ejercer el CGPJ en funciones es nombrar a un nuevo presidente. Se trata, sostienen, de una “anomalía democrática” que no ocurre con los demás poderes del Estado. 

Las tres derechas, sin embargo, ven en esta modificación legislativa una “injerencia” en la separación de poderes. “Con esta proposición de ley existe una limitación evidente del ejercicio de las funciones constitucionales del CGPJ, razón por la que creemos que hay ataque a la independencia judicial”, ha dicho este lunes el senador del PP Francisco Bernabé, que ha defendido sin éxito las dos enmiendas presentadas por su grupo. El senador socialista José Manuel Fajardo ha rechazado que esa reforma suponga un ataque a la independencia judicial y ha defendido que “se trata simple y llanamente que toda situación excepcional [como es el mandato del CGPJ en funciones] tenga una normativa para regularla”.

Escribe Elena Herrera.

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